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Por mayoría de 111 votos, el Senado aprobó reformas constitucionales en materia de ampliación de los delitos por los cuales podrán ser imputados el Presidente de la República y los diputados federales y senadores.
Las modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Constitución preservan el fuero para los servidores públicos, y señala los delitos por los que podrán ser perseguidos el Presidente y los legisladores federales.
A propuesta de Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, también diputados y senadores serán sujetos de las responsabilidades por delitos graves, como el jefe del Ejecutivo federal.
"Vamos parejo todas y todos, nosotros los senadores y los compañeros de la Cámara de Diputados, que no estamos en raseros distintos", dijo Mancera Espinosa.
El texto vigente establece que "el Presidente de la República, durante el tiempo de su cargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".
La ampliación de supuestos por los que se le podrá imputar al Presidente, que aprobó el pleno senatorial, señala: "traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales".
También remite al catálogo de delitos graves incluidos en reciente reforma en el artículo 19 constitucional, como son "delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud".
Los senadores presentes de los ocho grupos parlamentarios votaron a favor, y el senador Emilio Álvarez Icaza, sin bancada, fijó su posición en contra: Lo que se consigue es "un blindaje del fuero".
Por su parte, los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) enlistaron un voto particular, en el que refieren que la reforma se basó en una iniciativa, la primera de Andrés Manuel López Obrador, enviada al Senado; "no elimina la figura del fuero, ni modifica el régimen de excepción jurídica del que goza el Presidente de la República".
La bancada de Movimiento Ciudadano reclama incluso que en la eliminación del fuero no se incluyó en la preparación del dictamen una minuta del 19 de abril de 2017, de la Cámara de Diputados, ni ocho iniciativas que se han presentado por parte de senadores, desde septiembre pasado.
La iniciativa de López Obrador, del 4 de diciembre pasado, presenta un análisis del fuero y expone que "esta figura se ha convertido en una verdadera excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad ante la ley, volviéndose un elemento que permite la impunidad".
Plantea que "la existencia del fuero constitucional implica que los servidores públicos no podrán ser perseguidos injustamente por el ejercicio de sus funciones, más no serán inmunes a cualquier tipo de procedimiento".
Los senadores incluyeron a los integrantes del Congreso de la Unión, como sujetos a ser imputados por el mismo paquete de delitos que el Presidente de la República. Con ellos se seguirá el procedimiento de que la Cámara de Diputados resuelva si procede que sean juzgados por la autoridad judicial.
En el artículo 111 quedaría señalado que "para proceder contra el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores", que podrá resolver con dos terceras partes de la votación.
A ello, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, dijo: "esto no es eliminar el fuero, es una farsa", y sostuvo que Andrés Manuel López Obrador de ningún modo se despoja del fuero, como ofreció en campaña, pues es impensable que la mayoría sume votos a los 87 necesarios para perseguirlo.
Nuvia Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que su bancada está a favor del dictamen porque "robustece el régimen de responsabilidades y rendición de cuentas del Ejecutivo, diputados y senadores, conforme al catálogo de delitos graves del artículo 19 constitucional". Subrayó que la reforma "no se refiere a eliminar el fuero, sino a ampliar el régimen de responsabilidades".
Índira Rosales San Román, de Acción Nacional (PAN), señaló que "esto no es eliminación del fuero", la iniciativa presidencial, de diciembre pasado, "pide ampliar el catálogo de delitos para abrir juicio de procedencia, lo que beneficia a la transparencia, al combate a la corrupción".
Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, dijo que el alcance de la reforma es "ampliar la exigencia de la ciudadanía para que el Presidente responda por sus conductas", y remarcó que esta propuesta se plantea cuando "el país exige su reconstrucción, la regeneración de la cultura política".
Argumentó que "el recurso del fuero ha sido utilizado como escudo para atropellos, saqueos impunes que logran excepciones jurídicas inadmisibles en esta transformación". Aseguró que "la época del abuso está por culminar, (además de que) el fuero no será impedimento para sustanciar procesos penales contra funcionarios públicos".
En ese sentido, afirmó que "la declaración de procedencia debe mantenerse", y reconoció que "el descontento popular exige ampliar delitos por los cuales ser imputado y juzgado, tanto el Presidente de la República, como los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión".
Nancy de la Sierra Arámburo, del Partido del Trabajo (PT), señaló al pleno que "no estamos discutiendo la eliminación del fuero.
Por su parte, Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, dijo que el proyecto "no transforma el régimen de excepción de los servidores públicos, y no sirve para cumplir con los compromisos asumidos por el Presidente y su partido, en relación a eliminar el fuero y la inmunidad procesal". Informó del voto a favor de su bancada, por su ampliación de responsabilidades.
Salomón Jara Cruz, de Morena, explicó que "el fuero va a seguir cumpliendo su función protectora de instituciones", pero se ha ampliado el catálogo de delitos por los que se puede perseguir al Presidente.