Nuestro país ya está enfrentando una severa crisis política, económica y social de la que nadie sabe cuándo ni cómo vamos a salir. Sí sabemos en cambio, que cada día México se va asemejando más a naciones en las que la pobreza, la precariedad y el malestar que sufren sus pueblos, con regímenes populistas: los gobernantes acaparan y abusan de su poder, amenazan a medios de comunicación y periodistas independientes, extinguen las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, invaden las atribuciones de los otros dos poderes públicos, acosan a los disidentes y aplican políticas económicas que empobrecen a sus ciudadanos y desalientan la iniciativa de las personas para crear empresas que generan riqueza, impuestos y empleo.
Por el momento, este gobierno, cuenta con una mayoría incondicional en el congreso, que le per mite gobernar ya con poder casi ilimitado, sin contrapesos, y ejercer con opacidad enormes recursos en programas sociales no auditables y en compras sin licitación. Controla casi todas las fuentes de ingreso público mediante un centralismo fiscal que empobrece a estados y municipios, y otorga privilegios a las fuerzas armadas, canonjías y abundantes recursos que tanta falta hacen para otros fines de mayor prioridad social, para asegurar el control y el apoyo de las fuerzas armadas.
Empobrece a la nación y a todos los mexicanos, cuando dilapida el erario nacional en proyectos poco o nada rentables, como tratar de salvar a las dos paraestatales, PEMEX Y CFE, que arrojan pérdidas inmensas cada año y que desde el punto de vista administrativo y financiero están casi al borde de la extinción, por su corrupción endémica y por tener una administración y una organización anacrónica.
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La llamada “consulta popular” para sancionar a los expresidentes, además de ser otra farsa gubernamental montada con fines electoreros, y de ser ociosa porque juzgar a cualquier funcionario público que haya prevaricado en este o en otros sexenios es obligación legal de la presidencia procesarlo conforme a Derecho. Esa “consulta” no procede, porque no es legal, es violatoria de garantías elementales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de la Vida, La Honra y la Dignidad.
Es un atropello al derecho a la buena reputación, porque ya de inicio se les está denigrando públicamente sin precisar sus faltas o delitos. Los mexicanos todos, sin distingo de partidos, queremos justicia y que sean sancionados no solo los expresidentes, sino todos los funcionarios corruptos de anteriores y de éste sexenio. Pero exigimos que se les someta, solo si hay pruebas, a proceso judicial con todas las de la Ley, y de ser el caso, se les condene a prisión, porque solo así, con estricto apego a la Ley, se podrá combatir la corrupción. Con “consultas populares”, solo se cae en una pantomima que en nada va a reducir la corrupción, al contrario, la aumentará.
Pisotea el principio constitucional de la División de Poderes, controlando el Poder Judicial, como lo acabamos de ver hace unos días con el fallo que emitió la Suprema Corte, 6 de cuyos ministros, no fueron capaces de resistir las presiones abiertas del presidente, para aprobar esa ociosa e inconsti tucional “consulta popular” para preguntar al pueblo si desea que se investigue y sancionen las faltas o delitos de cinco expresidentes de la República, cuando es el presidente quien tiene la potestad y la obligación de iniciarles proceso judicial.
Por lo pronto, ya controla a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, como lo vimos hace unos días, que emitieron un fallo oprobioso para complacer al presidente y que darán sus fallos conforme la voluntad presidencial, aunque pisoteen la Constitución.
Con la tribuna pública desde el Palacio Nacional, cada mañana toma decisiones, califica, ofende y juzga a quienes osan criticarlo o contra los que le hacen ver sus errores, que inhiben la inversión, y reduce las fuentes de empleo que requieren con apremio muchos millones de compatriotas, para sustentar a sus familias.
En un sistema político basado en el principio constitucional de la División de Poderes, como es el que arrojaron las luchas de muchas generaciones de mexicanos para que el poder político nunca quedara en las manos de un solo hombre o de un pequeño grupo poderoso, la División de Poderes consagrada en el Artículo 49 de la Constitución, es un fuerte medio de proteger la Democracia que en estos momentos es amenazada en nuestra patria. Todos estamos llamados a defenderla.
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Ante la debilidad actual que muestran todos los partidos políticos dizque de oposición, en particular los tres más fuertes, el PAN, el PRI y el PRD, que no han tenido suficiente fuerza o presencia pública como para convertirse en un contrapeso real para levantar la voz frente a los excesos y el autoritarismo concentrador del poder y del presupuesto en las manos de un solo hombre, es natural que surja y se fortalezca un movimiento como FRENAA, para llenar el vacío político que están dejando los partidos políticos.
Y creo que no solo es natural, sino necesario para poder hacerle sentir al presidente la inconfor midad y el malestar creciente hacia este gobierno que con sus malas decisiones y con su discurso pendenciero, fomenta la división en la sociedad y está debilitando aceleradamente la economía de la nación y de los mexicanos.
FRENAA está creciendo aceleradamente a pesar de que el gobierno de la 4T la quiere descalificar, señalando que es de extrema derecha, o bien que es una secuela del movimiento armado que fue llamado la Cristiada. Ignoro si es así, pero aún si lo fuera, eso no le quita legitimidad en un país como México que siendo mayormente católico, sus miembros tienen pleno derecho a la participación política pacífica, para defender la Democracia, la Justicia y las libertades ciudadanas.