Nuestro país ha sido durante demasiados años ya, una inmensa fábrica de mentiras oficiales y de cientos o miles de principios y leyes que no se cumplen, pero que les ha permitido controlarlo política y económicamente a una élite, una casta privilegiada que ha mantenido el poder a cualquier precio y ha desvirtuado en los hechos los principios de Justicia, Libertad Y Soberanía de sus regioes, que dieron origen a la nación. El sistema político prevaleciente, ha estado muy lejos de ser una genuina representación de los ciudadanos y del llamado Pacto Federal. El poder Legislativo, por ejemplo, ha sido envilecido por muchas décadas de sometimiento al poder Ejecutivo, que por la fuerza o por la vía del cohecho y de la corrupción, obtiene sumisión de quienes lo integran. Leyes van y leyes vienen, pero con un 98% de impunidad, no existe un verdadero Estado de Derecho. La riqueza pública, en dinero o en bienes, ha estado siendo el origen de grandes fortunas que van a parar a mansiones, ranchos, casas de campo, penthouses en las playas mas costosas del país y del extranjero. Y . . . no pasa nada, . . aunque haya denuncia y clamor de justicia, sigue la rapiña mientras continúan grandes sectores marginados y sin acceso a una vida digna.
En un país con la mitad de su población en pobreza, el poder Judicial, el encargado de impartir justicia, tiene en sus órganos mas altos, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los ministros más abusivamente remunerados DEL MUNDO, anulando su calidad moral para cumplir en los hechos la responsabilidad de impartir justicia a todos los mexicanos. Los órganos judiciales del Poder Ejecutivo, como es la Procuraduría de Justicia, por ejemplo, hoy Fiscalía General, siguen sometidos al poder del presidente en turno, como lo vimos en la campaña reciente en contra de un candidato, en la que el Ejecutivo usó a la institución para perseguirlo y difamarlo, sin pruebas. Esta deficiencia estructural gravísima, es la que más atenta contra un verdadero Estado de Derecho. Lamentablemente, el próximo presidente, AMLO, ya anunció que continuará con la indebida práctica de designar al Titular de la Fiscalía de la Nación, con lo cual socava el Estado de Derecho y pone a dudar sobre su compromiso reiterado de combatir la corrupción.
En la vida real del país, el tema del Pacto Federal es un cuento chino, una farsa, porque lo que en realidad hemos vivido casi desde la Independencia del país, es un centralismo atroz mediante el cual el poder central, como si fuera una monarquía del siglo XIX, se arroga la facultad casi exclusiva de cobrar a los mexicanos más del 90% de todos los impuestos que pagamos, dejando a los estados de la república en condiciones de indigencia económica perpetua ya que más, mucho más del 90% de sus ingresos, dependen de las llamadas “participaciones federales”, que en realidad se convierten en mecanismos de control político. Se cumple así en nuestra nación el triste axioma de que “quien tiene el dinero, tiene el poder y el control”. Por eso afirmamos que el llamado Pacto Federal es una grotesca farsa.
Los principios históricos de Soberanía de los Estados y de la Autonomía de los Municipios, son motivo de una burla perpetua que practican los poderes centrales desde la capital de la república, mediante el ejercicio excesivo del poder presidencial, que por cierto, en el sexenio que ya termina, ha declinado claramente, debido a la descarada corrupción que ha auspiciado el titular actual del Ejecutivo, EPN, desde los escándalos, de La Casa Blanca, La Estafa del Siglo y Odebrecht, entre muchas otras.
El sistema fiscal mexicano ha sido durante todo el siglo pasado y lo que va de este, la columna vertebral que le dio poder y fuerza al estado centralista, hegemónico, de presidencialismo imperial, que implantó el PRI durante 70 años del siglo pasado, mantuvo el PAN durante sus 12 años en el poder y profundizó el PRI en el sexenio por terminar, anulando en los hechos nuestro principio constitucional como República, Federal, Representativa y Democrática.
Aunque la realidad política del país cambió radicalmente el 1º de julio, no sabemos todavía, si para bien, para avanzar en el camino de la democracia, o para mal, para retroceder. De hecho, desapareció el PRI, su representación en las cámaras va a ser el 4º lugar. El PAN retrocedió también en su presencia legislativa y el PRD, en cambio, fue el ganón en esa extraña y antinatural alianza que mantuvo con el PAN. El gran ganador de la contienda, Morena, si bien generó grandes expectativas por su oferta de combate a la corrupción con todas sus lacras y consecuencias negativas para los ciudadanos, da señales encontradas y algunas muy preocupantes, como la del anuncio de AMLO de que nombrará un delegado del gobierno federal, con poderes que se teme rebasen a los que la constitución les otorga a los gobernadores, en cada una de las 32 entidades federativas. Además nombrará 264 delegados regionales, (8 por estado), que junto con los 32 estatales “coordinarán la aplicación de recursos y la implementación de los programas federales. Todos ellos sustituirán las delegaciones federales”.
Estos nuevos delegados estatales son designados directamente por el presidente, tendrán contacto directo con el nuevo gobierno y realizarán acuerdos con secretarios de estado, desapareciendo la figura de Delegado Federal, lo cual socavará más de lo que ya está, el pacto federal, que en la constitución establece claramente el principio de la soberanía de los estados de la República.
Con esta medida AMLO, contradice su dicho de que respetará los poderes y la soberanía de los estados. Va contra la práctica democrática de otros países, de darle a los estados y las regiones, mayores potestades y mayor soberanía, entre otras, la de fijar sus propios impuestos, conforme a la capacidad y la vocación económica de cada estado y región. Así ocurre en Francia, el Alemania, en EUA y en todos los países democráticos donde los políticos sí representan a sus ciudadanos y en donde hay un equilibrio real de poder entre el gobierno central y el de los estados, plasmando este equilibrio en una justa y eficaz distribución de competencias e ingresos fiscales.
En un país con la mitad de su población en pobreza, el poder Judicial, el encargado de impartir justicia, tiene en sus órganos mas altos, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los ministros más abusivamente remunerados DEL MUNDO, anulando su calidad moral para cumplir en los hechos la responsabilidad de impartir justicia a todos los mexicanos. Los órganos judiciales del Poder Ejecutivo, como es la Procuraduría de Justicia, por ejemplo, hoy Fiscalía General, siguen sometidos al poder del presidente en turno, como lo vimos en la campaña reciente en contra de un candidato, en la que el Ejecutivo usó a la institución para perseguirlo y difamarlo, sin pruebas. Esta deficiencia estructural gravísima, es la que más atenta contra un verdadero Estado de Derecho. Lamentablemente, el próximo presidente, AMLO, ya anunció que continuará con la indebida práctica de designar al Titular de la Fiscalía de la Nación, con lo cual socava el Estado de Derecho y pone a dudar sobre su compromiso reiterado de combatir la corrupción.
En la vida real del país, el tema del Pacto Federal es un cuento chino, una farsa, porque lo que en realidad hemos vivido casi desde la Independencia del país, es un centralismo atroz mediante el cual el poder central, como si fuera una monarquía del siglo XIX, se arroga la facultad casi exclusiva de cobrar a los mexicanos más del 90% de todos los impuestos que pagamos, dejando a los estados de la república en condiciones de indigencia económica perpetua ya que más, mucho más del 90% de sus ingresos, dependen de las llamadas “participaciones federales”, que en realidad se convierten en mecanismos de control político. Se cumple así en nuestra nación el triste axioma de que “quien tiene el dinero, tiene el poder y el control”. Por eso afirmamos que el llamado Pacto Federal es una grotesca farsa.
Los principios históricos de Soberanía de los Estados y de la Autonomía de los Municipios, son motivo de una burla perpetua que practican los poderes centrales desde la capital de la república, mediante el ejercicio excesivo del poder presidencial, que por cierto, en el sexenio que ya termina, ha declinado claramente, debido a la descarada corrupción que ha auspiciado el titular actual del Ejecutivo, EPN, desde los escándalos, de La Casa Blanca, La Estafa del Siglo y Odebrecht, entre muchas otras.
El sistema fiscal mexicano ha sido durante todo el siglo pasado y lo que va de este, la columna vertebral que le dio poder y fuerza al estado centralista, hegemónico, de presidencialismo imperial, que implantó el PRI durante 70 años del siglo pasado, mantuvo el PAN durante sus 12 años en el poder y profundizó el PRI en el sexenio por terminar, anulando en los hechos nuestro principio constitucional como República, Federal, Representativa y Democrática.
Aunque la realidad política del país cambió radicalmente el 1º de julio, no sabemos todavía, si para bien, para avanzar en el camino de la democracia, o para mal, para retroceder. De hecho, desapareció el PRI, su representación en las cámaras va a ser el 4º lugar. El PAN retrocedió también en su presencia legislativa y el PRD, en cambio, fue el ganón en esa extraña y antinatural alianza que mantuvo con el PAN. El gran ganador de la contienda, Morena, si bien generó grandes expectativas por su oferta de combate a la corrupción con todas sus lacras y consecuencias negativas para los ciudadanos, da señales encontradas y algunas muy preocupantes, como la del anuncio de AMLO de que nombrará un delegado del gobierno federal, con poderes que se teme rebasen a los que la constitución les otorga a los gobernadores, en cada una de las 32 entidades federativas. Además nombrará 264 delegados regionales, (8 por estado), que junto con los 32 estatales “coordinarán la aplicación de recursos y la implementación de los programas federales. Todos ellos sustituirán las delegaciones federales”.
Estos nuevos delegados estatales son designados directamente por el presidente, tendrán contacto directo con el nuevo gobierno y realizarán acuerdos con secretarios de estado, desapareciendo la figura de Delegado Federal, lo cual socavará más de lo que ya está, el pacto federal, que en la constitución establece claramente el principio de la soberanía de los estados de la República.
Con esta medida AMLO, contradice su dicho de que respetará los poderes y la soberanía de los estados. Va contra la práctica democrática de otros países, de darle a los estados y las regiones, mayores potestades y mayor soberanía, entre otras, la de fijar sus propios impuestos, conforme a la capacidad y la vocación económica de cada estado y región. Así ocurre en Francia, el Alemania, en EUA y en todos los países democráticos donde los políticos sí representan a sus ciudadanos y en donde hay un equilibrio real de poder entre el gobierno central y el de los estados, plasmando este equilibrio en una justa y eficaz distribución de competencias e ingresos fiscales.