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Hoy no volverán a su casa 10 mexicanos. Tras ser víctimas de la delincuencia, no podrán ver a sus hijos e hijas, su mamá o su papá. Ese es el promedio de desapariciones diarias en nuestro país, mientras las autoridades aún trabajan para consolidar las comisiones estatales de búsqueda que servirán para atender esta situación.
Según la ley general en materia de desaparición, aprobada en 2017, las comisiones de búsqueda serían clave para encontrar a las 74 mil víctimas de ese delito que hay en el país; sin embargo, en la actualidad todavía no operan 100% porque carecen de recursos económicos, personal e inmuebles propios para trabajar.
Un informe del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exhibió las brechas entre las comisiones.
Al mismo tiempo, especialistas consultados por EL UNIVERSAL se mostraron preocupados porque algunas entidades federativas con más desapariciones están rezagadas en la consolidación de estas instituciones.
En su estudio Balance sobre la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda, que analiza a 22 de estas instituciones ya creadas en 2019, el Consejo Ciudadano informó que el año pasado el Estado de México tenía 94 empleados en su comisión, mientras que Sinaloa tenía 20; Chihuahua, 18; Coahuila, 16; Guerrero, 15; Michoacán, siete, y Tamaulipas sólo uno.
El poco personal sería un problema para estos estados, donde han desaparecido entre 2 mil y 11 mil personas, siendo Tamaulipas el lugar más afectado.
Asimismo, el informe del Consejo Ciudadano alerta otro problema: en tres cuartas partes de las comisiones los empleados tienen contratos eventuales, lo cual no les da certeza sobre su futuro laboral y eso les impide realizar sus actividades correctamente.
Otra situación que reveló el informe del Consejo Ciudadano es la disparidad en los recursos económicos. Mientras el estado de Sinaloa declaró haber tenido 644 millones de pesos para buscar desaparecidos en 2019, Baja California Sur dijo que sólo contó con un millón.
"Más de la mitad de las comisiones que estudiamos recibieron sus recursos del gobierno federal y los locales no estaban colocando una cantidad de dinero proporcional, lo que te habla de que hay una clara falta de voluntad política de fortalecer las comisiones de búsqueda", expresó Humberto Guerrero, consejero ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Para el experto, la realidad es que muchas comisiones de búsqueda cumplen con formalidades como ya estar creadas por medio de un documento o tener a su titular; sin embargo, en aspectos puntuales como los recursos económicos, materiales y humanos, estas dependencias no se han terminado de consolidar.
"Se pudo haber hecho más en estos años, la ley general en materia de desaparición se aprobó y después tuvimos un año prácticamente muerto, en el último año de administración de Enrique Peña Nieto se avanzó cero, y después hemos tenido un avance lento por la dependencia a los recursos federales, además de que los estados crearon sus comisiones por el llamado de atención del gobierno federal", comentó el especialista.
En el informe del Consejo Ciudadano se analizaron sólo 22 comisiones porque el resto fueron conformadas apenas este año.
Sobre las nuevas instituciones de reciente creación, Humberto Guerrero informó que también batallan con las mismas carencias para funcionar 100%, aunque esto podría solucionarse conforme pase el tiempo.
De igual forma, el estudio que se retomó en este texto sólo evaluó la estructura de las comisiones, no su efectividad al momento de realizar su trabajo.
Sin inmuebles para operar. Otro factor que pone en aprietos al menos a la tercera parte de las comisiones de búsqueda es no contar con inmuebles propios para realizar sus actividades.
De igual forma, hasta 2019 esa misma cantidad de instituciones no contaba con mobiliario básico, equipo de cómputo, acceso a internet o líneas telefónicas para atender a los familiares de víctimas.
Los especialistas explican que esto ha ocurrido porque las comisiones de búsqueda dependen de otras, como las secretarías de gobierno estatales, por lo cual se ven obligadas a compartir edificios.
Aunque no tener un edificio propio pareciera no relevante, cuando se trata de desaparecidos esto afecta directamente a las familias de las víctimas, quienes no tienen certeza de dónde acudir a buscar ayuda o no tienen un número telefónico para reportar su caso.
Volga Pilar de Pina, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, reconoció las disparidades entre las comisiones y explicó que no importa que en algunos estados tengan un tamaño pequeño, pero hay otras entidades que sí necesitan reforzarlas.
"Hay estados donde la presión de las familias ha generado que esto avance a pasos agigantados (...) no me preocupa que Campeche y Yucatán estén chiquitos porque no tienen un número alarmante de desaparecidos, pero hay otros estados como Guanajuato, donde hay un desastre con desapariciones pasadas y presentes, en los que ya debería haber más avances", dijo.
Para Volga Pilar de Pina y Humberto Guerrero, el actual sexenio podría ser crucial para terminar la consolidación de estas instituciones: por un lado las entidades donde hay más desaparecidos tendrán el reto de dar con el paradero de todas las víctimas, mientras que los estados con menos casos deberán prevenir que sus cifras vayan en aumento.
Según la ley general en materia de desaparición, aprobada en 2017, las comisiones de búsqueda serían clave para encontrar a las 74 mil víctimas de ese delito que hay en el país; sin embargo, en la actualidad todavía no operan 100% porque carecen de recursos económicos, personal e inmuebles propios para trabajar.
Un informe del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda exhibió las brechas entre las comisiones.
Al mismo tiempo, especialistas consultados por EL UNIVERSAL se mostraron preocupados porque algunas entidades federativas con más desapariciones están rezagadas en la consolidación de estas instituciones.
En su estudio Balance sobre la puesta en marcha de las comisiones de búsqueda, que analiza a 22 de estas instituciones ya creadas en 2019, el Consejo Ciudadano informó que el año pasado el Estado de México tenía 94 empleados en su comisión, mientras que Sinaloa tenía 20; Chihuahua, 18; Coahuila, 16; Guerrero, 15; Michoacán, siete, y Tamaulipas sólo uno.
El poco personal sería un problema para estos estados, donde han desaparecido entre 2 mil y 11 mil personas, siendo Tamaulipas el lugar más afectado.
Asimismo, el informe del Consejo Ciudadano alerta otro problema: en tres cuartas partes de las comisiones los empleados tienen contratos eventuales, lo cual no les da certeza sobre su futuro laboral y eso les impide realizar sus actividades correctamente.
Otra situación que reveló el informe del Consejo Ciudadano es la disparidad en los recursos económicos. Mientras el estado de Sinaloa declaró haber tenido 644 millones de pesos para buscar desaparecidos en 2019, Baja California Sur dijo que sólo contó con un millón.
"Más de la mitad de las comisiones que estudiamos recibieron sus recursos del gobierno federal y los locales no estaban colocando una cantidad de dinero proporcional, lo que te habla de que hay una clara falta de voluntad política de fortalecer las comisiones de búsqueda", expresó Humberto Guerrero, consejero ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
Para el experto, la realidad es que muchas comisiones de búsqueda cumplen con formalidades como ya estar creadas por medio de un documento o tener a su titular; sin embargo, en aspectos puntuales como los recursos económicos, materiales y humanos, estas dependencias no se han terminado de consolidar.
"Se pudo haber hecho más en estos años, la ley general en materia de desaparición se aprobó y después tuvimos un año prácticamente muerto, en el último año de administración de Enrique Peña Nieto se avanzó cero, y después hemos tenido un avance lento por la dependencia a los recursos federales, además de que los estados crearon sus comisiones por el llamado de atención del gobierno federal", comentó el especialista.
En el informe del Consejo Ciudadano se analizaron sólo 22 comisiones porque el resto fueron conformadas apenas este año.
Sobre las nuevas instituciones de reciente creación, Humberto Guerrero informó que también batallan con las mismas carencias para funcionar 100%, aunque esto podría solucionarse conforme pase el tiempo.
De igual forma, el estudio que se retomó en este texto sólo evaluó la estructura de las comisiones, no su efectividad al momento de realizar su trabajo.
Sin inmuebles para operar. Otro factor que pone en aprietos al menos a la tercera parte de las comisiones de búsqueda es no contar con inmuebles propios para realizar sus actividades.
De igual forma, hasta 2019 esa misma cantidad de instituciones no contaba con mobiliario básico, equipo de cómputo, acceso a internet o líneas telefónicas para atender a los familiares de víctimas.
Los especialistas explican que esto ha ocurrido porque las comisiones de búsqueda dependen de otras, como las secretarías de gobierno estatales, por lo cual se ven obligadas a compartir edificios.
Aunque no tener un edificio propio pareciera no relevante, cuando se trata de desaparecidos esto afecta directamente a las familias de las víctimas, quienes no tienen certeza de dónde acudir a buscar ayuda o no tienen un número telefónico para reportar su caso.
Volga Pilar de Pina, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, reconoció las disparidades entre las comisiones y explicó que no importa que en algunos estados tengan un tamaño pequeño, pero hay otras entidades que sí necesitan reforzarlas.
"Hay estados donde la presión de las familias ha generado que esto avance a pasos agigantados (...) no me preocupa que Campeche y Yucatán estén chiquitos porque no tienen un número alarmante de desaparecidos, pero hay otros estados como Guanajuato, donde hay un desastre con desapariciones pasadas y presentes, en los que ya debería haber más avances", dijo.
Para Volga Pilar de Pina y Humberto Guerrero, el actual sexenio podría ser crucial para terminar la consolidación de estas instituciones: por un lado las entidades donde hay más desaparecidos tendrán el reto de dar con el paradero de todas las víctimas, mientras que los estados con menos casos deberán prevenir que sus cifras vayan en aumento.