México tiene un gran reto por resolver en materia de confianza, credibilidad y legitimidad. ¿Por qué cada día desconfiamos más de nuestras instituciones y de las decisiones que toman los servidores públicos?
Desde la percepción ciudadana, la democracia falla pues muchos de los procedimientos a través de los cuales se toman las decisiones en la administración pública suelen ser cerrados, confusos y opacos, pero sobre todo carentes de regulación y suficiente información que permita elegir las mejores soluciones a los problemas públicos.
Se percibe que son “procesos discrecionales”. Es decir, que las decisiones no obedecen a una normativa concreta, sino que se basan en el criterio individual de “alguien”, que, si bien fue elegido democráticamente, una vez que tuvo que tomar decisiones en el gobierno, olvidó acercarse a sus electores e incluso a sus detractores para respaldar y validar sus sugerencias y opiniones.
Si bien es una realidad que los decisores en el gobierno deben trabajar en contextos complejos que implican poco tiempo para analizar cuál puede ser la mejor alternativa para resolver un problema público, con poco presupuesto y muchas veces con mínima información, lo anterior da pauta a generar prácticas no democráticas y la percepción de corrupción hacia adentro y hacia afuera del gobierno; como consecuencia, un escepticismo social para participar activamente en los procesos de decisiones que toman nuestros representantes.
El último Informe de Latinobarómetro argumenta claramente que el declive de la democracia en América Latina se acentúa en 2017, con bajas sistemáticas del apoyo y la satisfacción ciudadana en la democracia, así como de la percepción de que se gobierna para unos pocos. En México, por ejemplo, los avances se muestran en los indicadores económicos, pero no en los políticos y sociales. Es como una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía y el mundo del poder político.
Es cierto, los ciudadanos en nuestro país no se sienten incluidos ni tomados en cuenta para decidir sobre sus propios recursos, y reclaman que, aunque tienen acceso a cierta información pública, ésta no les es útil para participar y sugerir cómo mejorar las cosas desde abajo.
Lo que la sociedad espera es que el gobierno le dé datos estratégicos y mayor claridad respecto a los procesos y las decisiones que toma, y en el mejor de los casos, que se les tome en cuenta para decidir. Hay muchos retos en México, y en estos días de campañas electorales, se están manifestando en sus formas más cruentas: el México real y el surreal.
Pero no todo el panorama es tan desalentador, estamos en vías de avanzar al siguiente escalón. Porque la sociedad está despertando y exige que se le tome en cuenta. Por ello, al igual que otros países, México se ha sumado a las disposiciones de los organismos internacionales respecto a la aplicación de modelos y esquemas de Gobierno Abierto para administrar mejor lo público entre todos.
En este modelo, además de la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación, los gobiernos deben fomentar e impulsar la participación ciudadana. Esto es, incluir a la sociedad -que cada día busca estar más informada- en la toma de decisiones públicas. Es entonces que, de la mano del ciudadano, el objetivo es, no sólo alcanzar un Gobierno Abierto en el poder ejecutivo sino que se tiende a buscar un “Estado Abierto” en el que deben colaborar activamente los tres poderes del Estado, y amén de sus procesos internos, impulsar la participación ciudadana para la toma de decisiones, promoviendo así un Gobierno Abierto (ejecutivo), un Parlamento Abierto (legislativo) y una Justicia Abierta (judicial).
En los últimos años, nuestro país ha intentado mejorar la calidad de la democracia y prevenir y combatir la corrupción a través de la implementación de una serie de acciones, mecanismos y normativa en la materia para procurar que la sociedad pueda ejercer plenamente sus derechos de acceso a la información pública y de petición. Y a pesar de los casos graves de corrupción en otras entidades federativas, ya bien conocidos por todos, respecto a lo que sucede cuando se toman malas decisiones públicas y cuando falla la vigilancia ciudadana, sigue habiendo agentes de cambio en la lucha por ir más allá para mejorar las cosas.
El ciudadano debe involucrarse; y el Estado debe involucrarlos. Impulsando mecanismos de participación más eficaces y con menos simulación. Se tiene que pasar de la simple entrega de datos e información técnica por mera formalidad, a la explicación sustantiva y asertiva con lenguaje ciudadano sobre la toma de decisiones para que realmente la sociedad logre involucrarse.
A propósito de la toma de decisiones, debemos seguir vigilantes de que nuestros gobernantes transiten de una democracia meramente electoral a una democracia procedimental y participativa durante su administración. Debemos participar; debemos vigilar; y debemos exigir. Asumir cada quien lo que nos toca desde nuestras trincheras, y buscando hacer realidad el anhelo de acercar a la sociedad con el gobierno, para trabajar colaborativamente en las acciones públicas, se reforzará la calidad de la democracia en el país y se irá ganando confianza, credibilidad y legitimidad en las instituciones y en las decisiones y acciones públicas.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com
Desde la percepción ciudadana, la democracia falla pues muchos de los procedimientos a través de los cuales se toman las decisiones en la administración pública suelen ser cerrados, confusos y opacos, pero sobre todo carentes de regulación y suficiente información que permita elegir las mejores soluciones a los problemas públicos.
Se percibe que son “procesos discrecionales”. Es decir, que las decisiones no obedecen a una normativa concreta, sino que se basan en el criterio individual de “alguien”, que, si bien fue elegido democráticamente, una vez que tuvo que tomar decisiones en el gobierno, olvidó acercarse a sus electores e incluso a sus detractores para respaldar y validar sus sugerencias y opiniones.
Si bien es una realidad que los decisores en el gobierno deben trabajar en contextos complejos que implican poco tiempo para analizar cuál puede ser la mejor alternativa para resolver un problema público, con poco presupuesto y muchas veces con mínima información, lo anterior da pauta a generar prácticas no democráticas y la percepción de corrupción hacia adentro y hacia afuera del gobierno; como consecuencia, un escepticismo social para participar activamente en los procesos de decisiones que toman nuestros representantes.
El último Informe de Latinobarómetro argumenta claramente que el declive de la democracia en América Latina se acentúa en 2017, con bajas sistemáticas del apoyo y la satisfacción ciudadana en la democracia, así como de la percepción de que se gobierna para unos pocos. En México, por ejemplo, los avances se muestran en los indicadores económicos, pero no en los políticos y sociales. Es como una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía y el mundo del poder político.
Es cierto, los ciudadanos en nuestro país no se sienten incluidos ni tomados en cuenta para decidir sobre sus propios recursos, y reclaman que, aunque tienen acceso a cierta información pública, ésta no les es útil para participar y sugerir cómo mejorar las cosas desde abajo.
Lo que la sociedad espera es que el gobierno le dé datos estratégicos y mayor claridad respecto a los procesos y las decisiones que toma, y en el mejor de los casos, que se les tome en cuenta para decidir. Hay muchos retos en México, y en estos días de campañas electorales, se están manifestando en sus formas más cruentas: el México real y el surreal.
Pero no todo el panorama es tan desalentador, estamos en vías de avanzar al siguiente escalón. Porque la sociedad está despertando y exige que se le tome en cuenta. Por ello, al igual que otros países, México se ha sumado a las disposiciones de los organismos internacionales respecto a la aplicación de modelos y esquemas de Gobierno Abierto para administrar mejor lo público entre todos.
En este modelo, además de la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación, los gobiernos deben fomentar e impulsar la participación ciudadana. Esto es, incluir a la sociedad -que cada día busca estar más informada- en la toma de decisiones públicas. Es entonces que, de la mano del ciudadano, el objetivo es, no sólo alcanzar un Gobierno Abierto en el poder ejecutivo sino que se tiende a buscar un “Estado Abierto” en el que deben colaborar activamente los tres poderes del Estado, y amén de sus procesos internos, impulsar la participación ciudadana para la toma de decisiones, promoviendo así un Gobierno Abierto (ejecutivo), un Parlamento Abierto (legislativo) y una Justicia Abierta (judicial).
En los últimos años, nuestro país ha intentado mejorar la calidad de la democracia y prevenir y combatir la corrupción a través de la implementación de una serie de acciones, mecanismos y normativa en la materia para procurar que la sociedad pueda ejercer plenamente sus derechos de acceso a la información pública y de petición. Y a pesar de los casos graves de corrupción en otras entidades federativas, ya bien conocidos por todos, respecto a lo que sucede cuando se toman malas decisiones públicas y cuando falla la vigilancia ciudadana, sigue habiendo agentes de cambio en la lucha por ir más allá para mejorar las cosas.
El ciudadano debe involucrarse; y el Estado debe involucrarlos. Impulsando mecanismos de participación más eficaces y con menos simulación. Se tiene que pasar de la simple entrega de datos e información técnica por mera formalidad, a la explicación sustantiva y asertiva con lenguaje ciudadano sobre la toma de decisiones para que realmente la sociedad logre involucrarse.
A propósito de la toma de decisiones, debemos seguir vigilantes de que nuestros gobernantes transiten de una democracia meramente electoral a una democracia procedimental y participativa durante su administración. Debemos participar; debemos vigilar; y debemos exigir. Asumir cada quien lo que nos toca desde nuestras trincheras, y buscando hacer realidad el anhelo de acercar a la sociedad con el gobierno, para trabajar colaborativamente en las acciones públicas, se reforzará la calidad de la democracia en el país y se irá ganando confianza, credibilidad y legitimidad en las instituciones y en las decisiones y acciones públicas.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com