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Durante la vinculación a proceso de 19 ex mandos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, autoridades ministeriales revelaron que la red policiaca plagió a por lo menos 15 jóvenes acusándolos de ser "halcones" y en el caso de mujeres detenidas habían sido violadas.
En tanto, el Colectivo Solecito —enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas— demandó ampliar las investigaciones hacia elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y que se dé a conocer el paradero de sus seres queridos.
Durante la audiencia en el penal de Pacho Viejo —que inició el martes y concluyó luego de las 5:00 de la mañana del miércoles—, el juez ratificó la prisión oficiosa y determinó cuatro meses más para la investigación complementaria por las actividades sistemáticas implementadas desde el estado para desaparecer a por lo menos 15 personas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
De acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, la vinculación a proceso no significa que los detenidos sean responsables del delito, sino que el juez encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio.
Los vinculados a proceso son el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba preso por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, y el ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, encarcelado por el homicidio de la ex pareja de su novia.
También el ex comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, alias "Comandante Black", y el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, además de 15 agentes y ex agentes.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que en total son 31 ex funcionarios vinculados a los casos de desaparición forzada, de los cuales 19 están presos. Entre los prófugos figuran el ex subsecretario de Operaciones y ex titular de SSP en los últimos meses de 2016, José Nabor Nava Holguín; el ex delegado de la Región III en Chicontepec, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, y el ex director de Operaciones, José Manuel Martínez Sánchez.
Las autoridades ministeriales revelaron en la presentación de cargos que los jóvenes detenidos y desaparecidos en Xalapa eran presuntamente "halcones" de la organización delictiva Los Zetas, a quienes interrogaban bajo tortura.
Se reveló que testigos protegidos, muchos de ellos víctimas de los agentes, que lograron sobrevivir, relataron que las mujeres eran violadas por los oficiales que las consideraban "halcones" de la organización delictiva que el gobierno duartista logró expulsar casi en su totalidad de Veracruz.
Además, se ratificó que desaparecieron supuestamente a manos de toda una estructura oficial que de manera sistemática emprendió una limpia contra el narcotráfico.
Los jóvenes desaparecidos son José Ulises Martínez Fernández, de 30 años; Jorge Leal Amaro, de 20; Liberio Hoyos Castañeda, de 20; Uriel Hernández Vega, de 18; Antonio Morales Marín, de 22; Bibiana "N", de 17 años; Cecilia "N", de 17; Héctor Jesús "N", de 16. Asimismo, Jesús Martínez del Ángel, de 21; Alberto Huerta Acosta, de 23; Héctor "N", de 16 años; José Cruz Peralta Nava, de 19; Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos, y Jaqueline Espejo Moctezuma.
Desde el inicio de la audiencia, familiares de desaparecidos protestaron afuera de los juzgados de Pacho Viejo.
Con lonas con imágenes de las personas desaparecidas, los familiares tapizaron el frente del juzgado y exigieron que no sólo se procese a los ex policías y mandos, sino que se dé a conocer el paradero de sus hijos y familiares, además de que se amplíen las investigaciones a elementos de la Marina-Armada de México.
“Es necesario investigar a la Marina, de hecho, nosotros tenemos casos donde la Marina está involucrada, es necesario investigar a todas las corporaciones que operan en Veracruz”, acusó la integrante del Colectivo Solecito, Ángeles Díaz Genao.
La activista, quien junto con los demás integrantes de Solecito localizó una de las fosas clandestinas más grande de México, destacó la necesidad de realizar estudios socioeconómicos a los agentes policiacos en activo para ir depurándolos.
“En Veracruz las autoridades se volvieron delincuentes y nadie tiene derecho a aducir que por ser autoridad no se les puede investigar, a todos se les debe investigar y [hacer] una investigación a fondo”, expresó.
“Venimos a pedir justicia y queremos saber dónde están nuestros hijos, que se toquen el corazón quienes hayan sido, y estamos aquí para que vean cuántas familias están sufriendo por esta situación”, relató otra integrante del Colectivo Solecito.
Las activistas destacaron que la mayoría de los casos que llevaron a la detención de los ex policías están relacionados con carpetas de investigación de sus miembros, pero advirtieron que en general son más de 200 familias de esta agrupación que tienen casos de desaparición forzada.
La organización informó que tan sólo este año se han sumado 30 nuevos casos de personas desaparecidas, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
En tanto, el Colectivo Solecito —enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas— demandó ampliar las investigaciones hacia elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y que se dé a conocer el paradero de sus seres queridos.
Durante la audiencia en el penal de Pacho Viejo —que inició el martes y concluyó luego de las 5:00 de la mañana del miércoles—, el juez ratificó la prisión oficiosa y determinó cuatro meses más para la investigación complementaria por las actividades sistemáticas implementadas desde el estado para desaparecer a por lo menos 15 personas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
De acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, la vinculación a proceso no significa que los detenidos sean responsables del delito, sino que el juez encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio.
Los vinculados a proceso son el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien se encontraba preso por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, y el ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, encarcelado por el homicidio de la ex pareja de su novia.
También el ex comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, alias "Comandante Black", y el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, además de 15 agentes y ex agentes.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que en total son 31 ex funcionarios vinculados a los casos de desaparición forzada, de los cuales 19 están presos. Entre los prófugos figuran el ex subsecretario de Operaciones y ex titular de SSP en los últimos meses de 2016, José Nabor Nava Holguín; el ex delegado de la Región III en Chicontepec, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, y el ex director de Operaciones, José Manuel Martínez Sánchez.
Las autoridades ministeriales revelaron en la presentación de cargos que los jóvenes detenidos y desaparecidos en Xalapa eran presuntamente "halcones" de la organización delictiva Los Zetas, a quienes interrogaban bajo tortura.
Se reveló que testigos protegidos, muchos de ellos víctimas de los agentes, que lograron sobrevivir, relataron que las mujeres eran violadas por los oficiales que las consideraban "halcones" de la organización delictiva que el gobierno duartista logró expulsar casi en su totalidad de Veracruz.
Además, se ratificó que desaparecieron supuestamente a manos de toda una estructura oficial que de manera sistemática emprendió una limpia contra el narcotráfico.
Los jóvenes desaparecidos son José Ulises Martínez Fernández, de 30 años; Jorge Leal Amaro, de 20; Liberio Hoyos Castañeda, de 20; Uriel Hernández Vega, de 18; Antonio Morales Marín, de 22; Bibiana "N", de 17 años; Cecilia "N", de 17; Héctor Jesús "N", de 16. Asimismo, Jesús Martínez del Ángel, de 21; Alberto Huerta Acosta, de 23; Héctor "N", de 16 años; José Cruz Peralta Nava, de 19; Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos, y Jaqueline Espejo Moctezuma.
Desde el inicio de la audiencia, familiares de desaparecidos protestaron afuera de los juzgados de Pacho Viejo.
Con lonas con imágenes de las personas desaparecidas, los familiares tapizaron el frente del juzgado y exigieron que no sólo se procese a los ex policías y mandos, sino que se dé a conocer el paradero de sus hijos y familiares, además de que se amplíen las investigaciones a elementos de la Marina-Armada de México.
“Es necesario investigar a la Marina, de hecho, nosotros tenemos casos donde la Marina está involucrada, es necesario investigar a todas las corporaciones que operan en Veracruz”, acusó la integrante del Colectivo Solecito, Ángeles Díaz Genao.
La activista, quien junto con los demás integrantes de Solecito localizó una de las fosas clandestinas más grande de México, destacó la necesidad de realizar estudios socioeconómicos a los agentes policiacos en activo para ir depurándolos.
“En Veracruz las autoridades se volvieron delincuentes y nadie tiene derecho a aducir que por ser autoridad no se les puede investigar, a todos se les debe investigar y [hacer] una investigación a fondo”, expresó.
“Venimos a pedir justicia y queremos saber dónde están nuestros hijos, que se toquen el corazón quienes hayan sido, y estamos aquí para que vean cuántas familias están sufriendo por esta situación”, relató otra integrante del Colectivo Solecito.
Las activistas destacaron que la mayoría de los casos que llevaron a la detención de los ex policías están relacionados con carpetas de investigación de sus miembros, pero advirtieron que en general son más de 200 familias de esta agrupación que tienen casos de desaparición forzada.
La organización informó que tan sólo este año se han sumado 30 nuevos casos de personas desaparecidas, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.