México tiene un gran reto por resolver en materia de confianza, credibilidad y legitimidad. ¿Por qué cada día desconfiamos más de nuestras instituciones y de las decisiones que toman los servidores públicos?
Desde la percepción ciudadana, la democracia está fallando pues muchos de los procedimientos a través de los cuales se están tomando las decisiones en la administración pública suelen ser improvisados, sesgados, cerrados, confusos y opacos, pero sobre todo carentes de regulación y suficiente información que permita que el ciudadano distinga cuáles podrían ser las mejores soluciones a los problemas públicos.
Se percibe pues que son “procesos discrecionales”. Es decir, que las decisiones no obedecen a una normativa concreta, diagnósticos serios, o estudios de impacto; sino que se basan en el criterio individual de “alguien”, que, si bien fue elegido democráticamente, una vez que tuvo que tomar decisiones en el gobierno, olvidó acercarse a sus electores e incluso a sus detractores para respaldar y validar sus sugerencias y opiniones.
Si bien es una realidad que los decisores en el gobierno deben trabajar en contextos complejos que implican poco tiempo para analizar cuál puede ser la mejor alternativa para resolver un problema público, con poco presupuesto y muchas veces con mínima información, lo anterior da pauta a generar prácticas no democráticas y la percepción de corrupción hacia adentro y hacia afuera del gobierno; como consecuencia, un escepticismo social para participar activamente en los procesos de decisiones que toman nuestros representantes.
Los últimos Informes de Latinobarómetro argumentan claramente que el 2018 fue un año en el que cayeron dramáticamente todos los indicadores económicos políticos y sociales en América Latina, algunos de los cuales alcanzan las cifras más negativas desde el inicio de las mediciones en 1995. En el año 2017, el declive de la democracia en la región se acentúo con bajas sistemáticas del apoyo y la satisfacción ciudadana en la democracia, y se tiene la percepción de que se gobierna para unos pocos. En México, por ejemplo, los avances se muestran más en los indicadores económicos, pero no tanto en los políticos y sociales. Es como una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía y el mundo del poder político.
Es cierto, los ciudadanos en nuestro país no se sienten incluidos ni tomados en cuenta para decidir sobre sus propios recursos, y reclaman que, aunque tienen acceso a cierta información pública, ésta no les es útil para participar y sugerir cómo mejorar las cosas desde abajo. Ya que pareciera que el gobierno no los escucha ni los toma en cuenta.
Lo que la sociedad espera es que el gobierno le dé datos estratégicos, de impacto y que sean resultado de estudios hechos por expertos; y busca mayor claridad respecto a los procesos y las decisiones que se toman arriba; en el mejor de los casos, que se les tome en cuenta para decidir sobre los asuntos públicos en sus localidades. Hay muchos retos en México, y en estos días se están manifestando en exceso.
La sociedad está despertando y exige que se le tome en cuenta y que se aperturen más espacios para opinar e incidir. Que se implementen modelos y esquemas de Gobierno Abierto para administrar mejor lo público entre todos. A la ciudadanía no le basta con levantar la mano en los eventos públicos. Hoy los mexicanos apuestan por la transparencia y la rendición de cuentas, y que en verdad se fomente e impulse la participación ciudadana.
La gente busca cada día estar más informada, saber cómo y porqué se toman tales o cuales decisiones públicas. El gobierno por su parte, de la mano del ciudadano, debiese accionar más prácticas democráticas; la inclusión de todos; un Gobierno Abierto. No sólo en el poder ejecutivo. Debiera proponer y promover un “Estado Abierto”, en el que se invite a colaborar activamente a los otros dos poderes del Estado, y amén de sus procesos internos, sus atribuciones y autonomías, impulsar la participación ciudadana para que exista certeza y confianza en las autoridades y sus decisiones.
En el discurso, México ha intentado mejorar la calidad de la democracia y prevenir y combatir la corrupción a través de la implementación de una serie de acciones, mecanismos y normativa en la materia para procurar que la sociedad pueda ejercer plenamente sus derechos de acceso a la información pública y de petición; por ende, de participación.
El ciudadano entonces debe involucrarse, pasar de ese discurso y actuar. El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de involucrarlo, impulsando mecanismos de participación más eficaces y con menos simulación. Se tiene que pasar de la simple entrega de datos e información técnica por mera formalidad, a la explicación sustantiva y asertiva con lenguaje ciudadano para que la sociedad comprenda y realmente logre involucrarse.
¡A todos nos toca! Debemos permanecer siempre vigilantes de que nuestros gobernantes den ese importante paso. Que transiten de una democracia meramente electoral a una democracia procedimental y participativa durante toda su administración. Para que se dejen de tomar tantas decisiones improvisadas. Debemos vigilar y exigir. Asumir cada quien lo que nos toca, y hacer realidad el anhelo de acercar a la sociedad con el gobierno para trabajar colaborativamente en las acciones públicas. De esta manera, se reforzará la calidad de la democracia en el país, habrá mayor apertura gubernamental y en consecuencia participación ciudadana.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com