Fue, pues, la necesidad
quien obligó a los hombres a ceder parte de su libertad propia en aras de contrarrestar lo que turbaba
la tranquilidad pública y la inquietud de los ciudadanos, el fin, no es otro que impedir que se causen daños
a los ciudadanos.
Cesare Beccaria
El intento de linchamiento a un presunto ladrón en el fraccionamiento cactus, en el municipio conurbado de Soledad, la segunda de estas conductas en 15 días, resulta muy preocupante para la sociedad potosina, obligándonos a cuestionarnos sobre las causas que propician su irrupción, al mismo tiempo, en establecer reflexivamente acciones a manera de una prevención general, que tiendan a disuadir el uso de la “justicia por propia mano”.
La CNDH ha emitido una alerta sobre la proliferación de estos usos, así, en lo que va del año, el organismo protector de derechos humanos contabiliza 25 ejecuciones, y 40 intentos fallidos, debido a que las personas fueron aseguradas por distintas autoridades.
A penas hace casi un mes fuimos testigos del linchamiento de dos campesinos, en el municipio de Acatlán Puebla, acusados de ser “robachicos”, lo cual fue desmentido completamente por la Fiscalía General de aquella entidad, el punto es, que desde las redes sociales miramos con horror, un video en el cual son ejecutados con una crueldad y desprecio por la dignidad humana, al ser incinerados vivos frente a la mirada complaciente de los pobladores.
Lo despreciable de los linchamientos, es que una multitud enaltecida por las circunstancias, e incluso, a veces sólo por rumores de oídas, decide la suerte de las personas sospechosas o señaladas, es así, que en un acto brevísimo –tal vez minutos- los acusa, dicta sentencia de culpabilidad, y ejecuta la sanción, muchas veces se trata de la pena capital o de muerte.
Es decir, lo que a los órganos jurisdiccionales del Estado se les obliga a seguir una serie de pasos o etapas legales, a manera que se constate que efectivamente sucedió una conducta antisocial reprochable por la ley penal, dando la oportuna y completa defensa al sospechoso, además, en donde la sanción deberá ser proporcional a la falta misma, y que también, partimos de la convicción de que un infractor puede reinsertarse en la sociedad, generalmente a partir del trabajo y la educación.
Pero ¿qué es lo lleva a una comunidad a desconocer las reglas básicas de la sanción penal hacia personas que han alterado la paz pública? ¿Por qué apropiarse de una de las funciones más esenciales del Estado, como lo es, la administración de justicia o la prevención del delito? Lo anterior refleja en sí una contradicción al “pacto social” que se establece en las comunidades para garantizar la armonía entre vecinos, dotando al Estado de la fuerza legítima para disuadir y castigar las conductas que consideramos como antisociales y antijurídicas.
Soy ferviente creyente de la enorme valía del derecho penal para garantizar una sana convivencia comunal, desde luego, siempre ceñido a las reglas de un Estado democrático y respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos.
Como dice el penalista mexicano Enrique Díaz Aranda (2017), la falta de respeto a las normas da lugar a una sensación de inseguridad de los bienes más importantes para el individuo propiciada por la corrupción e impunidad, sin embargo, este sentimiento de frustración no se revertirá, a no ser, que se instrumente un efectivo sistema de prevención del delito.
Por eso, las autoridades políticas y policíacas no deben minimizar la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad, del Inegi, aunque sus resultados sean por demás reprobatorios para San Luis Potosí, que para 2017 señala a un 81.3% de potosinos y potosinas que dicen sentirse inseguros en nuestra entidad.
Se equivocan las autoridades al negar esta realidad, pues es aquí, donde germina el sentimiento de impotencia que terminará por articular una comunidad a auto protegerse, ignorando con ello –como hemos dicho- presupuestos básicos y fundamentales en la impartición de la justicia penal.
Decía en la semana el Secretario estatal de Seguridad Pública en SLP, Ernesto Pineda ¿Si la sociedad potosina no confía en la policía entonces en quien va a confiar? Pues me parece señor Secretario, que ese es precisamente la raíz del problema ¿no lo cree Usted amiga lectora amigo lector?
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
quien obligó a los hombres a ceder parte de su libertad propia en aras de contrarrestar lo que turbaba
la tranquilidad pública y la inquietud de los ciudadanos, el fin, no es otro que impedir que se causen daños
a los ciudadanos.
Cesare Beccaria
El intento de linchamiento a un presunto ladrón en el fraccionamiento cactus, en el municipio conurbado de Soledad, la segunda de estas conductas en 15 días, resulta muy preocupante para la sociedad potosina, obligándonos a cuestionarnos sobre las causas que propician su irrupción, al mismo tiempo, en establecer reflexivamente acciones a manera de una prevención general, que tiendan a disuadir el uso de la “justicia por propia mano”.
La CNDH ha emitido una alerta sobre la proliferación de estos usos, así, en lo que va del año, el organismo protector de derechos humanos contabiliza 25 ejecuciones, y 40 intentos fallidos, debido a que las personas fueron aseguradas por distintas autoridades.
A penas hace casi un mes fuimos testigos del linchamiento de dos campesinos, en el municipio de Acatlán Puebla, acusados de ser “robachicos”, lo cual fue desmentido completamente por la Fiscalía General de aquella entidad, el punto es, que desde las redes sociales miramos con horror, un video en el cual son ejecutados con una crueldad y desprecio por la dignidad humana, al ser incinerados vivos frente a la mirada complaciente de los pobladores.
Lo despreciable de los linchamientos, es que una multitud enaltecida por las circunstancias, e incluso, a veces sólo por rumores de oídas, decide la suerte de las personas sospechosas o señaladas, es así, que en un acto brevísimo –tal vez minutos- los acusa, dicta sentencia de culpabilidad, y ejecuta la sanción, muchas veces se trata de la pena capital o de muerte.
Es decir, lo que a los órganos jurisdiccionales del Estado se les obliga a seguir una serie de pasos o etapas legales, a manera que se constate que efectivamente sucedió una conducta antisocial reprochable por la ley penal, dando la oportuna y completa defensa al sospechoso, además, en donde la sanción deberá ser proporcional a la falta misma, y que también, partimos de la convicción de que un infractor puede reinsertarse en la sociedad, generalmente a partir del trabajo y la educación.
Pero ¿qué es lo lleva a una comunidad a desconocer las reglas básicas de la sanción penal hacia personas que han alterado la paz pública? ¿Por qué apropiarse de una de las funciones más esenciales del Estado, como lo es, la administración de justicia o la prevención del delito? Lo anterior refleja en sí una contradicción al “pacto social” que se establece en las comunidades para garantizar la armonía entre vecinos, dotando al Estado de la fuerza legítima para disuadir y castigar las conductas que consideramos como antisociales y antijurídicas.
Soy ferviente creyente de la enorme valía del derecho penal para garantizar una sana convivencia comunal, desde luego, siempre ceñido a las reglas de un Estado democrático y respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos.
Como dice el penalista mexicano Enrique Díaz Aranda (2017), la falta de respeto a las normas da lugar a una sensación de inseguridad de los bienes más importantes para el individuo propiciada por la corrupción e impunidad, sin embargo, este sentimiento de frustración no se revertirá, a no ser, que se instrumente un efectivo sistema de prevención del delito.
Por eso, las autoridades políticas y policíacas no deben minimizar la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad, del Inegi, aunque sus resultados sean por demás reprobatorios para San Luis Potosí, que para 2017 señala a un 81.3% de potosinos y potosinas que dicen sentirse inseguros en nuestra entidad.
Se equivocan las autoridades al negar esta realidad, pues es aquí, donde germina el sentimiento de impotencia que terminará por articular una comunidad a auto protegerse, ignorando con ello –como hemos dicho- presupuestos básicos y fundamentales en la impartición de la justicia penal.
Decía en la semana el Secretario estatal de Seguridad Pública en SLP, Ernesto Pineda ¿Si la sociedad potosina no confía en la policía entonces en quien va a confiar? Pues me parece señor Secretario, que ese es precisamente la raíz del problema ¿no lo cree Usted amiga lectora amigo lector?
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.