El iceberg bajo Sinaloa

Hay argumentos jurídicos que sirven para explicar una decisión y argumentos jurídicos que sirven para cubrirla. En el caso de la solicitud de detención provisional con fines de extradición formulada por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros personajes de Sinaloa, el gobierno mexicano eligió una frase cómoda: "no hay pruebas". Por supuesto, un error garrafal.

El problema es que, en esta etapa, esa frase no parece ser el centro jurídico del asunto. La DEA informó que una acusación federal incluye al gobernador de Sinaloa, al senador Enrique Inzunza y a otros funcionarios y exfuncionarios por presuntos delitos de narcotráfico y armas; el gobierno mexicano respondió públicamente que la petición estadounidense carecía de pruebas suficientes. 

El Tratado de Extradición México-Estados Unidos prevé que, en casos de urgencia, una parte puede pedir la detención provisional de una persona acusada, y que la solicitud formal de extradición, con los documentos correspondientes, puede presentarse después, dentro de un plazo de sesenta días. La Ley de Extradición Internacional mexicana va en la misma lógica: primero puede pedirse la medida precautoria y después debe formalizarse el expediente. 

Por eso el argumento de la falta de pruebas resulta débil, no porque México deba obedecer ciegamente a Washington, no porque una acusación estadounidense sea verdad revelada, no porque el Departamento de Justicia tenga derecho a dictar la agenda penal mexicana sino porque la detención provisional no exige, por su propia naturaleza, la prueba completa de la extradición formal. Exige requisitos mínimos, como son expresar el delito, identidad, urgencia, existencia de orden de aprehensión o sentencia y compromiso de formalizar. Si eso existía, la ruta natural era poner el asunto ante un juez mexicano, no cerrarlo políticamente desde la ventanilla diplomática.

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El fuero complica la escena, pero no salva el discurso. Respecto del gobernador Rocha y del senador Inzunza, el gobierno mexicano tenía un argumento más sólido, la inmunidad procesal y la necesidad de declaración de procedencia. Ese argumento merecía ocupar el centro. Sin embargo, cuando el poder prefiere hablar de "pruebas" antes que de "fuero", parece buscar una defensa más popular que técnica. El fuero no vende bien. La soberanía sí. Las pruebas también. Decir "Estados Unidos no nos manda" produce aplausos, decir "no podemos tocar a los nuestros sin desafuero" produce preguntas.

Y ahí aparece la palabra incómoda: encubrimiento. No en sentido penal, pero sí en sentido político, esto es, una estrategia destinada a impedir que una detención abra una caja demasiado grande. La pregunta no es sólo si Rocha o Inzunza son responsables de lo que se les imputa. La pregunta es qué red de compromisos, favores, campañas, policías, operadores, silencios y pactos podría quedar expuesta si uno solo de los reclamados empezara a hablar ante autoridades estadounidenses. 

El poder teme menos a la cárcel que al relato. Un detenido puede convertirse en testigo, un testigo en archivo viviente y un archivo viviente puede mostrar que el problema no era una persona, sino un sistema de intermediación entre política local, seguridad pública y crimen organizado. Ése es el iceberg sinaloense, arriba nombres, cargos y comunicados; abajo podría haber financiamiento electoral, protección institucional, nombramientos, omisiones deliberadas y acuerdos de supervivencia entre grupos que públicamente se combaten y privadamente se administran.

La defensa oficial también revela una ansiedad diplomática. México protesta por la filtración, reclama soberanía y exige pruebas. Todo eso puede ser legítimo, pero, cuando la forma de la protesta parece más intensa que la voluntad de esclarecer, la soberanía corre el riesgo de convertirse en biombo. Cuando el poder le tiene miedo al relato, casi siempre es porque debajo de la superficie hay más hielo del que quiere reconocer.

X: @jchessal