“A la memoria de Rodolfo Tuirán, extraordinario servidor público”.
Si en septiembre celebramos el inicio y consumación de la Independencia, es también una ocasión para reflexionar cómo y qué hemos hecho los mexicanos para elevar los niveles de vida de la población. Además, en este mes el presidente de la República envía la solicitud de endeudamiento neto al H. Congreso de la Unión. Por ello vale la pena preguntarnos si el incremento de la deuda pública se ha visto correspondida con una disminución de las carencias de la población, a las que en su conjunto podríamos llamar deuda social.
Esta deuda que no la define el marco jurídico, se refiere a lo que los mexicanos le debemos a nuestros connacionales. Esto es, que el Estado, pese haberse endeudado, no ha generado las condiciones propicias para que todos los mexicanos accedan a los servicios de educación y salud, tengan seguridad social, habiten una vivienda digna y decorosa, tengan electricidad, agua y drenaje, y obtengan un ingreso suficiente para consumir las proteínas y calorías requeridas para conducir una vida normal. Lo más cercano a la medición de la deuda social es lo que tenemos en la Ley de Desarrollo Social, la cual obliga al Estado mexicano a medir estas dimensiones. Así es como podemos saber si un(a) mexicano(a) puede ser considerado(a) pobre, y en las comparaciones con años anteriores constatar si hay avances o retrocesos.
Para México la política social enfocada a reducir la pobreza presenta claroscuros. Hay avances, pero sobresalen mucho más los rezagos y los rubros estancados. Mientras que la deuda pública del gobierno federal, sus organismos públicos y empresas productivas de Estado, ha aumentado sustancialmente tanto en términos absolutos como en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), este incremento no se ha reflejado en mayor crecimiento económico, ni en mayor producción petrolera, ni en reducción drástica en la pobreza.