Criminalización (por el Gobierno)

La criminalización de los ambientalistas en México y en diversas partes del mundo plantea un desafío significativo que resalta la colisión entre los intereses económicos y políticos, por un lado, y la incansable defensa del medio ambiente, por otro. Este fenómeno no solo constituye una grave violación de los derechos humanos, sino que también representa una amenaza latente para la democracia y el Estado de derecho. Lo más preocupante es que se utiliza el sistema de justicia penal como un instrumento de intimidación y silenciamiento en contra de quienes dedican sus esfuerzos a la preservación de nuestros valiosos ecosistemas.

Es vital comprender que los defensores del medio ambiente desempeñan un papel esencial en la sociedad al sensibilizar a la población sobre las consecuencias devastadoras de la degradación ambiental y el cambio climático. Su labor trasciende la mera protesta; representa una contribución fundamental para asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta y el bienestar de las generaciones venideras. Por tanto, la criminalización de estas voces críticas no solo atenta contra la libertad de expresión y la protesta pacífica, sino que también socava la imperiosa necesidad de tomar medidas efectivas contra el cambio climático.

Este patrón de represión se manifiesta claramente en las alarmantes estadísticas que documentan un aumento preocupante en las agresiones dirigidas hacia los activistas ambientales. La tendencia es evidente: se pretende desacreditar la legítima lucha por el medio ambiente etiquetándola como un obstáculo para el desarrollo económico o social, aunque esta etiqueta sea, en muchas ocasiones, infundada. Es fundamental reconocer que esta narrativa es no solo falsa, sino también peligrosamente miope, dado que el auténtico desarrollo sostenible no puede lograrse sin la incorporación de políticas ambientales responsables.

En este contexto, es imperativo respetar el derecho a la protesta pacífica y reconocer la importancia de las voces que abogan por la lucha contra el cambio climático. La sociedad civil, las instituciones nacionales e internacionales, así como el Estado, deben colaborar de manera coordinada para salvaguardar a los defensores del medio ambiente y garantizar que puedan continuar su labor sin temor a represalias.

Asimismo, resulta crucial la plena implementación de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, el cual busca asegurar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, además de proporcionar una protección específica para los defensores de derechos humanos relacionados con el medio ambiente.

A menudo, el trabajo de los defensores del medio ambiente no es suficientemente reconocido ni protegido por el Estado. Esto los deja vulnerables a ataques y represalias por parte de aquellos cuyos intereses se ven afectados por su activismo. A pesar de que México ha ratificado diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y protección ambiental, en la práctica, las leyes no siempre se aplican de manera efectiva para proteger a los defensores ambientales. Esto puede deberse a la falta de regulaciones claras, la corrupción, o la influencia política en los procesos judiciales y administrativos.

En última instancia, la criminalización de los activistas ambientales no solo representa una violación flagrante de los derechos individuales, sino también un llamado de atención urgente que insta a reformar las políticas y prioridades para abordar eficazmente el desafío del cambio climático. Es un llamado a la acción que debe resonar en todos los sectores de la sociedad, exhortándolos a unirse en la defensa del medio ambiente y a promover un auténtico desarrollo sostenible. El camino a seguir debe estar marcado por el diálogo constructivo, el respeto inquebrantable de los derechos humanos y un firme compromiso con la protección ambiental.

Delírium trémens.- Recordamos la frase ‘aún quedan jueces en Berlín’, pero en San Luis Potosí, en asuntos ambientales, lamentamos no poder decir lo mismo. Predomina un positivismo excesivo (quizá temor a las autoridades) evitando una defensa garantista de la Constitución y los DDHH ambientales. Es urgente que aboguemos por tiempos donde los derechos humanos al medio ambiente sean centrales, reconociendo nuestra existencia en un ecosistema interconectado. La Ley de Amparo debe interpretarse alineada con los estándares internacionales, como el Principio 10 de Río, la Declaración de Bali y los principios de Escazú.

@luisglozano