Con frecuencia el presidente de la república se contradice de palabra o en los hechos. Desearíamos poder confiar en ella, pero es difícil otorgarla a un gobernante de palabra tan endeble.
En su vocabulario, no es raro encontrar expresiones como: “no todo lo que es legal, es legítimo; si hay que optar entre lo justo y lo legal, no hay que dudar, opten por lo justo; o bien la que repitió después de que se le había declarado electo: “él, no es rencoroso” ... y no va a aplicar la ley en contra de los grandes sinvergüenzas del sexenio de EPN, ni se les habría de requisar su riqueza mal habida. Él prefiere el amor y la paz, antes que aplicar el rigor de la ley a los autores de los grandes peculados y desvíos del sexenio anterior; como los de Odebrecht o la Casa Blanca o la Estafa del Siglo, entre muchos otras. El presidente no quiere saber nada de aplicar la ley, cuando se le pide que haga regresar al patrimonio de los ciudadanos, la riqueza que saquearon durante el sexenio pasado.
Y preguntamos, a sabiendas de la enorme fortuna que amasó Peña Nieto, ¿Qué autoridad tiene el presidente para perdonar ese y muchos otros latrocinios sobre una riqueza que no es la suya? ¿Incurre o no en responsabilidad administrativa o penal un presidente que pudiendo recuperar la riqueza del pueblo saqueada en el sexenio anterior, no lo hace? ¿El presidente de la república tiene autoridad para violar la ley? ¿Qué no repitió muchas veces que en su gobierno no habría nada ni nadie por encima de la Ley? ¿Es justo, moral, legal y legítimo que los jerarcas sindicales como la Gordillo, Gómez Urrutia, o el tal Romero Deschamps hayan podido amasar fortunas inmensas a costillas de los trabajadores de sus respectivos gremios y ahora se les premie otorgándoles senaduría a uno de ellos que despojó al sindicato de más de 50 millones de dólares?; o devolviendo a Elba Esther propiedades y recursos que, por ley, se le habían ya confiscado. O manteniendo en PEMEX como líder del sindicato a quien se ha cansado de saquear a esa paraestatal.?
Los mexicanos nos sentimos muy vulnerables, aún en estos tiempos de la 4T. Cualquier miembro de nuestra familia, de nuestros amigos o de nuestra comunidad, casi en cualquier parte de República, puede ser víctima de un asalto, una agresión, un secuestro o una violación. El ascenso de AMLO a la presidencia, después de sus discursos de campaña contra la corrupción y contra la violencia, alentó la esperanza de muchos millones de ciudadanos, de que al asumir Obrador la presidencia, el número fatídico de homicidios, empezaría a declinar, así fuera ligeramente. No solo no lo ha hecho, sino que se incrementó en un 8.5% durante el primer trimestre del año, en compa ración con el mismo periodo del año anterior.
El pasado lunes el presidente López aseguró en su discurso a propósito de la salvaje matanza de 13 personas en Minatitlán, Veracruz, entre ellas una criatura de un año, que en un lapso de 6 meses habremos de empezar a observar los resultados de su política de contención de la violencia, una vez que haya empezado a operar la guardia nacional. No externó un sentimiento de solidaridad y de pésame hacia los familiares de los muertos, ni advertimos en sus palabras y en su expresión facial, comprensión del dolor de los deudos o fraternal apoyo a esa comunidad veracruzana. Solo mostró una vez más, es una airada reacción contra quienes lo critican. Tundió parejo a los gobiernos anteriores, sin excepción, que dejaron al país como “un cochinero” y con esa fórmula cómoda echó la culpa a otros de un trágico suceso que ocurre 4 meses y medio y después de asumir el cargo y 9 desde que se le declaró presidente electo.
A menos que alguien demuestre lo contrario, sostengo que la causa primordial de la corrupción y de la violencia, es la impunidad. Creo que están íntimamente relacionadas. Para que los seres humanos sean respetuosos de la ley y del derecho de los demás, hace falta algo más que invocar principios éticos y valores morales o religiosos, hace falta que exista el elemento de disuasión más efectivo que se conoce: el temor a la sanción, a la condena legal y social. El aumentar la fuerza militar del gobierno como lo está haciendo AMLO con su Guardia Nacional, así cuente con 50 mil elementos adicionales y estén perfectamente equipados y armados, no ofrece ninguna garantía de que se va a lograr abatir la violencia que actualmente agobia a todo el país. El hecho de que se ostente el presidente como un ejemplo a seguir de honestidad y solvencia moral tampoco es garantía de que desaparecerá la corrupción. Ni siquiera el hecho de que lo decrete en su prolija verborrea matinal diciendo “¡Ya! Desde hoy desaparece la corrupción!”. Es ingenuo por decir lo menos, pensar que todo el aparato burocrático y toda la sociedad se volverán incorruptible solo porque el presidente dice que él es honrado. La única fórmula para disminuir en serio la corrupción es reducir a niveles tolerables la impunidad, y empezar por meter a la cárcel a los pillos en el gobierno o fuera de él. ANTES NO!!
Y el único responsable de combatir la impunidad, es el gobierno. ¿Cómo? Aplicando la ley. No hay otro camino.
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Corren por ahí rumores de que a nuestro presidente municipal ya le andan calentando la cabeza algunos aduladores con eso de buscar la gubernatura del estado en el 2021. Si es así, ojalá el Lic. Xavier Nava haga oídos sordos a esas voces. Él no se debe distraer con el canto de las sirenas. Es humano y comprensible que pudiera tener interés, pero me parece que puede hacer mejor su trabajo para el que lo elegimos si se concentra en atender esmeradamente y con amplio sentido de responsabilidad los grandes problemas de nuestra capital y hasta se le pueda reelegir para buscar la gubernatura en el 27. Los años pasan volando.
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