ENTRE MÁS OBRA, MÁS SOBRA
Las dos terceras partes del dinero invertido por este gobierno en obras públicas han ido a manos de contratistas foráneos, y sólo el tercio restante ha sido para empresas potosinas, pero con una alta concentración en tres o cuatro. Este es un fenómeno inédito en nuestro estado. Hasta donde existen registros, en sexenios anteriores la proporción era sobradamente inversa: 75 u 80 por ciento para los locales y el 20 o 25 por ciento para los de fuera.
Las obras, licitaciones, adjudicaciones y demás que dan cuerpo a esta columna, son todas administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Seduvop, y son también aquellas de las que existe algún registro oficial, pero resulta evidente que hay otras por cientos de millones de pesos de las que no es posible encontrar rastro alguno.
Según los registros existentes, sobre todo en la Contraloría General del Estado que recibe un tanto de convocatorias, licitaciones y adjudicaciones, en sus casi tres años la administración gallardista ha licitado y adjudicado obra pública, vía Seduvop, por 6 mil 031 millones 218 mil 581 pesos con 12 centavos. De estos, el 63.07 por ciento (3 mil 804 millones 059 mil 985 pesos 67 centavos) han sido para contratistas foráneos, y únicamente el 36.93 por ciento (2 mil 227 millones 158 mil 595 pesos con 45 centavos) para potosinos.
Los mismos documentos oficiales disponibles principalmente en la Contraloría (que por cierto súbitamente dejó de actualizar sus páginas de internet a fines del mes pasado), arrojan datos reveladores: Los 2 mil 227 millones contratados con constructoras locales se distribuyen entre 13 empresas, pero de manera totalmente inequitativa: más de la mitad (1 mil 193 millones 939 mil 487 pesos, equivalentes al 53.6 por ciento) se entregó a un grupo de tres empresas que comparten propietarios.
Se trata de Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar, con sede en Matehuala, que ha recibido contratos por 693 millones 735 mil 370 pesos; COEDESSA, también matehualense, beneficiada con 367 millones 478 mil 131 pesos, y Caminos, Terracerías y Concretos San Judas, con 132 millones 725 mil 986 pesos. Un nombre vinculado con ellas es Rafael Rafa Espinoza.
En el caso de los constructores venidos de otras partes la situación no es muy diferente. Se trata de 19 compañías que en conjunto han recibido contratos por 3 mil 804 millones de pesos, pero casi la mitad (1 mil 610 millones, igual al 42.3 por ciento) ha sido para un conjunto de seis empresas, llamativamente procedentes del sureste: 3 de Chiapas y 3 de Tabasco.
El hecho de que personajes de gran cercanía con el gobernador Gallardo Cardona -como Julión Álvarez y Manuel El Güero Velasco- sean chiapanecos y con intereses empresariales en Tabasco, seguramente es pura coincidencia.
Los 6 mil 031 millones de pesos de los que hoy damos cuenta, son la mayor parte de la inversión del gobierno gallardista en obra pública, pero no el total. Aún con el auxilio de expertos, nos resultó imposible encontrar algún registro oficial relativo a proyectos tales como la rehabilitación y remodelación de los parques Tangamanga I y II; el reacondicionamiento de las instalaciones de la FeNaPo, los trabajos en San Miguelito, en el parque de Morales y en el mercado República. Este conjunto de acciones representa cientos de millones de pesos, si no es que más, de los cuales no hay manera de conseguir información oficial.
Imposible dejar de citar el hecho de que en lo relativo al costo y contratista de la Feria, el gobernador públicamente le ha ordenado en por lo menos tres ocasiones a la titular de la Seduvop que entregue “de inmediato” esa información. Lo ha tirado a lurias.
A propósito de compañeros de viaje indeseables en estos ámbitos, la semana pasada se publicó en varios medios locales, básicamente con tono crítico y reprobatorio, que durante su gestión el alcalde Enrique Galindo había contratado obras por más de 100 millones de pesos con la empresa TORANG Construcciones, vinculada vía familiares con el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, némesis del gobernador Gallardo.
Pues con la novedad de que mediante la licitación LO-EST-247800018-17-2022, la Seduvop le otorgó a esa misma empresa, asociada con otra también huasteca de nombre SAFNAT Construcciones, en agosto de 2022, un contrato de 150 millones 753 mil pesos, para rehabilitar la carretera San Martín Chalchicuautla-Tanquián de Escobedo. Nadie debería sorprenderse si cualquiera de estos días se comprueba que ambas firmas son del mismo dueño.
¿Y LA LEY ‘APÁ?
Además de la marcada discriminación con la que este gobierno trata a los constructores potosinos y favorece a los foráneos, hay otros aspectos muy interesantes del manejo de la inversión en obras. El primero de ellos, es que la ley se la pasan por el arco del triunfo.
El artículo 43 de nuestra Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, establece claramente: “Las instituciones podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado en la partida correspondiente, y tengan el oficio de autorización de los recursos por parte de la dependencia estatal o municipal…”. Esto es lo que en los círculos oficiales se conoce coloquialmente como “tener suficiencia presupuestal”.
Nadie en su sano juicio, y me refiero a conocedores del tema, tanto por el lado financiero como constructor, puede asegurar que la Arena Potosí haya contado al momento de su inicio con “suficiencia presupuestal”. Imposible porque, entre otras cosas, no aparece en el Plan Estatal de Desarrollo ni en el Presupuesto de Egresos ni en ningún lado aparte de la mente de su creador.
Esta inobservancia de normas oficiales explica también que obras programadas para concluirse en tres meses tarden más de un año. No es que los constructores sean chambones, es que dejan de pagarles por falta de dinero en Finanzas y ellos paran los trabajos. Es el caso del famoso puente en el libramiento oriente y la calle 71, que sufrió un retraso de 468 días. Según documentos oficiales, se contrató para iniciarse el 25 de octubre del 2022 y terminarse el 31 de diciembre de ese mismo año. Se terminó, y no totalmente, el 12 de abril de este 2024. Casi 16 meses de atraso.
El mismo artículo de la misma ley dispone que para gestionar la suficiencia presupuestal, la dependencia ejecutora (Seduvop en este caso), debe contar con “los estudios y proyectos totalmente terminados”, también con “los dictámenes, permisos y licencias, que resulten indispensables para poder iniciar la ejecución de la obra”, y además, “Contar con el instrumento que acredite la propiedad de los inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas…”.
Nada de eso se cumplió en casos tan notorios como la avenida Himno Nacional, San Miguelito, el Parque de Morales o el Mercado República y justamente por eso en distintos momentos fueron suspendidas por mandato judicial, porque se estaban violando diversos ordenamientos legales.
En esta misma vertiente de ignorar la ley por apresuramientos innecesarios, voluntarismos del viejo estilo y arrogancias infinitas, están documentados casos en los que las obras fueron iniciadas antes siquiera de licitarse y adjudicarse. Obviamente, sin recursos presupuestales asignados, sin los permisos necesarios y, lo peor, sin los proyectos ejecutivos indispensables.
Es el caso del puente de Coronel Romero sobre el periférico. En su licitación (LO-EST-247800018-11-24) quedó establecido que los trabajos iniciarían el 22 de julio de este año, o sea el lunes pasado. Según consta y puede verse en diversos medios impresos, las obras arrancaron hace tres meses, el 23 de abril, para ser exactos. ¿Quién y con qué dinero las inició si todavía no había adjudicación?
Exactamente lo mismo sucede con el llamado puente “BMW”, cercano al acceso a esa planta automotriz. Oficialmente debió arrancar también el lunes hace tres días, pero los testimonios gráficos y mediáticos muestran cómo se le dio banderazo el 3 de mayo, hace dos meses y medio.
Quedan pendientes algunos temas, no menores. Por ejemplo, los elevadísimos costos que paga esta administración por sus obras, demostrados comparativamente con otras similares; lo absurdo de que constructoras tan lejanas geográficamente anden trabajando aquí, y las migajas presupuestales que le han tocado a la Junta Estatal de Caminos. Tiempo habrá.
COMPRIMIDOS
El que no quiera entender que no entienda. De todas maneras las cosas sucederán. La insólita carrera de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum para ir a saludar a su amiga Rita Ozalia el sábado pasado en el Centro de Convenciones, con una efusividad intensa, tiene un significado profundo. Fue un mensaje para alguien presente. Algo así como decirle “mira a quién avasallaste, mira a quién humillaste”. El camarógrafo que corría detrás de la señora es de su equipo. Es decir, si ahí no se hubiera decidido y autorizado su difusión, nos hubiéramos quedado sin verlo.
Pero este clarísimo mensaje no vino solo. Un día antes, la propia Rita Ozalia, acompañada de la decena de alcaldes, los diputados federales y locales morenistas, fueron a saludar a su hermana mayor Rosa Icela, pero no en su carácter de secretaria de Seguridad federal, sino en su condición de próxima secretaria de Gobernación. Días antes, el futuro líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que declinó una atenta invitación para ir a tomar café a Palacio de Gobierno y por eso lo alcanzaron en el hangar, trajo el mensaje que ya comentamos y que hemos reconfirmado recién: “Se te pasó la mano, gobernador; eso no te ayuda con los que van a llegar”. Así o más claro.
El asunto de la municipalización de Villa de Pozos solo puede entenderse en todas sus aristas a partir de una premisa: el interés mayor que lo mueve no es la justicia histórica para sus habitantes, tampoco el mejoramiento sustancial de sus servicios municipales ni la elevación de su calidad de vida. Es otro y cada día más obvio: la codicia que se cierne sobre sus más de 10 mil hectáreas de terrenos urbanizables, la mitad de las cuales ya pueden ser objeto de desarrollos inmobiliarios por contar con infraestructura básica. El resto lo será pronto. La mayoría de esas valiosas tierras ya tienen dueños que las compraron baratas.
Cada día crece más mi admiración por nuestros ínclitos diputados. Su férrea voluntad para cometer cochineros legislativos y para incurrir en pifias jurídicas no puede ser menos que admirable. Si alguien emprende algún tipo de impugnación, el caso se va a judicializar, con desenlace incierto y a largo plazo. Ya se verá.
Hasta el próximo jueves.
