Jueces electos no, vigilancia autónoma sí

En las semanas posteriores a la elección se ha colocado como tema primordial de la agenda política la denominada reforma al Poder Judicial, los argumentos esenciales para llevar adelante este cambio de gran calado que implica además una modificación al texto constitucional, son dos, el primero proviene de la interpretación que desde el oficialismo se hizo del resultado de la elección, en el que asumen un imperativo popular para “continuar” transformando las instituciones toda vez que al haberle preguntado al “pueblo”, la masa al unísono ha respondido: adelante reformen el judicial porque es corrupto. 

El segundo argumento que sostiene el fondo de la reforma señala que ese poder encargado por definición de administrar justicia, lo ha hecho históricamente de manera inequitativa, haciendo realidad aquella frase decimonómica: justicia y gracia para mis amigos y justicia a secas para los demás (en el mejor de los casos). 

Así, la narrativa de justificar la necesidad de transformar el poder judicial se apuntala con el discurso mañanero que instruye a las nuevas legislaturas convertidas en constituyente permanente, a sacar adelante con gran premura la que podría ser la última, pero la más importante de las reformas constitucionales realizadas no sólo durante este sexenio, sino que sería la reforma más importante desde la mismísima promulgación de la Constitución en el cada vez más lejano 1917. 

Que existan áreas de oportunidad en los poderes judiciales del país (federal y locales), es una premisa verdadera, nadie lo negamos, justiciables y abogados coincidimos en que hay mucho que mejorar en las prácticas viciadas arraigadas en ese poder, sin embargo el corazón de la reforma judicial planteada trastoca la esencia misma de la justicia, pues en ese cotidiano dar a cada quien lo que le corresponde mediante sentencias, voltea la mirada a quienes serían los encargados de impartir y administrar justicia de aprobarse la reforma tal como se plantea, es decir: jueces, magistrados y ministros electos por el voto popular. 

Para quienes creemos fervientemente en el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que se sostiene bajo el Principio de la División de Poderes y se fortaleció en México con el nacimiento de todos los Organismos Constitucionales Autónomos, elegir por sufragio a los impartidores de justicia es una aberración, por decir lo menos, cuando el derecho es una de las más nobles profesiones, miles de juezas y jueces en este país son personas honorables, probas, preparadas, estudiosas, con especialidades en sus materias, sin dejar de recordar que en las dos últimas décadas se ha hecho un gran esfuerzo en generar servicios profesionales de carrera eficientes para que la vida judicial sea efectivamente eso, una carrera que se convierta en un proyecto de vida, por supuesto, como aquí se ha reconocido también hay jueces que se apartan de los principios más elementales de la ética, nadie lo negamos, pero la comunidad jurídica podemos afirmar que son los menos, y para ello la parte razonable de la reforma propuesta y en la que si podemos coincidir es en la transformación de los Órganos de Control y Vigilancia, denominados hasta ahora Consejos de la Judiciatura, me parece que es lo más rescatable de la propuesta, lograr conformar poderes judiciales en cuyo control interno se deje de ser juez y parte, un órgano de vigilancia judicial profesional e independiente que verifique la forma en que se llega a todos los cargos judiciales, se evalúe la permanencia y se sancione ejemplarmente a quienes se aparten del supremo valor de la justicia, ojalá que los representantes populares a quienes les tocará discutir esta iniciativa y que sean abogados, reflexionen con seriedad las implicaciones de llevar a las urnas a los jueces, las consecuencias negativas podrían resentirse durante mucho tiempo, Bolivia es un caso de absoluto fracaso en la elección popular de jueces, recordemos que tener millones de sufragios no significa tener siempre la razón. 

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