Ahora que está de moda hablar de gasto público, pongo a su consideración la siguiente idea: el costo de nuestro sistema electoral es directamente proporcional al tamaño de la desconfianza que los ciudadanos tienen sobre el temor de que alguien haga trampa.
Para hablar del tema en serio, es necesario separar algunos conceptos. Primero es el costo de nuestros partidos políticos, luego el del funcionamiento del sistema que permite que los sufragios se conviertan en una decisión pública.
Aunque el financiamiento a los partidos políticos no es objeto del presente texto, solo haré algunas brevísimas precisiones conceptuales. Los recursos públicos que reciben los partidos políticos pueden clasificarse en dos tipos: los del gasto ordinario (que reciben cada año) y los de proceso electoral (que reciben para gastos de campaña, solo en años en que hay proceso electoral).
Quien aspire a disminuir el costo del sistema de partidos entonces tiene que echar un ojo a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí para el ámbito local, o la Ley General de Partidos Políticos para el ámbito federal. ¿Se pueden ganar elecciones sin financiamiento público? Sí. ¿Puede funcionar el sistema de partidos sin finaciamiento público? En un país como México, no. Pero de nuevo, este tema lo discutiremos en otro momento.
El segundo concepto tiene que ver con el gasto relacionado con el funcionamiento del sistema electoral. De forma concreta quisiera referirme al costo del mecanismo que permite que más de 89 millones de personas tengan la posibilidad de acudir a votar en una jornada donde se garantice la integridad electoral donde el voto es libre, secreto y directo.
No es nuevo el dato de que la democracia electoral mexicana tiene un costo económico alto, pero no es el más caro del mundo. Entre los países de América Latina, México es el país que destina mayor cantidad de dinero (en términos absolutos) para el funcionamiento de su democracia electoral, sin embargo en términos relativos, como porcentaje de su Producto Interno Bruto se encuentra por debajo de Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Bolivia y Uruguay; o si se compara el costo por elector registrado, nos encontramos por debajo de Uruguay, Costa Rica y Panamá. (Googlead: “The Cost of Democracy” de Kevin Casas-Zamora y Daniel Zovatto).
Hay algunas ideas que se han propuesto para disminuir el costo de toda esta operación logística. Una de ellas es establecer mecanismos para que los electores puedan votar desde su casa, ya sea a través del voto postal donde los ciudadanos reciben la boleta en su casa y la pueden enviar por correo (nuestro sistema de voto desde el extranjero funciona así), o bien pueden llevar la papeleta al centro de votación. También está la posibilidad del voto en línea.
El voto desde casa tiene unos 20 años funcionando en algunas partes de Estados Unidos, con una cantidad mínima de casos de irregularidades detectadas. En Oregon por ejemplo, desde el año 1998 se han emitido más de 100 millones de votos bajo esta modalidad, con solo una docena de casos de irregularidades. Washington y Colorado tienen experiencias similares. Esta modalidad ha permitido disminuir significativamente el costo de la operación logística para recibir la votación en las casillas.
Otra idea es el voto electrónico, ya sea a través de internet o de máquinas receptoras de votación que permitirían tener resultados unos minutos después de cerrar la casilla, o resultados totales, prácticamente de forma inmediata y en tiempo real. Si bien este mecanismo no permite que se realicen recuentos en un hipotético caso de que hubiera alguna inconsistencia entre la cantidad de electores que acudieron y los votos registrados en el reporte final, también es verdad que se cuenta con la tecnología suficiente para realizar estas operaciones de forma segura.
Si Usted ha seguido la lectura hasta este punto, seguramente ya pensó en varias objeciones a estas propuestas. ¿cómo vamos a garantizar que los votos sean emitidos realmente por los electores? ¿y cómo sabremos que fueron contados correctamente? ¿existe garantía de que el voto electrónico no puede ser vulnerado por los genios de prepa o licenciatura que diseñan malware en sus tiempos libres?, y así podemos seguir todo el día.
Tenemos un sistema electoral complejo, porque debe responder a la altura de la desconfianza que habita en las preguntas que se nos acaban de ocurrir. De nuevo, estoy seguro que no hay en el país un dispositivo que tenga la capacidad de movilizar a tal cantidad de personas en un solo día, guardando los protocolos y mecanismos de seguridad que con los años nos hemos dado. Ahora que se habla de austeridad y gasto público, bien vale la pena valorar el costo de nuestra propia desconfianza.
Twitter. @marcoivanvargas
Para hablar del tema en serio, es necesario separar algunos conceptos. Primero es el costo de nuestros partidos políticos, luego el del funcionamiento del sistema que permite que los sufragios se conviertan en una decisión pública.
Aunque el financiamiento a los partidos políticos no es objeto del presente texto, solo haré algunas brevísimas precisiones conceptuales. Los recursos públicos que reciben los partidos políticos pueden clasificarse en dos tipos: los del gasto ordinario (que reciben cada año) y los de proceso electoral (que reciben para gastos de campaña, solo en años en que hay proceso electoral).
Quien aspire a disminuir el costo del sistema de partidos entonces tiene que echar un ojo a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí para el ámbito local, o la Ley General de Partidos Políticos para el ámbito federal. ¿Se pueden ganar elecciones sin financiamiento público? Sí. ¿Puede funcionar el sistema de partidos sin finaciamiento público? En un país como México, no. Pero de nuevo, este tema lo discutiremos en otro momento.
El segundo concepto tiene que ver con el gasto relacionado con el funcionamiento del sistema electoral. De forma concreta quisiera referirme al costo del mecanismo que permite que más de 89 millones de personas tengan la posibilidad de acudir a votar en una jornada donde se garantice la integridad electoral donde el voto es libre, secreto y directo.
No es nuevo el dato de que la democracia electoral mexicana tiene un costo económico alto, pero no es el más caro del mundo. Entre los países de América Latina, México es el país que destina mayor cantidad de dinero (en términos absolutos) para el funcionamiento de su democracia electoral, sin embargo en términos relativos, como porcentaje de su Producto Interno Bruto se encuentra por debajo de Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Bolivia y Uruguay; o si se compara el costo por elector registrado, nos encontramos por debajo de Uruguay, Costa Rica y Panamá. (Googlead: “The Cost of Democracy” de Kevin Casas-Zamora y Daniel Zovatto).
Hay algunas ideas que se han propuesto para disminuir el costo de toda esta operación logística. Una de ellas es establecer mecanismos para que los electores puedan votar desde su casa, ya sea a través del voto postal donde los ciudadanos reciben la boleta en su casa y la pueden enviar por correo (nuestro sistema de voto desde el extranjero funciona así), o bien pueden llevar la papeleta al centro de votación. También está la posibilidad del voto en línea.
El voto desde casa tiene unos 20 años funcionando en algunas partes de Estados Unidos, con una cantidad mínima de casos de irregularidades detectadas. En Oregon por ejemplo, desde el año 1998 se han emitido más de 100 millones de votos bajo esta modalidad, con solo una docena de casos de irregularidades. Washington y Colorado tienen experiencias similares. Esta modalidad ha permitido disminuir significativamente el costo de la operación logística para recibir la votación en las casillas.
Otra idea es el voto electrónico, ya sea a través de internet o de máquinas receptoras de votación que permitirían tener resultados unos minutos después de cerrar la casilla, o resultados totales, prácticamente de forma inmediata y en tiempo real. Si bien este mecanismo no permite que se realicen recuentos en un hipotético caso de que hubiera alguna inconsistencia entre la cantidad de electores que acudieron y los votos registrados en el reporte final, también es verdad que se cuenta con la tecnología suficiente para realizar estas operaciones de forma segura.
Si Usted ha seguido la lectura hasta este punto, seguramente ya pensó en varias objeciones a estas propuestas. ¿cómo vamos a garantizar que los votos sean emitidos realmente por los electores? ¿y cómo sabremos que fueron contados correctamente? ¿existe garantía de que el voto electrónico no puede ser vulnerado por los genios de prepa o licenciatura que diseñan malware en sus tiempos libres?, y así podemos seguir todo el día.
Tenemos un sistema electoral complejo, porque debe responder a la altura de la desconfianza que habita en las preguntas que se nos acaban de ocurrir. De nuevo, estoy seguro que no hay en el país un dispositivo que tenga la capacidad de movilizar a tal cantidad de personas en un solo día, guardando los protocolos y mecanismos de seguridad que con los años nos hemos dado. Ahora que se habla de austeridad y gasto público, bien vale la pena valorar el costo de nuestra propia desconfianza.
Twitter. @marcoivanvargas