La nueva CEGAIP
“La Información es poder”
F. Bacon
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública (próximamente denominada Secretaría Anticorrupción). Este cambio ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para los derechos fundamentales y la administración pública en el país.
El INAI, encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, ha enfrentado críticas recientes. Particularmente, su Comisionado Presidente, Adrián Alcalá Méndez, fue apuntado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a gastos cuestionables realizados con tarjetas corporativas. Entre 2022 y 2023, se reportaron cargos por hospedajes y alimentos en establecimientos sin vínculo con actividades oficiales, además de pagos de viáticos para viajes internacionales cuyo beneficio no quedó claro. Alcalá calificó las irregularidades como “errores administrativos”, aunque las tarjetas corporativas fueron canceladas tras la auditoría.
El caso del INAI no es aislado. En San Luis Potosí, el presidente del órgano local CEGAIP, Menchaca, también fue señalado de utilizar recursos públicos para gastos personales, incluyendo viajes de lujo, comidas en restaurantes exclusivos y retiros de efectivo no comprobados. La asignación de un “bono de marcha” de casi $97,000 al finalizar su mandato marcó un precedente controversial, reforzando la percepción de opacidad y mal manejo de recursos en organismos autónomos.
Derechos fundamentales en el contexto
de la desaparición de órganos
La desaparición del INAI y otros órganos autónomos plantea preguntas clave sobre la protección de derechos fundamentales en México. Según la teoría garantista de Luigi Ferrajoli, los derechos deben entenderse en dos niveles: las garantías primarias, que reconocen los derechos fundamentales, y las garantías secundarias, que corresponden a los mecanismos institucionales para tutelarlos. En este marco, si bien la desaparición de órganos como el INAI o la CEGAIP no implica directamente el incumplimiento de obligaciones internacionales, sí cuestiona la capacidad de las instituciones restantes para asumir sus funciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDHs) podrían absorber responsabilidades de los órganos desaparecidos, como la protección del derecho al Acceso a la Información y la Protección de los Datos Personales contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el problema radica en la falta de capacidades humanas, técnicas y legales que históricamente han caracterizado a estas instituciones.
Para garantizar el acceso a la información, la transparencia y los derechos humanos en una sociedad democrática, no basta con reestructurar organismos. Es fundamental contar con un marco legal robusto, recursos suficientes y personal capacitado. La desaparición de organismos autónomos podría derivar en una concentración de poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos necesarios en un Estado de derecho.
En este sentido, la sociedad civil y los organismos internacionales jugarán un papel clave para monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos fundamentales. La protección de estos derechos no debe depender exclusivamente de la existencia de organismos específicos, pero sí requiere instituciones sólidas que operen con transparencia.
De momento se agotan las líneas de este mi espacio editorial, las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
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