El 90 % de los potosinos perciben que en San Luis Potosí hay actos de corrupción en el gobierno (véase la gráfica); ¿Por qué? pareciera que los gobiernos locales están diseñados para facilitarla, su estructura legal es compleja, sus procesos son ambiguos y sus actores persiguen intereses particulares; esto permite que se lleven a cabo acciones al margen de la ley y la ética pública, en contra del uso eficiente, transparente y legítimo de recursos públicos. La corrupción no es casualidad sino resultado de actos racionalmente planeados, para combatirla no es suficiente hacerlo mediante leyes, es necesario modificar el comportamiento de los actores.
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), INEGI, 2017
La corrupción es una práctica que surge, se genera y se reproduce en un entorno social, político y legal que la impulsa, el centro de atención no deben ser las personas sino el entorno que permite sus actos deshonestos; la corrupción se desarrolla en condiciones de opacidad, discrecionalidad, impunidad y captura de las decisiones y acciones de política pública. Quienes toman decisiones en este entorno abusan de los recursos públicos, no generan utilidad social, sino que solo incrementan su riqueza personal.
Esta situación se genera porque el sistema político otorga a sus miembros facultades discrecionales con amplias atribuciones para tomar una decisión; es una red de complicidades, donde predomina la impunidad, sustentada en acuerdos generados en relaciones personales; un entramado de actores que turnan beneficios en un proceso que tiene inicio, pero no tiene fin. La corrupción se representa en oportunidades que tienen los actores para hacer negocios personales con recursos públicos.
La corrupción no es por un actor en lo individual, son un conjunto de actores que actúan en complicidad, tanto al interior como al exterior del gobierno, es una red que no tiene uno sino diversos centros, cada uno actúa con la complicidad de los demás. La primera causa es la ambigüedad de las leyes, seguida por la ambición desmedida de sus protagonistas, quienes obtienen un beneficio, aún no terminan de disfrutarlo y ya quieren más, no hay recursos públicos que alcancen para terminar con su voracidad.
La corrupción no es una cultura sino un acto de abuso, que opera mediante redes de complicidad que funcionan en la opacidad total. En el ámbito local es fácil saber dónde está, aunque nos hacemos como si no pasara nada; está en la obra pública, realizada con costos altamente elevados y calidad deplorable, los materiales con los que se realizan se adquieren a precios que duplican en mucho su costo unitario, esto se percibe en pavimentaciones, electrificaciones, construcciones de pozos, puentes, aulas, la lista es interminable.
Lo más cínico y descarado es que los primeros y casi únicos beneficiaros son los actores gubernamentales, que cuentan con la complicidad de actores privados que se presentan a la simulación en los procesos de licitación, ya sea presentado precios inflados o por acuerdos previos para que determinadas empresas sean las ganadoras. De no existir estos acuerdos, la obra pública tendría un costo hasta de un 60 o 70 % menos; la utilidad privada es alta, por eso el dinero ilegal que se pone en las campañas electorales se percibe como inversión, saben que lo recuperarán.
Combatir la corrupción no es una tarea fácil ni sencilla, pero un primer paso es la competencia y alternancia política en el gobierno local ya que permite la fragmentación del poder político; la primera permite que los actores políticos se vigilen y controlen unos a otros, la alternancia por su parte, permite la renovación de funcionarios y trabajadores de la administración pública, con lo cual los abusos de poder pueden quedar al descubierto y disminuir las posibilidades de éxito de la impunidad.
Otra forma de combatir la corrupción es modificando y renovando la estructura de poder local, romper con la complicidad y su opacidad, ya que son las causas que permiten la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. El instrumento para lograrlo es el voto y el operador es la sociedad, quien debe estar atenta a los actos de corrupción, y acudir a las urnas a castigar a los corruptos; deben ser capaces de ver más allá de las ilusiones que se venden en los procesos electorales, estar conscientes que los actos de los gobernantes no son del pueblo ni para el pueblo, son para incrementar su patrimonio personal.
Una tercera manera de romper con las redes de corrupción es operar sistemas estatales anticorrupción; sin embargo, estos no están operando en México, principalmente porque los sistemas políticos locales quieren capturar no solo su estructura, sino también su funcionamiento. Se busca por todos los medios construir los sistemas con actores a modo o a aliados políticos, lo cual, aunado a la ingenuidad y falta de experiencia política de los actores de la sociedad, ha generado que estos sean solo una ilusión.
La estructura y funcionamiento de los sistemas políticos locales favorece y privilegia a ciertos sectores privados, abusando de los demás; estos no generan valor público en sus decisiones de política pública y sólo acuden a la sociedad un par de veces durante tiempos electorales, en el resto del tiempo la ignoran, desprecian e incluso discriminan. Durante el mayor tiempo de gestión, los partidos se encierran a piedra y lodo para tomar decisiones mientras presumen obras publicas de mala calidad y con altos costos; no es de extrañar que los niveles de credibilidad de la acción gubernamental es muy baja.
La sociedad mexicana está harta de la corrupción y la impunidad, está desilusionada de la clase política y desconfía de sus acciones, la ciudadanía deposita su esperanza en actores políticos que percibe congruentes en su vida personal y su vida pública; sin embargo, combatir la corrupción no es un asunto de voluntad política para quitar actores de la toma de decisión pública, es desmantelar poderosas redes que actúan en la opacidad y discrecionalidad total, la tarea es complicada. Es válido tener ilusiones y actuar en favor de ellas, no obstante, no es suficiente.
@jszslp
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), INEGI, 2017
La corrupción es una práctica que surge, se genera y se reproduce en un entorno social, político y legal que la impulsa, el centro de atención no deben ser las personas sino el entorno que permite sus actos deshonestos; la corrupción se desarrolla en condiciones de opacidad, discrecionalidad, impunidad y captura de las decisiones y acciones de política pública. Quienes toman decisiones en este entorno abusan de los recursos públicos, no generan utilidad social, sino que solo incrementan su riqueza personal.
Esta situación se genera porque el sistema político otorga a sus miembros facultades discrecionales con amplias atribuciones para tomar una decisión; es una red de complicidades, donde predomina la impunidad, sustentada en acuerdos generados en relaciones personales; un entramado de actores que turnan beneficios en un proceso que tiene inicio, pero no tiene fin. La corrupción se representa en oportunidades que tienen los actores para hacer negocios personales con recursos públicos.
La corrupción no es por un actor en lo individual, son un conjunto de actores que actúan en complicidad, tanto al interior como al exterior del gobierno, es una red que no tiene uno sino diversos centros, cada uno actúa con la complicidad de los demás. La primera causa es la ambigüedad de las leyes, seguida por la ambición desmedida de sus protagonistas, quienes obtienen un beneficio, aún no terminan de disfrutarlo y ya quieren más, no hay recursos públicos que alcancen para terminar con su voracidad.
La corrupción no es una cultura sino un acto de abuso, que opera mediante redes de complicidad que funcionan en la opacidad total. En el ámbito local es fácil saber dónde está, aunque nos hacemos como si no pasara nada; está en la obra pública, realizada con costos altamente elevados y calidad deplorable, los materiales con los que se realizan se adquieren a precios que duplican en mucho su costo unitario, esto se percibe en pavimentaciones, electrificaciones, construcciones de pozos, puentes, aulas, la lista es interminable.
Lo más cínico y descarado es que los primeros y casi únicos beneficiaros son los actores gubernamentales, que cuentan con la complicidad de actores privados que se presentan a la simulación en los procesos de licitación, ya sea presentado precios inflados o por acuerdos previos para que determinadas empresas sean las ganadoras. De no existir estos acuerdos, la obra pública tendría un costo hasta de un 60 o 70 % menos; la utilidad privada es alta, por eso el dinero ilegal que se pone en las campañas electorales se percibe como inversión, saben que lo recuperarán.
Combatir la corrupción no es una tarea fácil ni sencilla, pero un primer paso es la competencia y alternancia política en el gobierno local ya que permite la fragmentación del poder político; la primera permite que los actores políticos se vigilen y controlen unos a otros, la alternancia por su parte, permite la renovación de funcionarios y trabajadores de la administración pública, con lo cual los abusos de poder pueden quedar al descubierto y disminuir las posibilidades de éxito de la impunidad.
Otra forma de combatir la corrupción es modificando y renovando la estructura de poder local, romper con la complicidad y su opacidad, ya que son las causas que permiten la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. El instrumento para lograrlo es el voto y el operador es la sociedad, quien debe estar atenta a los actos de corrupción, y acudir a las urnas a castigar a los corruptos; deben ser capaces de ver más allá de las ilusiones que se venden en los procesos electorales, estar conscientes que los actos de los gobernantes no son del pueblo ni para el pueblo, son para incrementar su patrimonio personal.
Una tercera manera de romper con las redes de corrupción es operar sistemas estatales anticorrupción; sin embargo, estos no están operando en México, principalmente porque los sistemas políticos locales quieren capturar no solo su estructura, sino también su funcionamiento. Se busca por todos los medios construir los sistemas con actores a modo o a aliados políticos, lo cual, aunado a la ingenuidad y falta de experiencia política de los actores de la sociedad, ha generado que estos sean solo una ilusión.
La estructura y funcionamiento de los sistemas políticos locales favorece y privilegia a ciertos sectores privados, abusando de los demás; estos no generan valor público en sus decisiones de política pública y sólo acuden a la sociedad un par de veces durante tiempos electorales, en el resto del tiempo la ignoran, desprecian e incluso discriminan. Durante el mayor tiempo de gestión, los partidos se encierran a piedra y lodo para tomar decisiones mientras presumen obras publicas de mala calidad y con altos costos; no es de extrañar que los niveles de credibilidad de la acción gubernamental es muy baja.
La sociedad mexicana está harta de la corrupción y la impunidad, está desilusionada de la clase política y desconfía de sus acciones, la ciudadanía deposita su esperanza en actores políticos que percibe congruentes en su vida personal y su vida pública; sin embargo, combatir la corrupción no es un asunto de voluntad política para quitar actores de la toma de decisión pública, es desmantelar poderosas redes que actúan en la opacidad y discrecionalidad total, la tarea es complicada. Es válido tener ilusiones y actuar en favor de ellas, no obstante, no es suficiente.
@jszslp