Cada uno de nosotros es
responsable por todo ante todos
Dostoievski
Lamento decirlo, pero las cosas no marchan bien en este país. Quisiera esta equivocado, pero no alcanzo a ver los beneficios de las decisiones que está tomando AMLO. Asume decisiones de relumbrón, espectaculares, como la venta del avión presidencial, convertir la Casa de Los Pinos en museo, o bajarse el sueldo, pero que no generan ningún beneficio a los ciudadanos. Prometió combatir la corrupción, pero no hay nadie de los peces gordos del sexenio anterior en la cárcel. Hace encuestas o consultas “patito” para justificar decisiones ya tomadas, pero solo en algunas ocasiones, porque otras decisiones que podrían ameritar una consulta al Pueblo Bueno y Sabio, como el Tren Maya, o la nueva refinería en Tabasco, no se consultan. Asegura en campaña que el ejército debe regresar a los cuarteles, pero le aumenta el presupuesto, le otorga el control de la Guardia Nacional, le encarga construir Santa Lucía y le concede la administración del nuevo aeropuerto. Dice combatir el huachicol pero no hay nadie en la cárcel, a pesar de los ciento 30 muertos de Tlahuelilpan. Permite que la CNTE paralice gran parte de la actividad económica del país y en lugar de aplicar la Ley y removerlos, les da miles de millones de pesos. Total: ¿Quién le entiende?
Cambio de tema. ¿En San Luis Potosí, hay procuración de justicia? Si la hay, ¿Es oportuna? ¿Es eficaz? ¿Es expedita? ¿Es suficiente? ¿Responde al interés y reclamos de los ciudadanos? ¿O, más bien, está al servicio de los intereses y compromisos políticos del gobernador? ¿O simplemente no la hay, no existe? Creo que son algunas de las preguntas pertinentes que nos hacemos miles de ciudadanos potosinos que estamos sufriendo y viendo sufrir a nuestros conciudadanos, la falta de protección, de seguridad y la indefensión frente a la delincuencia común, organizada o no, y frente a la negligencia y omisión de un gobernador, que permanece impasible y como ajeno ante la proliferación siempre creciente de hechos de violencia, asaltos, robos, secuestro y extorsiones, sin que se digne informar a los ciudadanos, a los que pagamos sus percepciones y privilegios, qué está haciendo para empezar ya a actuar en consecuencia y conforme a su obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley.
A este estado desastroso de negligencia oficial permisiva o indiferente ante el delito, se añade la tremenda descomposición de los órganos del gobierno estatal que acaban por volverse cómplices por su ausencia casi total de acciones correctivas, su negligencia para sancionar a quienes, desde el cargo público incurren en malversación, peculado, abuso de poder y corrompen el espíritu de servicio, de honorabilidad y de Justicia que debe animar a cada servidor público, muy en especial a quienes laboran en el ámbito de la seguridad pública y de la impartición de Justicia.
Ahora resulta que un año después de las denuncias penales bien documentadas que presentaron los representantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), en contra de Ricardo Gallardo Juárez, por el cúmulo de irregularidades y trapacerías en que incurrió, para acumular una fortuna personal de cientos de millones de pesos en docenas de propiedades inmobiliarias y efectivo, nos sale la Fiscalía General del Estado con la novedad de que “el caso no es de su competencia”, aña diendo que “no hay delito que perseguir contra Gallardo” y que deben ser materia del ámbito federal. Es decir, la Fiscalía general del Estado, se lava las manos, con la afirmación de que se trata de fondos federales. Grave aberración jurídica que no hace sino confirmar la inexistencia de un Estado de Derecho en SLP, sin Ley, sin autoridad.
Si existiera en San Luis Potosí un gobierno estatal responsable y comprometido con la impartición de justicia, ya debería estar purgando cárcel y devolviendo la riqueza pública mal habida que acumuló en sus tres años de alcalde de la capital y sus anteriores tres en Soledad. Las denuncias penales en su contra, interpuestas por el Frente Ciudadano Anticorrupción ya completaron un año y no han avanzado un milímetro de entonces a la fecha, parece que se están entrampando cada vez más, porque hace unos días, un funcionario de la Fiscalía General del estado, Luis Fernando Luna Aguilar, con el nombramiento de Visitador, nos viene a informar que la demanda conocida como caso Sandra Sánchez, la proveedora fantasma, será turnado al SAT, (una autoridad fiscal), porque los recursos desviados son de origen federal. Está mas claro que el agua, se trata de encubrir al ex funcionario-delincuente. Es un delito sumado a otro delito.
¿Qué cara . . .más importa si son de origen federal o no los recursos desviados? Lo que importa es que ya formaban parte de un presupuesto municipal y que son recursos que aportan de sus impuestos, los ciudadanos potosinos. Eso se llama connivencia, complicidad a secas.
Cambio de tema. Cada día, con sus conferencias matinales, AMLO nos da a los mexicanos más y más motivos de preocupación. Independientemente de que ni la corrupción ni la violencia, ni la inseguridad en todo el país, en los 75 días de gobierno que lleva en el poder se ha reducido siquiera un poco, lo cierto es que está demoliendo metódicamente, como si tuviera un plan trazado, los contrapesos al poder ejecutivo. La división de poderes, que es un principio constitucional e histórico de nuestra nación, está siendo anulada, con un poder legislativo rendido a la voluntad presidencial, que no se atreve a contradecir en lo mas mínimo al presidente, y un poder judicial que poco a poco se le van integrando nuevos ministros claramente identificados como simpatizantes de AMLO o de Morena, que viene a ser lo mismo. Por si fuera poco, existe un plantón permanente de moreneros a las puertas de la Suprema Corte para presionar a los ministros para que reduzcan sus salarios, lo cual es correcto, solo que no así el modo de hacerlo.
Igual suerte parece que correrá la autonomía del Banco de México, con la incorporación de sub gobernadores alineados a la voluntad presidencial. Cuando alguien se atreve a contradecirlo, rápidamente se le anula o se le regaña cuando no está satisfecho con su labor. Y ya señala con dedo flamígero, la honestidad de las elecciones que organiza. Al INEGI lo ha maniatado con un presupuesto insuficiente para hacer las encuestas y estudios que le corresponden.
Con la bandera falsa del pueblo bueno y sabio, cancela el aeropuerto a un costo gigantesco para el país, decide hacer el Tren Maya, dar becas a los ninis y aumentar la pensión de los mayores. Concede privilegios a la CNTE a un costo de varios miles de millones y genera la señal de que es rentable bloquear las líneas del ferrocarril para obtener millones de este gobierno.
En vez de invertir en Educación, en Salud y en infraestructura, reparte los miles de millones que le van a dar votos, sin duda, pero pervierte la conciencia ciudadana. Total, crea un clima de desconfianza y división entre los mexicanos, que redundará tarde o temprano, en más atraso, más pobreza y más ignorancia.
alr020637@gmail.com
responsable por todo ante todos
Dostoievski
Lamento decirlo, pero las cosas no marchan bien en este país. Quisiera esta equivocado, pero no alcanzo a ver los beneficios de las decisiones que está tomando AMLO. Asume decisiones de relumbrón, espectaculares, como la venta del avión presidencial, convertir la Casa de Los Pinos en museo, o bajarse el sueldo, pero que no generan ningún beneficio a los ciudadanos. Prometió combatir la corrupción, pero no hay nadie de los peces gordos del sexenio anterior en la cárcel. Hace encuestas o consultas “patito” para justificar decisiones ya tomadas, pero solo en algunas ocasiones, porque otras decisiones que podrían ameritar una consulta al Pueblo Bueno y Sabio, como el Tren Maya, o la nueva refinería en Tabasco, no se consultan. Asegura en campaña que el ejército debe regresar a los cuarteles, pero le aumenta el presupuesto, le otorga el control de la Guardia Nacional, le encarga construir Santa Lucía y le concede la administración del nuevo aeropuerto. Dice combatir el huachicol pero no hay nadie en la cárcel, a pesar de los ciento 30 muertos de Tlahuelilpan. Permite que la CNTE paralice gran parte de la actividad económica del país y en lugar de aplicar la Ley y removerlos, les da miles de millones de pesos. Total: ¿Quién le entiende?
Cambio de tema. ¿En San Luis Potosí, hay procuración de justicia? Si la hay, ¿Es oportuna? ¿Es eficaz? ¿Es expedita? ¿Es suficiente? ¿Responde al interés y reclamos de los ciudadanos? ¿O, más bien, está al servicio de los intereses y compromisos políticos del gobernador? ¿O simplemente no la hay, no existe? Creo que son algunas de las preguntas pertinentes que nos hacemos miles de ciudadanos potosinos que estamos sufriendo y viendo sufrir a nuestros conciudadanos, la falta de protección, de seguridad y la indefensión frente a la delincuencia común, organizada o no, y frente a la negligencia y omisión de un gobernador, que permanece impasible y como ajeno ante la proliferación siempre creciente de hechos de violencia, asaltos, robos, secuestro y extorsiones, sin que se digne informar a los ciudadanos, a los que pagamos sus percepciones y privilegios, qué está haciendo para empezar ya a actuar en consecuencia y conforme a su obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley.
A este estado desastroso de negligencia oficial permisiva o indiferente ante el delito, se añade la tremenda descomposición de los órganos del gobierno estatal que acaban por volverse cómplices por su ausencia casi total de acciones correctivas, su negligencia para sancionar a quienes, desde el cargo público incurren en malversación, peculado, abuso de poder y corrompen el espíritu de servicio, de honorabilidad y de Justicia que debe animar a cada servidor público, muy en especial a quienes laboran en el ámbito de la seguridad pública y de la impartición de Justicia.
Ahora resulta que un año después de las denuncias penales bien documentadas que presentaron los representantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), en contra de Ricardo Gallardo Juárez, por el cúmulo de irregularidades y trapacerías en que incurrió, para acumular una fortuna personal de cientos de millones de pesos en docenas de propiedades inmobiliarias y efectivo, nos sale la Fiscalía General del Estado con la novedad de que “el caso no es de su competencia”, aña diendo que “no hay delito que perseguir contra Gallardo” y que deben ser materia del ámbito federal. Es decir, la Fiscalía general del Estado, se lava las manos, con la afirmación de que se trata de fondos federales. Grave aberración jurídica que no hace sino confirmar la inexistencia de un Estado de Derecho en SLP, sin Ley, sin autoridad.
Si existiera en San Luis Potosí un gobierno estatal responsable y comprometido con la impartición de justicia, ya debería estar purgando cárcel y devolviendo la riqueza pública mal habida que acumuló en sus tres años de alcalde de la capital y sus anteriores tres en Soledad. Las denuncias penales en su contra, interpuestas por el Frente Ciudadano Anticorrupción ya completaron un año y no han avanzado un milímetro de entonces a la fecha, parece que se están entrampando cada vez más, porque hace unos días, un funcionario de la Fiscalía General del estado, Luis Fernando Luna Aguilar, con el nombramiento de Visitador, nos viene a informar que la demanda conocida como caso Sandra Sánchez, la proveedora fantasma, será turnado al SAT, (una autoridad fiscal), porque los recursos desviados son de origen federal. Está mas claro que el agua, se trata de encubrir al ex funcionario-delincuente. Es un delito sumado a otro delito.
¿Qué cara . . .más importa si son de origen federal o no los recursos desviados? Lo que importa es que ya formaban parte de un presupuesto municipal y que son recursos que aportan de sus impuestos, los ciudadanos potosinos. Eso se llama connivencia, complicidad a secas.
Cambio de tema. Cada día, con sus conferencias matinales, AMLO nos da a los mexicanos más y más motivos de preocupación. Independientemente de que ni la corrupción ni la violencia, ni la inseguridad en todo el país, en los 75 días de gobierno que lleva en el poder se ha reducido siquiera un poco, lo cierto es que está demoliendo metódicamente, como si tuviera un plan trazado, los contrapesos al poder ejecutivo. La división de poderes, que es un principio constitucional e histórico de nuestra nación, está siendo anulada, con un poder legislativo rendido a la voluntad presidencial, que no se atreve a contradecir en lo mas mínimo al presidente, y un poder judicial que poco a poco se le van integrando nuevos ministros claramente identificados como simpatizantes de AMLO o de Morena, que viene a ser lo mismo. Por si fuera poco, existe un plantón permanente de moreneros a las puertas de la Suprema Corte para presionar a los ministros para que reduzcan sus salarios, lo cual es correcto, solo que no así el modo de hacerlo.
Igual suerte parece que correrá la autonomía del Banco de México, con la incorporación de sub gobernadores alineados a la voluntad presidencial. Cuando alguien se atreve a contradecirlo, rápidamente se le anula o se le regaña cuando no está satisfecho con su labor. Y ya señala con dedo flamígero, la honestidad de las elecciones que organiza. Al INEGI lo ha maniatado con un presupuesto insuficiente para hacer las encuestas y estudios que le corresponden.
Con la bandera falsa del pueblo bueno y sabio, cancela el aeropuerto a un costo gigantesco para el país, decide hacer el Tren Maya, dar becas a los ninis y aumentar la pensión de los mayores. Concede privilegios a la CNTE a un costo de varios miles de millones y genera la señal de que es rentable bloquear las líneas del ferrocarril para obtener millones de este gobierno.
En vez de invertir en Educación, en Salud y en infraestructura, reparte los miles de millones que le van a dar votos, sin duda, pero pervierte la conciencia ciudadana. Total, crea un clima de desconfianza y división entre los mexicanos, que redundará tarde o temprano, en más atraso, más pobreza y más ignorancia.
alr020637@gmail.com