La elección del Poder Judicial

No recuerdo un episodio electoral, en los últimos treinta años, que enfrente desafíos y riesgos tan significativos como los que el Estado mexicano tiene en puerta con la elección del Poder Judicial federal y los locales que ya han aprobado la reforma correspondiente.

La reciente reforma ha permitido que la ciudadanía elija a las y los integrantes del Poder Judicial, tal como lo hace con las personas titulares de la Presidencia de la República, las gubernaturas, el Congreso de la Unión y los congresos locales. Los procesos electorales que conocemos han sido diseñados y perfeccionados durante décadas para los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ahora, el Estado mexicano enfrenta un reto mayúsculo: organizar la elección del Poder Judicial con los mismos estándares de calidad e integridad. Sin embargo, este desafío se da en un contexto peculiar: el Poder Judicial es el menos conocido por la ciudadanía, y las autoridades electorales deben organizar una elección de naturaleza distinta, en tiempo récord y con recursos limitados, particularmente en términos de tiempo y presupuesto.

No puede haber elecciones de primera y de segunda. Desde que el Estado mexicano se reconoce como democrático y republicano, se asume que sus tres poderes son igualmente importantes. Sin embargo, la elección de integrantes del Poder Judicial presenta características inéditas que la hacen profundamente diferente de lo que conocemos. Por un lado, su naturaleza no partidista implica un cambio en las reglas para postular y conocer a las candidaturas, lo que afecta directamente la manera en que la ciudadanía construye una percepción sobre quienes aspiran a ocupar estos cargos. Por otro lado, existe un amplio desconocimiento de lo que habrá de elegirse. Actualmente, la mayoría de la población no tiene claridad sobre qué cargos estarán en juego, cuáles son sus funciones específicas, cómo se distribuyen geográficamente y, sobre todo, cómo estos impactan su vida diaria. Sin esta información, es difícil que las personas puedan formarse una idea sobre el perfil ideal para estos puestos.

A esto se suman las limitaciones presupuestales. Las autoridades electorales no cuentan con los recursos necesarios para organizar esta elección bajo las condiciones habituales. Un ejemplo ilustrativo es la consulta para la revocación de mandato en 2022, donde el Instituto Nacional Electoral instaló apenas una tercera parte de las casillas que normalmente se habilitan para una elección constitucional. La participación en ese ejercicio fue de solo el 17% del listado nominal. Aunque la cantidad de casillas no determina directamente el nivel de participación, sí influye en la facilidad y naturalidad con que la ciudadanía acude a votar.

Los recortes presupuestales también podrían traducirse en una menor cobertura de capacitación para funcionarios de casilla, logística limitada y un aumento en los errores operativos. Las autoridades electorales han sido claras al señalar los recursos necesarios y advertir las consecuencias de su insuficiencia. Aunque esta responsabilidad recaía inicialmente en los poderes Legislativo y Ejecutivo, ahora corresponde al Ejecutivo garantizar la suficiencia de recursos, quizá mediante ampliaciones presupuestales.

Más allá del resultado de la elección, que inevitablemente designará a personas para ocupar los puestos en el Poder Judicial, el contexto en que se desarrolla este proceso es alarmante. Nos encontramos en un entorno político de alta tensión, marcado por una nueva iniciativa de reforma que busca eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales y sustituir al INE con una autoridad electoral nacional única.

Seamos claros: esta elección no es simplemente una prueba de resistencia para las autoridades electorales. Es un desafío para el Estado mexicano en su conjunto. Ojalá haya suficiente estatura política para reconocerlo y actuar en consecuencia.

x. @marcoivanvargas