El nuevo gobierno federal sigue haciendo limpia del cochinero que dejaron las pasadas administraciones “prianistas”. La corrupción se apoderó de todos los espacios del servicio público y el robo de combustible es, apenas, la punta del iceberg. Por estar metidos en el terrible drama de las consecuencias del “huachicoleo”, pudiera pasar desapercibido otro tipo de corruptelas que se han venido develando -y combatiendo- por parte del gobierno “amloísta” en estos primeros meses, pero que son polvos de aquéllos mismos lodos. Uno de esos ámbitos de corrupción, que han salido a flote, es el de la enorme cantidad de recursos públicos que los últimos gobiernos “prianistas” dilapidaron al asignar a empresas privadas, incluso trasnacionales, dizque para innovar en ciencia y tecnología en aras de “potenciar” el desarrollo de nuestro país.
Resulta que, de acuerdo con información aportada por la nueva titular de “Conacyt” (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la Dra. Elena Álvarez, “entre 2009 y 2017 se destinaron a, fondo perdido, 24 mil 448 millones de pesos a empresas mediante el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI); de ellos, el 30 por ciento fueron para 512 empresas grandes y trasnacionales”, agregando que en el sexenio de peña Nieto se alcanzó una transferencia extraordinaria de “hasta 50 mil millones de pesos a empresas mediante el PEI y otros rubros como becas y diversos fondos” (en “La Jornada”, 18 de enero de 2019). Como puede verse, no era cualquier bolsa de cacahuates y, por lo menos, se esperaba que el elefante moviera las orejotas para entretener al respetable.
Pero allí tienen que, después de todo ese tiempo, “México se ubica en las últimas posiciones de las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por la inversión en ciencia, tecnología e innovación, inferior al 1 por ciento del PIB, así como por una baja tasa de participación de la iniciativa privada en el financiamiento del sector, estimada en un 21 por ciento del total de fondos que se destinan para investigación” (Ibid). Parafraseando a don Carlos Castillo Peraza, el célebre ideólogo panista, con esa aplicación de recursos podría alardearse de la probabilidad de que volara el elefante, pero a la hora de hacerlo sería imposible. Y es que, en efecto, si de por sí la brecha científico-técnica con los países desarrollados es enorme y además de naturaleza estructural, obviamente malversando los recursos destinados a ese fin la crisis se ahondará.
Evidentemente, los incrementos de fondos públicos para la investigación científica y tecnológica deben estar orientados a producir el denominado “trabajo general” o científico, el conocimiento propio, pues, que incida en el incremento de patentes, de las redes de innovación y la especialización de recursos humanos que propicien mayor competitividad en el mercado internacional de nuestros productos. Sin embargo, desde hace tiempo se ha venido incumpliendo destinar el mínimo del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ese objetivo primordial; en tanto que las empresas privadas, como ya quedó señalado antes, se concretan a “pepenar” buena parte de esos recursos para sus intereses más particulares de competitividad (aunado a las facilidades logísticas para su instalación y otras incentivos gubernamentales de atracción y arraigo de capitales) que de innovación para el desarrollo sustentable de la nación.
¿De qué empresas se trata? Según los datos aportados por la titular de “Conacyt”, son corporaciones de gran calado como Bayer, Monsanto, General Motors, Ford, Continental, Kimberly Clark, Industrial Minera México y muchas más, entre las que, por cierto, destacan varias a las que se han elevado denuncias constantes por su “contribución” a la depredación ambiental y que, empero, gozan de cabal impunidad por los pasivos que arrastran en esa materia. En suma, corregir la distribución y aplicación de recursos públicos destinados al importantísimo rubro de la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando que las empresas aporten más recursos propios para ese fin, sin menoscabo de que el Estado mexicano se mantenga como garante y gestor del desarrollo nacional.
Resulta que, de acuerdo con información aportada por la nueva titular de “Conacyt” (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la Dra. Elena Álvarez, “entre 2009 y 2017 se destinaron a, fondo perdido, 24 mil 448 millones de pesos a empresas mediante el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI); de ellos, el 30 por ciento fueron para 512 empresas grandes y trasnacionales”, agregando que en el sexenio de peña Nieto se alcanzó una transferencia extraordinaria de “hasta 50 mil millones de pesos a empresas mediante el PEI y otros rubros como becas y diversos fondos” (en “La Jornada”, 18 de enero de 2019). Como puede verse, no era cualquier bolsa de cacahuates y, por lo menos, se esperaba que el elefante moviera las orejotas para entretener al respetable.
Pero allí tienen que, después de todo ese tiempo, “México se ubica en las últimas posiciones de las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por la inversión en ciencia, tecnología e innovación, inferior al 1 por ciento del PIB, así como por una baja tasa de participación de la iniciativa privada en el financiamiento del sector, estimada en un 21 por ciento del total de fondos que se destinan para investigación” (Ibid). Parafraseando a don Carlos Castillo Peraza, el célebre ideólogo panista, con esa aplicación de recursos podría alardearse de la probabilidad de que volara el elefante, pero a la hora de hacerlo sería imposible. Y es que, en efecto, si de por sí la brecha científico-técnica con los países desarrollados es enorme y además de naturaleza estructural, obviamente malversando los recursos destinados a ese fin la crisis se ahondará.
Evidentemente, los incrementos de fondos públicos para la investigación científica y tecnológica deben estar orientados a producir el denominado “trabajo general” o científico, el conocimiento propio, pues, que incida en el incremento de patentes, de las redes de innovación y la especialización de recursos humanos que propicien mayor competitividad en el mercado internacional de nuestros productos. Sin embargo, desde hace tiempo se ha venido incumpliendo destinar el mínimo del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ese objetivo primordial; en tanto que las empresas privadas, como ya quedó señalado antes, se concretan a “pepenar” buena parte de esos recursos para sus intereses más particulares de competitividad (aunado a las facilidades logísticas para su instalación y otras incentivos gubernamentales de atracción y arraigo de capitales) que de innovación para el desarrollo sustentable de la nación.
¿De qué empresas se trata? Según los datos aportados por la titular de “Conacyt”, son corporaciones de gran calado como Bayer, Monsanto, General Motors, Ford, Continental, Kimberly Clark, Industrial Minera México y muchas más, entre las que, por cierto, destacan varias a las que se han elevado denuncias constantes por su “contribución” a la depredación ambiental y que, empero, gozan de cabal impunidad por los pasivos que arrastran en esa materia. En suma, corregir la distribución y aplicación de recursos públicos destinados al importantísimo rubro de la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando que las empresas aporten más recursos propios para ese fin, sin menoscabo de que el Estado mexicano se mantenga como garante y gestor del desarrollo nacional.