Justicia ambiental bajo amenaza (2 de 2)

“La justicia no puede ser sacrificada en el altar 

de la conveniencia política.” 

Ruth Bader Ginsburg

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, han encendido las alertas. No porque se opongan al principio democrático, sino porque saben que un Poder Judicial no debe ser popular, sino imparcial. La independencia judicial no es un lujo elitista, es una condición para la justicia, particularmente cuando se trata de proteger derechos contra el poder económico o político.

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En medio de la emergencia climática global, México debería estar fortaleciendo sus instituciones para enfrentar litigios complejos, garantizar reparación integral a comunidades afectadas y supervisar el cumplimiento de tratados internacionales. En cambio, desmantela los contrapesos que hacen posible ese cometido. Mientras el planeta se calienta, mientras los ríos desaparecen, mientras la calidad del aire enferma y mata, el país decide jugar con la estructura judicial como si se tratara de un experimento social.

¿Elegiríamos por voto directo a un cirujano que debe operarnos a corazón abierto? ¿Seleccionaríamos por aplausómetro a quien deba controlar una central nuclear? ¿Cómo confiar en un sistema judicial que se vuelve opaco, politizado y precario justo cuando más se necesita? ¿Quién juzgará, entonces, los actos de negligencia ambiental? ¿Quién frenará las talas ilegales disfrazadas de progreso? ¿Quién escuchará a los pueblos indígenas que claman justicia? La reforma, lejos de acercarnos a una justicia accesible, nos aleja de ella. Y en materia ambiental, el tiempo perdido no se recupera: cada omisión judicial puede significar una especie extinta, una comunidad desplazada, una oportunidad más para frenar el colapso que se va.

El acceso a la justicia ambiental no es un lujo para ecologistas. Es una herramienta esencial para preservar la vida, la salud, la dignidad. Despojarla de garantías, debilitar su estructura institucional, o politizar a quienes deben impartirla, es renunciar a proteger lo más básico: el derecho a un futuro.

Elegir jueces por voto popular puede parecer un gesto democratizador, pero en realidad puede convertirse en un arma para someter la justicia a los vaivenes de la opinión pública, el marketing político o incluso el miedo.

Bajo este nuevo esquema, los litigios ambientales —ya de por sí cuesta arriba— podrían enfrentarse a tribunales improvisados, con jueces que no han tenido formación especializada, que desconocen los estándares del Acuerdo de Escazú o que ni siquiera han tenido contacto previo con expedientes complejos. La brecha entre el derecho vigente y su aplicación efectiva se ensanchará aún más.

Al desmantelar la carrera judicial y relativizar la preparación profesional de quienes impartirán justicia, México no solo pone en riesgo los derechos ambientales: también vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, previsto en el artículo 1º constitucional y en tratados internacionales. No es admisible, en un Estado democrático de derecho, retroceder en las garantías que permiten hacer valer esos derechos.

Lo ambiental, además, es transversal: atraviesa los derechos a la salud, al agua, al territorio, a la vida digna. Lo que está en juego con esta reforma no es solo la capacidad del Poder Judicial para interpretar normas ecológicas, si no su papel como última trinchera frente al despojo, la injusticia y la devastación.

Los tribunales deben ser un lugar de resguardo, no una arena de incertidumbre. Las sentencias deben basarse en argumentos jurídicos sólidos, no en cálculos electorales. La confianza pública en el sistema judicial no se construye con campañas políticas, sino con profesionalismo, transparencia y resultados.

La justicia ambiental es uno de los frentes más urgentes del siglo XXI. Si no protegemos sus herramientas procesales, sus operadores judiciales y su institucionalidad, los daños no solo serán jurídicos: serán irreversibles, físicos, ambientales, humanos. Porque, al final del día, cada juicio perdido por falta de preparación judicial puede convertirse en un río contaminado, un bosque arrasado o una comunidad desplazada.

Defender la independencia judicial, exigir la formación profesional de jueces, y rechazar la politización de la justicia, no es un capricho. Es una tarea ética. Es una defensa del futuro. Es una forma de resistir, con argumentos y con verdad, el vaciamiento institucional que amenaza a México.

Delírium trémens.- Quintaesencia ya está en Spotify. Te invito a escuchar una reflexión crítica sobre medio ambiente, justicia y derechos humanos, desde el derecho y la conciencia social. Escucha, piensa y actúa.

@luisglozano