Seguimos enfrentando una marcada polarización en las opiniones emitidas en torno a la “estrategia” de política social que se está implementado en nuestro país.
Los “rudos” siguen viendo con agrado las medidas tomadas respecto a la entrega directa de apoyos ya no dejan de observar y señalar la evidente corrupción detrás de la operación de muchos de los programas sociales en “las administraciones pasadas”. Los “técnicos” insisten en que no todo se estaba haciendo mal, y que echar abajo el engranaje institucional (intermedio) que operaba dichos programas no está siendo la solución al problema del mal manejo de los recursos públicos para el desarrollo social, y sí, una afectación directa a muchos sectores de la población menos favorecida que apostó por AMLO y la esperanza que prometía
A muchos todavía preocupa, que insiste en hacer llegar los recursos directamente a las manos de los beneficiarios o de quienes más lo necesitan: “primero los pobres”. Para ello siguen desplegados por todo el país un ejército de encuestadores denominados Servidores de la Nación que visitan casa por casa indagando dónde están las necesidades según ciertos criterios definidos por el propio gobierno federal. Con este padrón de beneficiarios, ciertamente define a quiénes va depositando la “ayuda gubernamental”.
Aún hay más preguntas que respuestas. Hay quienes argumentan que los problemas sociales como la pobreza y marginación no se solucionan otorgando apoyos monetarios; y que se requiere de mecanismos e instituciones intermedias, esas que “operan, atienden y ejecutan” cada programa en toda la extensión de esas tres palabras; personal que se encarga de orientar, asesorar y sensibilizar a la población en situación crítica contribuyendo de alguna manera, cuando es el caso, a modificar la perspectiva de sí mismos en su propio entorno y cómo mejorar sus condiciones de vida en comunidad.
En 2019, para operar las políticas y estrategias presidenciales, se crearon 20 nuevos programas presupuestarios, de los cuales uno está sujeto a reglas de operación y los 19 restantes se construyeron bajo la categoría de subsidios sin reglas. La mayoría de los apoyos de los nuevos programas se otorgaron directamente a los beneficiarios; es decir, sin intermediarios, a razón de que, de esa manera, dice AMLO, se evade la corrupción; no obstante, al ser programas no sujetos a reglas de operación, no se asegura que la aplicación de los recursos públicos se realice conforme lo establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para el 2020 el panorama no se vislumbra distinto.
Los recursos se han estado entregando directamente a los beneficiarios, pero ¿quién vigila esta entrega? ¿quién revisa que estas entregas no se hacen de manera discrecional y que atienden a necesidades reales relacionadas con marginación y pobreza extrema. Los grandes programas de este gobierno se están ejecutando sin reglas de operación. ¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?, ¿no se supone que se trata de combatir la corrupción?
¿Es una buena estrategia quitar los controles y la vigilancia ciudadana hacia quienes ahora se encargan de “operar, atender y ejecutar” cada programa y entregar los apoyos monetarios directos no es lo más viable? Desintegrar mecanismos que procuraban a los grupos más vulnerables, no sólo con dinero sino con apoyo psicológico y jurídico, no parece ser la mejor opción. El cambio de mentalidad y la búsqueda por mejorar la calidad de vida de esos sectores de la población que más ayuda necesitan, no se alcanzarán entregándoles dinero. Al contrario, seguirán siendo víctimas de un Estado paternalista y asistencialista que no los ayudará a salir de donde están. ¿Y cuándo se deje de otorgar el apoyo, esos beneficiarios, regresarán a la pobreza más extrema como ha ocurrido en algunos otros países de América Latina?
Ante estos cuestionamientos muchos, en México, podríamos decir que en lugar de desaparecer programas y quitar “intermediarios” que se requieren para operarlos, es responsabilidad del propio Estado introducir mayor control y supervisión a esas estructuras y mecanismos intermedios; esos, los llamados ejecutores de los programas sociales (dependencias gubernamentales estatales, Ayuntamientos y OSCs) es a quienes se les debe poner el ojo encima, auditárseles y pedirles cuentas de cómo gastan el recurso que se les entrega para distribuirlo entre los beneficiarios. Entonces sí, para de allí comenzar a combatir los casos de corrupción y de desvíos de fondos, y realmente impactar en la población objetivo de estos programas.
Sin embargo, hay voces externas que opinan distinto. Se le otorga optimismo a la “estrategia” de AMLO; pues hay quienes desde fuera aplauden sus decisiones en materia de política social. En días pasados, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, visitó nuestro país en el marco del 60 aniversario del BID. Y tras su reunión con el mandatario destacó que los programas sociales que impulsa AMLO, como los apoyos a estudiantes y adultos mayores, “son los correctos para cerrar las brechas de desigualdad” en el país, la principal urgencia del presidente de México.
Le explicó al mandatario mexicano que el BID “puede acompañar” el esfuerzo central del presupuesto que acaba de presentar el ministro de Hacienda, Arturo Herrera. En su regreso a Washington, señaló que el ritmo de crecimiento en América Latina no es “suficiente” para cerrar las “brechas” sociales, y que a ello se suman los nuevos retos como el cambio climático y los flujos migratorios, fruto de las crisis de Venezuela y Nicaragua.
El directivo consideró que México no va tan mal en comparación con el resto de Latinoamérica, que está bien redireccionar su “estrategia” en política social pero que debe hacer mejores esfuerzos, ya que la baja tasa de crecimiento económico en la región, que se estima que cerrará por debajo del 1 por ciento anual este año, no es “suficiente” para cerrar “brechas sociales” persistentes.
Se vale opinar, se vale disentir, se vale debatir y se vale no estar de acuerdo, pero con argumentos; lo que no se vale es no dialogar, improvisar, no planear y destruir sin argumentos. En política pública nunca todos quedan conformes. Porque mientras se apoya a unos grupos, otros quedan desprotegidos; y esto es así, porque el recurso es finito y no alcanza para todos.
Entre “rudos” y “técnicos” seguiremos debatiendo; así es la democracia. Apoyemos el combate a la desigualdad, pero con estrategia. Juzgue usted.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com