El Poder Judicial del Estado, al igual que cualquier organización pública o privada tiene un propósito o razón de existir, es decir su misión y, por lo tanto, se plantea objetivos y metas a cumplir, los cuales serán alcanzables con el apoyo del capital humano que suma esfuerzos para la correcta y oportuna realización de dichas finalidades.
Para lograr lo anterior, se debe contar con las condiciones administrativas y con los recursos materiales, tecnológicos y financieros necesarios, así como una adecuada planeación que evalué las cargas de trabajo, optimice los recursos y trace un camino claro y para el logro de las metas establecidas.
De acuerdo con Rojas (2008), los órganos jurisdiccionales tienen el paradigma de que todas las cosas ya están dadas; las leyes, códigos, reglamentos y acuerdos generales establecen las atribuciones, funciones y actividades y determinan los procedimientos, el Consejo de la Judicatura como órgano responsable de la administración, gestiona los recursos financieros, humanos y materiales y coordina la tecnología de información para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, por lo que los titulares se avocan a revisar lo relativo a los acuerdos, sentencias, desahogo de audiencias y el servidor judicial realiza sus actividades de manera instintiva, sin coordinación o dirección; frecuentemente se cambian los procedimientos y formatos, y cada órgano jurisdiccional trabaja de manera diferente, lo que afecta directamente a los usuarios a quienes se les presta el servicio.
De nada sirven las horas y esfuerzos que imprima el titular de un juzgado, si sus acciones no están encaminadas en atender, además de sus funciones propiamente jurisdiccionales, algunos puntos estratégicos y claves, como son: el personal, la organización, el establecimiento de procedimientos administrativos estandarizados, supervisar la calidad del trabajo, cuidar que la comunicación y el ambiente organizacional sean adecuados, aprovechar al máximo los adelantos cibernéticos y que se cuente con las instalaciones, mobiliario y material de oficina necesarios para desempeñar su función de forma eficiente. (…) Así, para que el Poder Judicial cumpla cabalmente con la prestación del servicio público de administración de justicia, deben combinarse con efectividad una serie de elementos técnicos, humanos, materiales y de organización. De la forma en que se integren, dirijan, coordinen y estructuren, dependerán los resultados. (Rojas Caballero, 2008 p. XXIV - XXV).
Lo anterior justifica la importancia de una adecuada administración en el Poder Judicial, del Estado de San Luis Potosí, apoyándose de herramientas básicas como son manuales de organización y procedimientos administrativos que permitan la estandarización de las actividades y por lo tanto facilite la medición y evaluación del desempeño, aprovechar las nuevas tecnologías y establecer mecanismos de mejora continua, supervisión y control.
Las herramientas que proporciona la ciencia de la Administración beneficiarían enormemente a los órganos jurisdiccionales, tanto al personal como a sus titulares, quienes se enfrentan diariamente a la difícil tarea de la administración de justicia, y a su vez procuran cumplir honestamente y con excelencia los objetivos de la institución. Es una realidad que los juzgados en el estado se enfrentan a una carga de trabajo incesante y de asuntos que deben resolverse de manera pronta y con calidad, todo ello dentro de una compleja estructura, en la que se conjugan los esfuerzos de casi treinta personas en cada uno de ellos. No debemos olvidar que el Poder Judicial presta un servicio público prioritario para los habitantes del Estado de San Luis Potosí.