El Colapso de Nuestras Libertades

En la actual coyuntura política que atraviesa México, la reforma judicial propuesta por el presidente ha encendido los focos rojos en diversos sectores de la sociedad. Se trata de una transformación profunda del sistema judicial que, lejos de mejorar lo que hoy tenemos, amenaza con destruir los pilares de nuestra frágil democracia y las libertades que, aunque limitadas, hemos conquistado a lo largo de los años. No se trata simplemente de ajustar detalles o corregir fallas del sistema; la reforma representa un ataque frontal contra la estructura misma de nuestro estado de derecho. A continuación, analizo los cinco puntos clave de esta reforma y cómo cada uno de ellos contribuye al desmoronamiento de nuestras libertades.

1. Elección popular de ministros, magistrados electorales, magistrados y jueces federales y locales sin financiamiento para campañas.

Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y jueces sean elegidos por voto popular. A simple vista, esta idea podría parecer un paso hacia la democratización del poder judicial; sin embargo, la falta de financiamiento para campañas judiciales genera un escenario desastroso. ¿Cómo podrán los candidatos judiciales darse a conocer sin recurrir a mecanismos externos de financiamiento, que fácilmente podrían estar teñidos de corrupción e influencias políticas?

El riesgo aquí es evidente: los jueces y magistrados, quienes deben ser imparciales e independientes, estarán a merced de grupos de poder económico y político que financiarán sus campañas, socavando su independencia y, con ello, la justicia. Si los jueces deben hacer campaña como si fueran políticos, ¿a quién servirán realmente: a la justicia o a los intereses de quienes financien su camino hacia el poder judicial?

2. Reducción de ministros y desaparición de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma también contempla la reducción del número de ministros y la eliminación de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto no solo sobrecargará de trabajo a los pocos ministros que queden, sino que concentrará aún más el poder en unas cuantas manos, aumentando el riesgo de decisiones arbitrarias.

Hoy, las salas de la SCJN funcionan como contrapesos dentro del mismo tribunal, permitiendo la deliberación en temas específicos y complejos. Al eliminarlas, se centraliza el poder, se acota el debate, y se limita la especialización.

3. Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es la institución encargada de velar por el correcto funcionamiento del Poder Judicial, asegurando que jueces y magistrados actúen con probidad e independencia. La propuesta de sustituirlo por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial crea una estructura bifurcada que difícilmente será eficiente.

El nuevo tribunal estaría más enfocado en castigar que en prevenir, lo que podría abrir la puerta a una justicia punitiva y revanchista, donde los jueces que no alineen sus decisiones con los intereses del poder político podrían ser removidos con mayor facilidad. Además, el órgano de administración judicial podría convertirse en una herramienta para controlar el funcionamiento interno del poder judicial desde una perspectiva administrativa, más que jurisdiccional.

4. Modificar el juicio de amparo para que las sentencias no puedan tener efectos generales y que no proceda la suspensión cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas.

El juicio de amparo es una de las instituciones más valiosas de nuestro sistema jurídico, pues permite a cualquier persona defenderse ante actos arbitrarios del Estado. La reforma propone limitar su impacto, evitando que las sentencias de amparo puedan tener efectos generales, y además elimina la posibilidad de suspender actos inconstitucionales mientras se resuelve el juicio.

Esto significa que, incluso si una ley es claramente inconstitucional, sus efectos no se podrán suspender hasta que la sentencia sea definitiva. ¿Qué sucede mientras tanto? Los derechos de miles de personas pueden ser violados sin posibilidad de defensa efectiva.

5. Los 32 estados tendrán que replicar la reforma para que magistrados y jueces locales sean elegidos por voto popular.

Finalmente, la reforma obliga a los 32 estados de la república a replicar estos cambios, extendiendo el modelo de elección popular de jueces y magistrados a nivel local. Esto implica que la justicia local, que ya de por sí enfrenta serios retos de corrupción e ineficiencia, será politizada aún más.

En estados donde el crimen organizado tiene influencia, esta medida es particularmente peligrosa. Los jueces locales estarían expuestos a las presiones y amenazas de grupos criminales, y quienes busquen ejercer su derecho al voto podrían verse coaccionados o intimidados. El riesgo de que los cárteles elijan a los jueces locales no es una exageración, sino una consecuencia lógica en regiones donde el estado de derecho ya es frágil.

En conclusión, la reforma judicial que el presidente ha propuesto no es solo una amenaza técnica para el funcionamiento del Poder Judicial; es un ataque directo a nuestras libertades y al sistema democrático. Al politizar la justicia, concentrar el poder en unos pocos, y debilitar los mecanismos de control como el amparo, estamos ante el riesgo de perder lo más valioso que tiene una sociedad: la capacidad de defenderse ante los abusos del poder.

Delírium trémens.- Si la 4T afirma que la modificación al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México no es relevante, entonces, ¿para qué hacerla? Piensa mal y acertarás.

@luisglozano