El pasado 31 de mayo, el 1er Tribunal Colegiado del 19º circuito, con sede en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, resolvió el amparo en revisión número 203/2017, en el cual se reconoce la necesidad de crear “la Comisión de investigación para la verdad y la justicia”, para el caso de iguala, también conocido como los “43”.
Las 712 páginas de la sentencia, proyectada por el magistrado federal Mauricio Fernández de la Mora, son referencia obligada para las y los que estudiamos a los derechos humanos, bueno, en efecto, lo vienen siendo todas las actuaciones del caso Ayotzinapa.
En la resolución, se establece el objetivo de esta comisión, el cual no es otro más que se cumpla el derecho de todas las personas a la justicia, mediante una investigación exhaustiva, que logre en el mediano plazo que no vuelva a pasar.
Desde luego, es gratificante que, el Poder Judicial de la Federación reconozca que, la Procuraduría General de la República ha sido incapaz de lograr el esclarecimiento de estos lamentabilísimos hechos, que han sido objeto de rubor en el plano internacional.
No es que no supiéramos esto, obvio no, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), habían echado por la borda, con pruebas científicas, y la “verdad histórica” de Murillo Karam.
Claro que ya había quedado de manifiesto, las inconsistencias de la teoría de Murillo Karam y del jefe de peritos de la PGR, Tomás Zerón (hoy Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional).
Desde un principio se cuestionó, que la investigación documental descansara, básicamente, en pruebas testimoniales y no en científicas, aunado, a que salían a la luz pública denuncias de tortura de los testigos para autoincriminarse.
En esta tesitura, la viabilidad de que la “verdad histórica” resistiera el tamiz de la justicia no era muy grande, sobre todo, por la contaminación probatoria derivada de las denuncias de tortura.
Como se puede intuir, el riesgo de que el caso de Ayotzinapa quedara impune era alto, y eso fue, lo que enmendó el Tribunal Colegiado, no obstante, debemos de reparar en lo siguiente, una comisión de la verdad nunca jamás remplazará a un juez penal, es decir, su objetivo está en lograr procurar la verdad de lo sucedido, las víctimas lo merecen, y desde luego la sociedad mexicana, también.
Pero aun cuando la comisión logre visibilizar la realidad, no posee facultades para sancionar a los responsables, y es ahí donde me surge la reflexión, que el caso Ayotzinapa pudiera quedar sin castigo es impensable, porque si bien es cierto, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, también lo es que, la justicia implica sanción a los responsables, sino no es una justicia plena, así sin más.
Cierto es que, el diseño funcional de la Comisión de la Verdad es más flexible que las de un juez penal, por ejemplo, puede sin reparos, interrogar a los militares de la 35 zona militar, algo que hasta ahora, ha tenido un sinfín de reticencias.
Al respecto, que paradójico resultan estos obstáculos procesales-legales para poder desahogarse en México, mientras vemos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente juzga la responsabilidad del ejército mexicano en la participación de la desaparición tres integrantes de la familia Alvarado, en diciembre de 2009, en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, la evidencia apunta al 35 Batallón de Infantería.
O que decir, de la petición de esta semana, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Gobierno mexicano para informe de los avances en las investigaciones sobre las 24 desapariciones, en lo que va del año, en Nuevo Laredo Tamaulipas, los testimonio apuntan a las fuerzas militares.
También resulta muy preocupante que los marinos hayan repelido a balazos una protesta social, allá en Zapotlán el Grande Jalisco. La Suprema Corte, tiene una gran tarea frente a la sociedad mexicana al determinar la legalidad de la permanencia de las fuerzas militares en funciones policíacas ¿no lo cree Usted amiga lectora amigo lector?
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com
Las 712 páginas de la sentencia, proyectada por el magistrado federal Mauricio Fernández de la Mora, son referencia obligada para las y los que estudiamos a los derechos humanos, bueno, en efecto, lo vienen siendo todas las actuaciones del caso Ayotzinapa.
En la resolución, se establece el objetivo de esta comisión, el cual no es otro más que se cumpla el derecho de todas las personas a la justicia, mediante una investigación exhaustiva, que logre en el mediano plazo que no vuelva a pasar.
Desde luego, es gratificante que, el Poder Judicial de la Federación reconozca que, la Procuraduría General de la República ha sido incapaz de lograr el esclarecimiento de estos lamentabilísimos hechos, que han sido objeto de rubor en el plano internacional.
No es que no supiéramos esto, obvio no, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), habían echado por la borda, con pruebas científicas, y la “verdad histórica” de Murillo Karam.
Claro que ya había quedado de manifiesto, las inconsistencias de la teoría de Murillo Karam y del jefe de peritos de la PGR, Tomás Zerón (hoy Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional).
Desde un principio se cuestionó, que la investigación documental descansara, básicamente, en pruebas testimoniales y no en científicas, aunado, a que salían a la luz pública denuncias de tortura de los testigos para autoincriminarse.
En esta tesitura, la viabilidad de que la “verdad histórica” resistiera el tamiz de la justicia no era muy grande, sobre todo, por la contaminación probatoria derivada de las denuncias de tortura.
Como se puede intuir, el riesgo de que el caso de Ayotzinapa quedara impune era alto, y eso fue, lo que enmendó el Tribunal Colegiado, no obstante, debemos de reparar en lo siguiente, una comisión de la verdad nunca jamás remplazará a un juez penal, es decir, su objetivo está en lograr procurar la verdad de lo sucedido, las víctimas lo merecen, y desde luego la sociedad mexicana, también.
Pero aun cuando la comisión logre visibilizar la realidad, no posee facultades para sancionar a los responsables, y es ahí donde me surge la reflexión, que el caso Ayotzinapa pudiera quedar sin castigo es impensable, porque si bien es cierto, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, también lo es que, la justicia implica sanción a los responsables, sino no es una justicia plena, así sin más.
Cierto es que, el diseño funcional de la Comisión de la Verdad es más flexible que las de un juez penal, por ejemplo, puede sin reparos, interrogar a los militares de la 35 zona militar, algo que hasta ahora, ha tenido un sinfín de reticencias.
Al respecto, que paradójico resultan estos obstáculos procesales-legales para poder desahogarse en México, mientras vemos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actualmente juzga la responsabilidad del ejército mexicano en la participación de la desaparición tres integrantes de la familia Alvarado, en diciembre de 2009, en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, la evidencia apunta al 35 Batallón de Infantería.
O que decir, de la petición de esta semana, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Gobierno mexicano para informe de los avances en las investigaciones sobre las 24 desapariciones, en lo que va del año, en Nuevo Laredo Tamaulipas, los testimonio apuntan a las fuerzas militares.
También resulta muy preocupante que los marinos hayan repelido a balazos una protesta social, allá en Zapotlán el Grande Jalisco. La Suprema Corte, tiene una gran tarea frente a la sociedad mexicana al determinar la legalidad de la permanencia de las fuerzas militares en funciones policíacas ¿no lo cree Usted amiga lectora amigo lector?
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com