Sin decidir, remoción del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

CULIACÁN, Sin., agosto 22 (EL UNIVERSAL).- La fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, dijo que aún no se ha decidido, en el juicio instaurado contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, solicitar que sea removido de su cargo.

Señaló que aun cuando en el Código de Procedimientos Penales se contempla esta posibilidad, esa decisión está relacionada en el comportamiento que se tenga en lo procesal, por lo que, en tres meses, se va a reanudar las audiencias de este caso.
Afirmó que la autonomía universitaria no se vulnera por el hecho que un ente, como es la Auditoría Superior del Estado, ejerza sus funciones y competencia de auditar a la institución el manejo de los recursos propios y los que recibe por el estado.
Sara Bruna externó que las autoridades universitarias no pueden impedir en forma arbitraria que la Auditoria Superior del Estado ejerza sus funciones, por lo que este ente presentó una denuncia y la carpeta de investigación de judicializó.
En relación con la larga audiencia que tuvo varios recesos, en la que se vinculó a proceso al rector de la Máxima Casa de Estudios, consideró que se trató de una estrategia en busca de apresurar e intentar que el juez emitiera un resultado favorable para él.
La noche del lunes pasado, en la continuación de una de las audiencias, de nueve denuncias judiciales que pesan sobre el rector Jesús Madueña Molina, el juez de control lo vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad y le dictó medidas cautelares para que no pueda salir del país.
Durante la larga sesión, el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastelum, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, relativa a la carpeta de investigación que se judicializó por la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, por la negativa de las autoridades universitarios a ser auditados.
Según la imputación, en tres ocasiones distintas, personal de la Auditoría Superior del Estado solicitó la documentación del ejercicio fiscal del 2022 a la máxima casa de estudios, a lo que se negaron proporcionar e incluso dar acceso a la institución, bajo el argumento que no tiene facultades para ello, por ejercer recursos públicos federales.