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Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó sin cambios la Ley de Amnistía con el voto en contra del PAN, la abstención del PRD y la ausencia del PRI. Pasó al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En medio de reclamos de la oposición por no discutir lo relativo a la pandemia del Covid-19, Morena y sus aliados defendieron la Ley de Amnistía como un llamado urgente de la ONU-DH y un acto de humanidad.
La ley contempla que se otorgue perdón a personas procesadas o con sentencia ante tribunales federales y que sean primo-delincuentes; además, que no hayan cometido delitos graves.
Para otorgar el perdón a través de jueces especializados, que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá nombrar en un máximo de 60 días, la Ley de Amnistía establece que el Presidente de la República deberá integrar una comisión que revise cada caso, pero no especifica la forma en que ésta debe integrarse.
Los delitos que podrían obtener el perdón son: aborto y homicidio en caso de parentesco; producción, transportación y portación de sustancias psicoactivas sin fines de distribución; robo simple y sin violencia y sedición.
Para delitos contra la salud, la nueva ley contempla que la cantidad de sustancia en cuestión no rebase hasta en dos tantos los límites establecidos en la tabla de la Ley General de Salud.
También precisa que sean sujetas de perdón aquellas personas de comunidades indígenas y afromexicanas que no hayan tenido un intérprete o un defensor que conociera su lengua y su cultura durante su proceso penal.
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17.000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176.000 encarcelados.
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, informó que bajo la figura de preliberación se busca dejar en libertad a alrededor de 400 personas que se encuentran en penales federales para evitar contagios por Covid-19, y entre los beneficiados podría estar el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Dijo que se busca que este beneficio sea para personas de la tercera edad que hayan purgado más de 70% de su condena y que no hayan sido condenados por narcotráfico o secuestro.