El 3 y 4 de mayo de 2006 ocurrió uno de los hechos represivos más deleznables cometidos por el Estado mexicano contra la sociedad. Ese día más de 2,500 policías federales y del Estado de México entraron la madrugada a San Salvador Atenco para reprimir a una población cuyo pecado había sido defender su tierra del despojo que pretendía llevar a cabo el gobierno federal de Vicente Fox Quesada, con el propósito de construir en sus tierras el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Miles de policías entraron al pueblo y a las casas de los pobladores sin orden alguna, golpeando indiscriminadamente a quienes se encontraban a su paso. La represión se saldó con dos muertos (Alexis Benhumea y Javier Cortés), decenas de heridos, y 207 detenidos. Además, durante las detenciones 27 mujeres fueron violadas y vejadas sexualmente por los policías que los detuvieron.
Cinco meses después de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación donde señaló que las autoridades incurrieron en graves violaciones, como al derecho a la vida, violaciones sexuales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada, retenciones ilegales, violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Fue un hecho represivo de gran envergadura cuyos responsables políticos siguen impunes: Vicente Fox entonces presidente de la república que ordenó la intervención de las fuerzas federales, y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Este hecho represivo, desatado a partir de un conflicto con comerciantes ambulantes en Texcoco, en realidad fue una venganza del gobierno de Fox y de Peña Nieto contra un pueblo que se negó a que se les impusiera el despojo capitalista nombrado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Desde esa fecha, hace doce años, once mujeres del total que fueron vejadas y violadas sexualmente, se mantuvieron firmes y dignas exigiendo la verdad y la justicia por la represión que se ordenó en su contra.
Aunque tarde, la justicia llegó para estas mujeres. El pasado 21 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, emitió una sentencia en la que condena al Estado mexicano por la tortura sexual a estas mujeres en Atenco en mayo de 2006.
Los jueces de la Corte Interamericana destacaron la represión y la tortura en el operativo ordenado por el gobierno contra los pobladores de Atenco y pueblos aledaños: “(…) el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”.
La Corte ordenó al Estado mexicano la reparación del daño y continuar e iniciar (en su caso) “investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso”. Además exige una disculpa pública por parte del Estado mexicano para las víctimas mujeres, pero que al mismo tiempo será una disculpa contra todos los agraviados en Atenco en mayo de 2006.
Rubén Martín
Miles de policías entraron al pueblo y a las casas de los pobladores sin orden alguna, golpeando indiscriminadamente a quienes se encontraban a su paso. La represión se saldó con dos muertos (Alexis Benhumea y Javier Cortés), decenas de heridos, y 207 detenidos. Además, durante las detenciones 27 mujeres fueron violadas y vejadas sexualmente por los policías que los detuvieron.
Cinco meses después de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación donde señaló que las autoridades incurrieron en graves violaciones, como al derecho a la vida, violaciones sexuales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada, retenciones ilegales, violaciones a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Fue un hecho represivo de gran envergadura cuyos responsables políticos siguen impunes: Vicente Fox entonces presidente de la república que ordenó la intervención de las fuerzas federales, y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Este hecho represivo, desatado a partir de un conflicto con comerciantes ambulantes en Texcoco, en realidad fue una venganza del gobierno de Fox y de Peña Nieto contra un pueblo que se negó a que se les impusiera el despojo capitalista nombrado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Desde esa fecha, hace doce años, once mujeres del total que fueron vejadas y violadas sexualmente, se mantuvieron firmes y dignas exigiendo la verdad y la justicia por la represión que se ordenó en su contra.
Aunque tarde, la justicia llegó para estas mujeres. El pasado 21 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, emitió una sentencia en la que condena al Estado mexicano por la tortura sexual a estas mujeres en Atenco en mayo de 2006.
Los jueces de la Corte Interamericana destacaron la represión y la tortura en el operativo ordenado por el gobierno contra los pobladores de Atenco y pueblos aledaños: “(…) el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”.
La Corte ordenó al Estado mexicano la reparación del daño y continuar e iniciar (en su caso) “investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso”. Además exige una disculpa pública por parte del Estado mexicano para las víctimas mujeres, pero que al mismo tiempo será una disculpa contra todos los agraviados en Atenco en mayo de 2006.
Rubén Martín