CAMBIOS COMO CONFETI
De acuerdo con los hechos, como son nombramientos, perfiles, duraciones y relevos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona siente una extraña fascinación por la mediocridad; le encanta estar rodeado de talentos de mediano calibre, dudosos o de plano inexistentes, desentendiéndose del hecho de que al final del día el costo mayor de la incompetencia, la improvisación y los desaciertos lo pagará él. A lo cual, de suyo gravoso, habrá que añadir las altas posibilidades de que la corrupción y el enriquecimiento desmesurado del clan también pasen factura.
Escribo estas líneas teniendo en mente un suceso reciente e ilustrativo. El lunes pasado el secretario general de Gobierno informó que Benjamín Pérez Álvarez estaba siendo removido de la dirección general de la Comisión Estatal del Agua, porque en términos de “resultados y eficiencia, se quedó corto”. Es decir, sin ninguna interpretación forzada, porque dio menos resultados de los que debía y porque su rango de eficiencia fue insuficiente.
Escasas horas más tarde, el deficiente funcionario, a quien le explotó en las manos el complejo y peligroso asunto de Tanque Tenorio, tomó posesión como secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez (coto gallardista por antonomasia), que con sus casi 350 mil habitantes es el segundo municipio más poblado de la entidad. ¿Cuál es la lógica de un movimiento así? Luego, la operación se complementa enviando a la CEA a un funcionario de medio pelo en el Ayuntamiento soledense, Gabino Manzo Castrejón, sin ninguna experiencia o formación en la materia.
Pérez Álvarez sustituyó a Ernesto Barajas Ábrego, quien inició el sexenio como secretario de Educación del gobierno del estado. Duró pocos meses, y sin mediar explicación fue rebajado a nivel de director de área como encargado de la Comisión Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), de donde luego fue llevado a la secretaría general del Ayuntamiento de Soledad. El lunes fue despedido sin más de ese cargo.
Si se observa bien, se verá que muchos de los cambios más extraños, inexplicables y de dudosa utilidad involucran a gente que además de sus pocas luces, son particularmente serviles, abyectos. Igual los pueden escupir en la cara y darán las gracias comedidamente.
Independientemente de los aspectos cualitativos sobre los que volveremos líneas adelante, conviene ver los cuantitativos, que no dejan lugar a duda. El gabinete legal del Ejecutivo potosino está compuesto por 17 dependencias, divididas en 14 secretarías, una Oficialía Mayor, la Contraloría General del Estado y la Consejería Jurídica. Únicamente en cinco de ellas permanecen los titulares originales (Secretaría General de Gobierno, Seduvop, Seguridad, Trabajo y Oficialía). De las 12 restantes, tres han registrado más de un cambio y van en su tercer titular (Sedeco, Turismo y la Consejería Jurídica).
En cuanto hace a las principales dependencias y organismos del sector descentralizado, hay mucho desorden en su listado exacto, pero identificando las más importantes, el fenómeno se repite y agrava: de 13, únicamente dos no registran cambios (Sifide y parques Tangamanga); de las 11 restantes, seis van en su tercer titular (CEA, CEFIM, ICAT, INPODE, INPOJUVE y el Consejo Estatal de Seguridad Pública). Las cinco que quedan van en el segundo (Junta Estatal de Caminos, Archivo Histórico, Pensiones, Instituto de la Mujer y el DIF).
Hasta donde la memoria me alcanza, no encuentro otra administración estatal que antes de llegar a la mitad de su mandato haya registrado tantos cambios (casi en 85 por ciento de sus principales dependencias). ¿Tiene esto alguna importancia? Sin duda que sí, por varias razones. Destaco tres: una, causa estragos en la eficiencia de atención que se ofrece a la ciudadanía, ante tanta improvisación, curvas de aprendizaje y reanálisis de proyectos; dos, todo eso tiene a su vez un costo financiero, sea por modificaciones, retrasos o rediseños de obras y programas; y tres, en un terreno muy lastimoso, se está dando forma a una nueva clase de servidores públicos cuyas características más relevantes no son los conocimientos, la experiencia, los méritos o siquiera la capacidad de aprendizaje, sino el servilismo, la abyección y tolerancia a la humillación.
Vuelvo brevemente al tema de lo cualitativo en esta aguda inestabilidad de la administración gallardista. Basten unos pocos ejemplos: el primer titular de la importante Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos fue un mini empresario panadero y lo sustituyó una delegada regional de la Secretaría de Turismo; la ex secretaria técnica del gabinete, cuyo antecedente curricular más relevante es haber sido reina de un carnaval pueblerino en Veracruz, sin ningún título profesional ni cosa que se le parezca, acaba de ser enviada a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
En la SEGE, a donde originalmente llegó un abogado con doctorado en educación, lo sustituyeron con un diseñador gráfico cuya calificación mayor es ser pariente de los que mandan. En Turismo comenzó alguien con amplia experiencia y buenos resultados en la materia. A poco andar la sustituyeron con una joven que venía de ganar un certamen de belleza pero que de turismo no sabía nada. Duró poco y la relevó un arquitecto experto en preservación de monumentos, pero que no tiene clara la diferencia entre hotel y motel.
Sería fácil quedarse en que nombramientos y cambios tan abundantes, poco afortunados y algunos de plano deschavetados, son producto de la impreparación, la improvisación, las ocurrencias y los caprichos, pero yo creo que hay algo más de fondo, algo que nada en aguas profundas y oscuras: temor a la inteligencia, el brillo, el talento o los conocimientos ajenos. No solo como evasión de la comparación desventajosa sino como reflejo de cierto malestar del alma.
INSISTO: MERECEN CÁRCEL
Han llegado nuevos datos sobre el desafortunadísimo incidente en el penal de La Pila que costó la vida de dos agentes de la Guardia Civil del Estado. Para empezar, uno de ellos (cuyo nombre me reservo para no lastimar más a su familia), tenía 11 años sin cumplir funciones operativas en la corporación. Últimamente estaba comisionado en el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde monitoreaba medios. Para peor, le faltaban cinco meses para jubilarse. Su compañero también asesinado, era un novato sin experiencia en operativos de riesgo.
El titular de la SSPC y sus principales mandos sabían que al realizar el traslado del peligroso reo que se había apoderado del autogobierno, inevitablemente habría una reacción violenta, porque además se abría una coyuntura para que ese apreciado y rentable control cambiara de manos entre grupos delictivos rivales.
Ante un escenario así, había que observar con extremo cuidado tres aspectos: el primero, que la hora, objetivos y tácticas de la operación no fueran conocidas más que por unos pocos mandos; segundo, que los reos todos deberían estar encerrados bajo llave en sus celdas a la hora de madrugada que se inició la incursión, y que la misión debía cumplirse con una fuerza abrumadora para desalentar o someter cualquier reacción.
Ninguno se cumplió: todos los detalles de la operación eran conocidos por mucha gente desde el día anterior e incluso circularon en redes; al momento de la acción, los reclusos, por lo menos un gran número de ellos, andaban libres en los patios de los dormitorios, aparentemente sabiendo ya lo que estaba por ocurrir, armados con lo que podían, y el contingente utilizado fue ridículamente bajo: entre 30 y 35 agentes de la GCE (algunos novatos o inactivos, como los dos fallecidos); un número semejante de custodios del propio penal (que desde hace años enfrenta un severo déficit de esa clase de elementos), y un escuadrón de respuesta rápida en el exterior para alguna emergencia. La emergencia se presentó, pero la respuesta fue lenta. Se les ordenó actuar cuando ya la tragedia había ocurrido.
Hemos consultado a expertos en la materia, y hay unanimidad medular en las opiniones: si el propósito no era únicamente descongestionar La Pila sino romper el autogobierno, pero con el riesgo de que pasara de manos de un grupo criminal a otro, debió asegurarse que todos los internos estuvieran en sus celdas bajo llave, y si la intención era extraer para su traslado a 150 de ellos, las fuerzas del orden debieron acudir con no menos de 400 elementos, más incluso.
Dos datos que no pueden quedarse en el tintero: el día del operativo-motín el ya destituido director del penal andaba de vacaciones. Aparentemente no se le quería enterar previamente por estar bajo el control de los reos más peligrosos. Lo hubieran destituido semanas antes. Los cuerpos de los agentes sacrificados fueron devueltos por los propios reos en una carretilla.
Ya el honestísimo Fiscal General del Estado salió a querer parar la pelota diciendo que se ha iniciado una carpeta de investigación y se llegará al fondo de lo sucedido. Dudo que haga algo. Es un simple gato de angora.
COMPRIMIDOS
Poco hay que no se haya dicho ya sobre el debate de las candidatas y el candidato presidenciales. Como los expertos lo indican siempre, lo más importante suele ser el post debate, donde ya entran en juego otras fuerzas (estrategas, encuestadores, comunicólogos, líderes de opinión y sígale usted) para tratar de inclinar la balanza de la opinión pública en un sentido u otro. Esta vez, sin embargo, no había mucho qué discutir en cuanto a que el evento favoreció más a Claudia. Pero mire usted que aparece el martes un enojadísimo presidente López Obrador reclamando que nadie en el debate reconoció nada de lo bueno que ha hecho su administración. Con buena lógica, la única de quien podía esperar eso era justamente de Claudia. ¿Es con ella el enojo?
Dijo hace unos días el gobernador Gallardo que continuar la vía alterna hasta el Eje 122 de la Zona Industrial le costaría a su gobierno unos 200 millones de pesos, mientras que “los de antes” tenían presupuestados más de 600. Ya encarrerado sostuvo que para llevarla hasta el Eje 140 el año próximo, serán suficientes 2 mil millones, contra los 8 mil y pico que se habían presupuestado. Hasta donde se supo siempre, esa obra era federal. La canceló López Obrador por ahí del 2021. Que yo recuerde, Juan Manuel Carreras ni intentó continuarla, pues ya iba de salida y no tenía recursos suficientes. Así las cosas ¿Gallardo se refirió al gobierno de López Obrador cuando acusó que alguien con fines aviesos triplicaba o cuadruplicada presupuestos? ¿O no entendí bien?
A propósito de obras, los vecinos de San Miguelito cada vez se convencen más de que las enormes molestias y hasta sufrimientos que les están causando las obras de regeneración urbana, sobre todo por su lentitud y desconsideración, son en realidad un acto de venganza del gobierno estatal, por haberse atrevido a ampararse en contra del destructivo proyecto original.
Hasta el próximo jueves.
