Servidores no ganarán más que el presidente

Diputados aprueban reformas en relación a la remuneración de los funcionarios públicos

Servidores no ganarán más que el presidente

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución sobre remuneración de servidores públicos, a fin de que ningún funcionario pueda percibir un salario mayor al del presidente de la República.

El dictamen, que fue turnado al Senado, establece en un artículo transitorio la creación de un organismo técnico encargado de hacer los estudios para definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos.

El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de este decreto.

La diputada federal Miroslava Carrillo Martínez sustentó el dictamen, al destacar la importancia de las tres iniciativas integradas por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María Chávez Pérez, de Morena, así como la presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez Piña, dijo estar de acuerdo en que "los sueldos de los funcionarios públicos deben ser acordes con la realidad económica del país y conforme a las responsabilidades que desempeñan".

A nombre del PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo consideró que el objetivo de la iniciativa es ampliar la intromisión del Poder Ejecutivo en los otros Poderes de la Unión y en los órganos dotados de autonomía, a través de los límites de las remuneraciones de los servidores públicos.

En su opinión, el dictamen aprobado en comisiones tiene como base el criterio arbitrario y unilateral que fijó el presidente sobre su propia remuneración mensual, por lo que la aprobación representa una validación de esta decisión "arbitraria y falta de objetividad por parte del Poder Ejecutivo".