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Ciudad de México.- Tres secuestros. Tortura. Amenazas de muerte. Campañas de desprestigio. Así “vivió” Gildo Garza por más de una década en uno de los estados más peligroso para ser periodista. Tamaulipas era su casa, pero por poco se convirtió en su posible tumba.
En este lugar, desde hace más de una década, el crimen organizado y el gobierno atacan por igual a los comunicadores.
A mediados de 2017 llegó la última amenaza: “Tienes unas horas para dejar Tamaulipas. Si no, te matamos a tu familia y hasta al perro”.
En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) le dijeron que la agresión venía del estado, pero no podían probarlo. Gildo llevaba varios años denunciando la corrupción que encerraba el gobierno tamaulipeco.
Fue suficiente. Con unas cuantas maletas, abandonó su hogar y se fue a la Ciudad de México con su familia.
Así recurrió a la CNDH. Como él, 640 periodistas tocaron la misma puerta entre 2006 y septiembre de 2018, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por El Universal.
En tres de cada 10 de estas quejas —es decir, 191—, aparece una de las máximas autoridades de procuración de justicia: la Fiscalía General de la República (FGR). Los principales motivos: no integrar de manera adecuada las carpetas de investigación, faltas en el desempeño de sus funciones o prestar indebidamente el servicio público.