Sin justicia, a 10 años del ecocidio

Ures, Son.- A 10 años de la contaminación con metales venenosos que provocó la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, miles de personas afectadas esperan aún la justicia prometida en campaña por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un crimen de lesa humanidad”, sentenció la activista y catedrática universitaria Reina Castro Longoria, al lamentar la falta de interés del gobierno por dar seguimiento a los casos de personas afectadas en su salud, al agua y los pozos contaminados, así como también los perjuicios económicos.

Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del río Sonora.

El 6 de agosto de 2014, una inmensa laguna de lixiviados procedentes de la mina Buenavista del Cobre, asentada en el municipio de Cananea, se precipitó a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, a consecuencia de una rotura en una de las piletas de almacenamiento.

Más de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados por las autoridades fuera de las normas ecológicas, contaminaron las aguas de los ríos.

Atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo. Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, y se contuvieron en la presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.

Más de 22 mil personas de la región del río Sonora resultaron afectadas. Se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado, además de que la población enfermó.

Han pasado 10 años. No hay plan de remediación a las cuencas hidrológicas ni la clínica de atención a los afectados y tampoco un plan integral de reactivación económica para los comerciantes y prestadores de servicios. Muchos quebraron.

Continúa la contaminación de los pozos que están cercanos al ejido La Victoria, en el municipio de Hermosillo, de donde se distribuye agua a la población.