A solo tres días del final del año, inicio mi trabajo de hoy para desearle un año 2019 venturoso, con salud y bienestar para todos los suyos y agradecerle la atención que ha venido prestando a esta columna desde hace ya un buen tiempo, y que es expresión de una opinión sincera que puede o no coincidir con la suya, pero solo tiene el propósito de ofrecer un punto de vista que resulte siempre constructivo, sobre el acontecer político de nuestro país y de nuestro entorno local y que sea usted el mejor juez del mismo. También mi trabajo en esta página de opinión de Pulso, busca ejercitar el derecho a ejercer la crítica a quienes gobiernan, sin distingo de partido, con libertad y con veracidad.
Porque estoy convencido de que ejercer la libertad para criticar al gobernante, es un derecho, que, como todos los derechos humanos, si no se practican con persistencia, con constancia, se atrofian, se vuelven vulnerables y débiles. Porque el incienso al poderoso, es fácil, es cómodo y a veces hasta redituable; pero de esa manera, se traiciona la verdad, se socava la vida social y se engaña a las personas. Cuando quienes gobiernan, lo hacen con respeto a los ciudadanos y a sus derechos y libertades, es de justicia reconocerlo públicamente, pero cuando caen en el error, en el engaño, en la codicia por el dinero fácil o en la soberbia, es justo y necesario decirlo. Ante el abuso, ante la prepotencia, frente al error y frente a la corrupción, creo que es un crimen guardar silencio.
En los tiempos que corren, nuestra patria reclama voces y acciones de ciudadanos libres que defiendan nuestras libertades y superen el temor a la represalia del poderoso, porque quedarse callado es dar permiso de continuar el abuso y la opresión. Es volverse cómplice del que abusa, del que reprime, del que avasalla y tarde o temprano también será su víctima.
Así, estamos al final del 1er. mes del mandato de 72 meses en la presidencia de López Obrador y a seis meses de que inició su agenda política (desde julio 1º), y, sabiendo que urgen cambios de fondo en el sistema político y en las prácticas de los que gobiernan, surgen muchas dudas sobre algunas de las decisiones que está tomando el nuevo presidente, junto con su mayoría en las dos cámaras legislativas, que creo que ya han despertado gran inconformidad aun entre sus cercanos colaboradores (Tatiana Clouthier), y la crítica de grandes sectores de la sociedad mexicana y de muchos observadores externos de nuestra realidad. Tres de las decisiones que me parecen de mayor riesgo en el corto y largo plazo para el país, son sin duda la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la C. de México, que le generará a la nación un desperdicio inmenso de recursos que tanta falta hacen para solventar apremiantes necesidades sociales y marca a este gobierno como poco serio y digno de confianza; en segundo lugar, la militarización del país aumentando grandemente el presupuesto de Sría. de la Defensa, en una fórmula que ya demostró en los últimos 12 años que, en lugar de reducirla, ha incrementado la inseguridad en casi todo el país, violenta la Constitución y socava la responsabilidad de las autoridades locales para cumplir su deber de brindar seguridad.
Y, en tercer lugar, preocupan también grandemente, los llamados superdelegados que designará para cada estado de la república, con atribuciones y responsabilidades que claramente vulneran el principio federal con el que nos constituimos como nación. Serán los encargados de promover los planes y programas que emprenda el gobierno de AMLO y responderán directamente al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, que estará directamente bajo el mando del Ejecutivo a través de la Oficina de la Presidencia y formarán parte de la futura Secretaría Del Bienestar “para que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios”, según el decir de la secretaria Olga Sánchez Cordero.
Sin embargo, el PAN y el PRI advierten que en la práctica los Superdelegados serán operadores electorales y además un enlace entre el gobierno federal y cada estado y tendrán el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios. Dijeron además que la idea de los superdelegados da la impresión de ser mas bien una “fábrica de precandidatos”. En lo esencial, decimos nosotros es un paso atrás de un gobierno centralizador y un presidencialismo que asfixia y agota los esfuerzos de toda la nación.
Por otra parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el de Jalisco Enrique Alfaro, ya levantaron la voz y se unieron para dar la batalla en la defensa por el federalismo y la Democracia, luego de que ambos señalaron que “el presupuesto de Egresos 2019, tiene una visión centralista.” Añadió Corral a través de redes sociales que “la vulneración del federalismo es apenas el inicio de lo que vendrá y aseguró que la democracia también se verá afectada en el futuro”.
Corral propone que “hay que luchar por un nuevo Acuerdo de Coordinación Fiscal o descoordinarnos”.
Por su parte el gobernador de Jalisco afirmó que “el presupuesto del 2019, se centraliza en los intereses del gobierno federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local”. En seguida añadió Corral que todos los gobernadores debieran unirse en la batalla por el Federalismo y proponer en una nueva Convención Nacional Hacendaria, revisar las fórmulas de distribución de las Participaciones y que se transparenten los mecanismos de asignación”.
Y yo añadiría que más allá de eso, hay que rediseñar todo el sistema fiscal que le de a los estados y municipios facultades fiscales que eliminen o disminuyan la perniciosa dependencia que tienen los estados y municipios del gobierno central que acapara mas de un 92% de toda la masa fiscal de la nación, para establecer un sano equilibrio entre los impuestos que pagan los ciudadanos a nivel municipal, estatal y federal, con los servicios que le presta cada nivel de gobierno y con la capacidad tributaria de los contribuyentes.
Porque estoy convencido de que ejercer la libertad para criticar al gobernante, es un derecho, que, como todos los derechos humanos, si no se practican con persistencia, con constancia, se atrofian, se vuelven vulnerables y débiles. Porque el incienso al poderoso, es fácil, es cómodo y a veces hasta redituable; pero de esa manera, se traiciona la verdad, se socava la vida social y se engaña a las personas. Cuando quienes gobiernan, lo hacen con respeto a los ciudadanos y a sus derechos y libertades, es de justicia reconocerlo públicamente, pero cuando caen en el error, en el engaño, en la codicia por el dinero fácil o en la soberbia, es justo y necesario decirlo. Ante el abuso, ante la prepotencia, frente al error y frente a la corrupción, creo que es un crimen guardar silencio.
En los tiempos que corren, nuestra patria reclama voces y acciones de ciudadanos libres que defiendan nuestras libertades y superen el temor a la represalia del poderoso, porque quedarse callado es dar permiso de continuar el abuso y la opresión. Es volverse cómplice del que abusa, del que reprime, del que avasalla y tarde o temprano también será su víctima.
Así, estamos al final del 1er. mes del mandato de 72 meses en la presidencia de López Obrador y a seis meses de que inició su agenda política (desde julio 1º), y, sabiendo que urgen cambios de fondo en el sistema político y en las prácticas de los que gobiernan, surgen muchas dudas sobre algunas de las decisiones que está tomando el nuevo presidente, junto con su mayoría en las dos cámaras legislativas, que creo que ya han despertado gran inconformidad aun entre sus cercanos colaboradores (Tatiana Clouthier), y la crítica de grandes sectores de la sociedad mexicana y de muchos observadores externos de nuestra realidad. Tres de las decisiones que me parecen de mayor riesgo en el corto y largo plazo para el país, son sin duda la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la C. de México, que le generará a la nación un desperdicio inmenso de recursos que tanta falta hacen para solventar apremiantes necesidades sociales y marca a este gobierno como poco serio y digno de confianza; en segundo lugar, la militarización del país aumentando grandemente el presupuesto de Sría. de la Defensa, en una fórmula que ya demostró en los últimos 12 años que, en lugar de reducirla, ha incrementado la inseguridad en casi todo el país, violenta la Constitución y socava la responsabilidad de las autoridades locales para cumplir su deber de brindar seguridad.
Y, en tercer lugar, preocupan también grandemente, los llamados superdelegados que designará para cada estado de la república, con atribuciones y responsabilidades que claramente vulneran el principio federal con el que nos constituimos como nación. Serán los encargados de promover los planes y programas que emprenda el gobierno de AMLO y responderán directamente al Coordinador General de Programas para el Desarrollo, que estará directamente bajo el mando del Ejecutivo a través de la Oficina de la Presidencia y formarán parte de la futura Secretaría Del Bienestar “para que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios”, según el decir de la secretaria Olga Sánchez Cordero.
Sin embargo, el PAN y el PRI advierten que en la práctica los Superdelegados serán operadores electorales y además un enlace entre el gobierno federal y cada estado y tendrán el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios. Dijeron además que la idea de los superdelegados da la impresión de ser mas bien una “fábrica de precandidatos”. En lo esencial, decimos nosotros es un paso atrás de un gobierno centralizador y un presidencialismo que asfixia y agota los esfuerzos de toda la nación.
Por otra parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el de Jalisco Enrique Alfaro, ya levantaron la voz y se unieron para dar la batalla en la defensa por el federalismo y la Democracia, luego de que ambos señalaron que “el presupuesto de Egresos 2019, tiene una visión centralista.” Añadió Corral a través de redes sociales que “la vulneración del federalismo es apenas el inicio de lo que vendrá y aseguró que la democracia también se verá afectada en el futuro”.
Corral propone que “hay que luchar por un nuevo Acuerdo de Coordinación Fiscal o descoordinarnos”.
Por su parte el gobernador de Jalisco afirmó que “el presupuesto del 2019, se centraliza en los intereses del gobierno federal, ignorando las necesidades que surgen desde lo local”. En seguida añadió Corral que todos los gobernadores debieran unirse en la batalla por el Federalismo y proponer en una nueva Convención Nacional Hacendaria, revisar las fórmulas de distribución de las Participaciones y que se transparenten los mecanismos de asignación”.
Y yo añadiría que más allá de eso, hay que rediseñar todo el sistema fiscal que le de a los estados y municipios facultades fiscales que eliminen o disminuyan la perniciosa dependencia que tienen los estados y municipios del gobierno central que acapara mas de un 92% de toda la masa fiscal de la nación, para establecer un sano equilibrio entre los impuestos que pagan los ciudadanos a nivel municipal, estatal y federal, con los servicios que le presta cada nivel de gobierno y con la capacidad tributaria de los contribuyentes.