Video: Sí, 400 millones son para “las comidas” de la élite del Poder Judicial: Oficial Mayor

Dimpna Gisela Morales González, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2024 ante diputados y diputadas y confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de mil 700 trabajadores.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador Hamlet García Almaguer (Morena) cuestionó a la funcionaria de la SCJN sobre el destino de 386.3 millones de pesos bajo el concepto de “Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal [CJF]”, sobre todo para cuántos funcionarios y funcionarias es que se destina dicho monto del presupuesto del Poder Judicial.

En respuesta, Morales González, si bien aclaró que el monto no necesariamente refleja que todo se utilice ni que todos los funcionarios a los que se les dirige la partida del presupuesto ocuparán el 100 por ciento, confirmó que dicho concepto está contemplado para mil 767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en dicho apartado.

En dicho encuentro, la Oficial Mayor de la Suprema Corte explicó que seis de los 13 fideicomisos de los que se discutirá su permanencia están vinculados directamente con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo aquellos respecto a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.

Las pensiones complementarias, así como otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones de largo plazo, es decir que el compromiso comienza cuando el trabajador adquiere la prestación y concluye cuando éste fallece.

Es por ello, argumentó, que el proyecto de presupuesto del PJF para 2024 está estrictamente apegado al marco legal para definir su construcción, así como contar un debido sustento en cada rubro de gasto público.

“Si revisan a detalle el proyecto de presupuesto podrá observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación, es decir para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas”, defendió la funcionaria.

Además, dijo que el Poder Judicial no sólo cuenta con un compromiso con la impartición de la justicia, sino que también con la transparencia y la rendición de cuentas.

En su participación, el Diputado morenista Juan Ramiro Robledo preguntó a Dimpna Gisela Morales sobre los supuestos recursos excedentes de presupuestos anuales, los cuales se han acumulado e integrado en fideicomisos a través de subejercicios, a lo que concretamente preguntó si el PJF sabe que eso implica una violación a la Ley de Presupuesto.

En respuesta, Morales González pidió a las y los legisladores presentes la diferencia entre subejercicio, economía y un ahorro. Con respecto a estas dos últimas, expuso que se “derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación y que a través de esos esfuerzos nosotros podemos contener el gasto, al cierre del ejercicio pueden resultar disponibilidades por diferentes razones que pueden derivar de contratos abiertos, de diferencias cambiarías, y de algunos otros conceptos”.

Es por eso que, aseguró, surgen los recursos que se acumulan en los fideicomisos, mientras que las disponibilidades del presupuesto se reintegran en su totalidad a la Tesorería de la Federación.

“No transferimos subejercicios a los fideicomisos y las disponibilidades. Al cierre del ejercicio, las reintegramos a la Tesorería de la Federación. En lo que va de este año nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte”, añadió.

Aseguró que en 2022 reportaron dos mil 895.7 millones de ahorro, y fue la cantidad que se reintegró a la Tesorería al cierre del ejercicio por el concepto de ahorros y economías.

Hamlet Almaguer nuevamente cuestionó sobre el hallazgo en 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los fideicomisos del Poder Judicial, hecho en el que aseguró que hubo irregularidades, aunque no detalló cuáles.

Al respecto, la Oficial Mayor reconoció que en 2018 la ASF realizó fiscalizaciones, entre las cuales revisó los fideicomisos del PJF; sin embargo, precisó que en ninguna parte de los informes realizados se encuentra que la Auditoría reportara una ilegalidad con respecto a la conformación de los fideicomisos o un manejo inadecuado de los mismos, sino que la ASF emitieron “recomendaciones”, algo que consideró como sustancialmente diferente a hallazgos que pudieran implicar faltas administrativas.