El caso de la absolución de Elba Esther Gordillo Morales ha puesto sobre la mesa, nuevamente, la posibilidad de que voces inconformes con el nuevo sistema de justicia penal se levanten para clamar por el regreso al obscuro y siniestro pasado del sistema inquisitivo.
Hay que decir que, en efecto, existe en la población una percepción de impunidad e injusticia en el nuevo sistema de justicia penal. Esto es producto, esencialmente, de que, durante los ocho años transcurridos desde la reforma constitucional que lo establece en dos mil ocho y hasta dos mil dieciséis que entró en vigor, jamás hubo una campaña clara, precisa, sencilla, que explicara y generara conciencia de como y en que forma funciona un aparato de justicia criminal bajo la óptica acusatoria adversarial. De hecho, al día de hoy, sigue sin existir esa acción informativa.
Por otro lado, mucho se hacen públicas las supuestas acciones de investigación de delitos, sobre todo atribuidos a personajes conocidos de la vida política y se generan boletines de prensa o bien se filtra información a medios de comunicación; esto conlleva la generación de una expectativa de culpabilidad en la ciudadanía, que contraviene el Principio de Presunción de Inocencia y que, al final, no recibe ninguna explicación.
En el caso de Elba Esther, cuando fue detenida se saturaron los medios con informaciones y opiniones sobre su supuesta culpabilidad, pero, hoy que ha sido absuelta, no hay la misma cobertura ni el mismo empeño en reconocer la Procuraduría General de la República que acusó con pruebas ilícitas, tal como lo determina la sentencia.
Ahí está otra causa de la equivocada percepción sobre la eficacia del nuevo sistema de justicia penal: la información que se difunde y la forma en cómo se hace.
Es cierto, así lo he considerado y defendido siempre, que los medios de comunicación cumplen una función esencial en el correcto desarrollo democrático de una sociedad y que los ciudadanos deben tener información suficiente y precisa sobre los hechos que ocurren, a efecto de que no se generen falsas percepciones o decisiones.
De esta manera, el dar la noticia de una detención, sin calificaciones ni opiniones incendiarias y solo de manera objetiva, siempre dejando patente que se trata de una persona que se beneficia por el Principio de Presunción de Inocencia y que, por tanto, no puede hablarse de que haya cometido delito alguno sino hasta que sea sentenciado, es solo una de las aristas que los protocolos, que sería deseable tuvieran los medios de información para tratar lo relacionado con la justicia penal, pudieran establecer.
De hecho, existen esos protocolos para ciertos temas, cuidando siempre la objetividad y buen nombre del medio; si los aplican para hablar de delincuencia organizada o en temas de seguridad, ¿por qué no diseñar alguno para tratar los temas penales?
Finalmente, es importante que las autoridades se asuman como tales y sean conscientes de su función y papel en el entramado del juzgamiento penal. Si un Ministerio Público o un policía obtienen una prueba ilícita y, con eso, se deja en libertad a alguien que resulta ser culpable, no debería quedar ahí el asunto, pues a ese servidor público responsable le debería significar un castigo ejemplar e, incluso, hasta una posible sanción penal.
Los jueces, al darse cuenta de esta situación, deberían poner en conocimiento de las autoridades la circunstancia para proceder contra el responsable, lo que no sucede, ya que solo lo ven como un tema que permite resolver un expediente y ya.
En una falla en la investigación del delito por la inobservancia de una formalidad o, incluso, la coacción moral de la policía con el posible responsable, encontramos la causa principal de que no se haga justicia.
No es un tema de que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas, esto no es así; de lo que se trata es de que, ante cuestiones como a las aquí expuestas, PARECE que los delincuentes tienen ventaja, la cual solo radica en que se están haciendo mal las cosas por las personas, pero no porque el sistema acusatorio sea el equivocado.
@jchessal
Hay que decir que, en efecto, existe en la población una percepción de impunidad e injusticia en el nuevo sistema de justicia penal. Esto es producto, esencialmente, de que, durante los ocho años transcurridos desde la reforma constitucional que lo establece en dos mil ocho y hasta dos mil dieciséis que entró en vigor, jamás hubo una campaña clara, precisa, sencilla, que explicara y generara conciencia de como y en que forma funciona un aparato de justicia criminal bajo la óptica acusatoria adversarial. De hecho, al día de hoy, sigue sin existir esa acción informativa.
Por otro lado, mucho se hacen públicas las supuestas acciones de investigación de delitos, sobre todo atribuidos a personajes conocidos de la vida política y se generan boletines de prensa o bien se filtra información a medios de comunicación; esto conlleva la generación de una expectativa de culpabilidad en la ciudadanía, que contraviene el Principio de Presunción de Inocencia y que, al final, no recibe ninguna explicación.
En el caso de Elba Esther, cuando fue detenida se saturaron los medios con informaciones y opiniones sobre su supuesta culpabilidad, pero, hoy que ha sido absuelta, no hay la misma cobertura ni el mismo empeño en reconocer la Procuraduría General de la República que acusó con pruebas ilícitas, tal como lo determina la sentencia.
Ahí está otra causa de la equivocada percepción sobre la eficacia del nuevo sistema de justicia penal: la información que se difunde y la forma en cómo se hace.
Es cierto, así lo he considerado y defendido siempre, que los medios de comunicación cumplen una función esencial en el correcto desarrollo democrático de una sociedad y que los ciudadanos deben tener información suficiente y precisa sobre los hechos que ocurren, a efecto de que no se generen falsas percepciones o decisiones.
De esta manera, el dar la noticia de una detención, sin calificaciones ni opiniones incendiarias y solo de manera objetiva, siempre dejando patente que se trata de una persona que se beneficia por el Principio de Presunción de Inocencia y que, por tanto, no puede hablarse de que haya cometido delito alguno sino hasta que sea sentenciado, es solo una de las aristas que los protocolos, que sería deseable tuvieran los medios de información para tratar lo relacionado con la justicia penal, pudieran establecer.
De hecho, existen esos protocolos para ciertos temas, cuidando siempre la objetividad y buen nombre del medio; si los aplican para hablar de delincuencia organizada o en temas de seguridad, ¿por qué no diseñar alguno para tratar los temas penales?
Finalmente, es importante que las autoridades se asuman como tales y sean conscientes de su función y papel en el entramado del juzgamiento penal. Si un Ministerio Público o un policía obtienen una prueba ilícita y, con eso, se deja en libertad a alguien que resulta ser culpable, no debería quedar ahí el asunto, pues a ese servidor público responsable le debería significar un castigo ejemplar e, incluso, hasta una posible sanción penal.
Los jueces, al darse cuenta de esta situación, deberían poner en conocimiento de las autoridades la circunstancia para proceder contra el responsable, lo que no sucede, ya que solo lo ven como un tema que permite resolver un expediente y ya.
En una falla en la investigación del delito por la inobservancia de una formalidad o, incluso, la coacción moral de la policía con el posible responsable, encontramos la causa principal de que no se haga justicia.
No es un tema de que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas, esto no es así; de lo que se trata es de que, ante cuestiones como a las aquí expuestas, PARECE que los delincuentes tienen ventaja, la cual solo radica en que se están haciendo mal las cosas por las personas, pero no porque el sistema acusatorio sea el equivocado.
@jchessal