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Cuernavaca, Mor.- Ante los disturbios registrados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, personal administrativo, de vigilancia y custodia realizaron un paro de labores para exigir aumento salarial, incremento de personal, la salida de los directivos del sistema penitenciario y de ingresos.
Los empleados demandaron también el traslado de unos 40 presos identificados como los protagonistas del enfrentamiento —que dejó como saldo siete muertos y cuatro heridos— a otros centros de reclusión, pero los abogados de siete internos consiguieron amparos para evitar su cambio de prisión y sólo fueron cambiados 26 reos.
Tras la suspensión de labores en el penal, el comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, abrió una mesa de diálogo con los inconformes y paulatinamente restablecieron las condiciones para regresar a sus puestos de trabajo.
De forma paralela el gobierno del estado emitió un comunicado para informar que en un trabajo coordinado entre la CES y las secretarías de Gobierno, Hacienda, Administración y Consejería Jurídica se logró acordar el mejoramiento de las condiciones de todos los elementos que integran la Comisión Estatal de Seguridad, responsable del sistema penitenciario del estado.
La CES anunció que fueron cesados mandos medios del CERESO Morelos, a petición del personal que se manifestó. Los mandos despedidos son la directora general de Centros Penitenciarios, Miriam Mireles Toledo; el director general de Reinserción Social, Alejandro Cornejo Ramos y el director general Operativo del CERESO Morelos, Raúl Colin Martínez, “El Antrax”.
Un grupo de custodios comunicó que otros acuerdos alcanzados con Ortiz Guarneros, fue la entrega de uniformes nuevos, permitir la salida del personal a los comedores de las inmediaciones y reparar el camión de transporte.
Desde 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó condiciones de autogobierno o cogobierno en el (ereso) Morelos, así como actos de extorsión, sobornos y nula capacidad de autoridades para imponer medidas disciplinarias.