A tres décadas de que nuestro país promovió y adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo objetivo es garantizar y proteger la infancia y la adolescencia en todo el mundo, en México las cifras no son alentadoras, cada día están asesinando a 3.6 niñas, niños y adolescentes y desapareciendo a cuatro, en su mayoría mujeres de entre 15 y 17 años.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, se registraron 796 homicidios dolosos en contra de niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la grave crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, pero en especial, las niñas, niños y adolescentes.
Las cifras oficiales reflejan que la estrategia de seguridad que el Estado Mexicano ha instrumentado durante décadas no ha dado los resultados que permitan proteger a este segmento que representa el 31 por ciento de la población total.
Es cierto que se han registrado avances relevantes en el marco jurídico, cambios legislativos que significaron modificaciones constitucionales, leyes y mecanismos. En 2014 la creación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y en 2015, la instalación del Sistema Nacional Integral de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina).
Se formalizó un mecanismo para generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como sujetos de derechos.
Pero la construcción del marco jurídico no ha sido suficiente para cambiar el contexto social en el que se desarrolla la niñez, persiste la visión en la que se sigue considerando que las niñas, niños y adolescentes son propiedad y responsabilidad de las familias.
Esa es la visión que impide que se construyan políticas públicas que los visualicen como sujetos de derechos, como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 niños siguen viviendo golpes en su casa, con fines educativos. Cuando se golpea a un adulto, tiene consecuencias legales; cuando un padre golpea a su hijo, no; salvo que sea atendido en un hospital.
Se estima que cuando niñas, niños y adolescentes son víctimas de un hecho delictivo, en un 97 por ciento de los casos quedan en la impunidad, y sólo tres carpetas de investigación llegan a un juzgado.
A lo largo del territorio nacional persiste el trato desigual hacia las niñas, niños y adolescentes. Tienen poca posibilidad de ser escuchados y de participar en la promoción de sus derechos.
En 2006 la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe mundial de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en el cual se revela que el espacio donde mayores acontecimientos negativos les suceden a niñas, niños y adolescentes son los lugares que se consideran de protección: los hogares, las iglesias y los centros deportivos.
Considerar a los niños como seres inferiores, a los que no se les da la misma condición de igualdad, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad para ser víctimas de violencia sexual.
Es por ello que la violencia sexual lamentablemente se da en los lugares donde el niño debería sentirse seguro: en la casa y en la escuela; y en su mayoría, por quienes debieran protegerlos tíos, padres, abuelos o un conocido del entorno familiar.
La violencia que le afecta al mundo adulto, también le afecta a niños, niñas y adolescentes; es urgente que el Estado asuma su responsabilidad con todas y todos, pero en especial con las niñas, niños y adolescentes.
Las adversidades y alteraciones en la salud mental y física que atraviesan las niñas, niños y adolescentes perduran, y sus consecuencias afectan tanto el plano individual como el desarrollo económico y social de un país, es por ello que es impostergable el diseño de políticas públicas focalizadas que les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y de una estrategia de seguridad que proteja su integridad.
Maestra en políticas públicas
Twitter: @Ale_BarralesM