B05
El Nuevo Sistema de Justicia Penal -en vigor desde hace dos años y medio- al paso del tiempo se ha convertido en un claro ejemplo de cómo hay veces que los mejores propósitos, apoyados en sólidas teorías, chocan con la infranqueable muralla de la realidad y pueden producir consecuencias tan inesperadas como indeseables. Por ejemplo, incrementar exponencialmente el número de casos de linchamientos e intentos de, tanto a nivel nacional como estatal.
Hasta hace un par de años, si acaso se registraba un intento de linchamiento cada doce meses en todo el territorio potosino. De enero del 2017 a la fecha se han registrado 63, de los cuales 59 ocurrieron en la zona conurbada San Luis-Soledad. Quizá el dato más preocupante es que 25 se registraron en los últimos tres meses, y por lo menos en uno, el ocurrido en la comunidad de Milpillas en noviembre pasado, el resultado estuvo a punto de ser fatal. El presunto violador atacado por la multitud no murió porque la fuerza pública llegó a su rescate cuando estaba a punto de ser ultimado.
Los linchamientos, tengan o no consecuencias mortales, son la expresión más feroz del hacerse justicia por propia mano, conducta que convierte a ciudadanos normalmente pacíficos y respetuosos de la ley en delincuentes y a veces en asesinos tumultuarios. Eso es malo para la salud social, sea que se les enjuicie y castigue o no.
Si se analizan los sustentos teóricos, doctrinarios, empíricos y hasta filosóficos del NSJP, se encontrará que son impecables. Uno de ellos bastaría para volverse partidario entusiasta de ese sistema: evitar que inocentes pasen largos períodos encarcelados. El problema es que ahora se actualiza el riesgo de que inocentes sean sacrificados por la multitud enardecida.
Desde una perspectiva sociológica amplia, con todo y su solidez conceptual el NSJP ha provocado un gran rechazo popular que se traduce en acciones tan drásticas y reprobables como los linchamientos, entre otras razones por una sobresaliente: demolió el viejo paradigma mexicano del “te voy a meter a la cárcel”. Durante décadas, muchas, los mexicanos decíamos con convicción y certeza “me devuelves mi bicicleta o te meto a la cárcel”, “deja de molestar a mi hija o te meto a la cárcel” o “págame lo que me debes o te meto a la cárcel”.
No eran amenazas fantasiosas, eran altamente factibles. Regía el sistema de justicia dentro del cual, dicen los abogados, “bastaba una historia y dos testigos para meter a la cárcel a cualquiera” (que no fuera poderoso o influyente, obvio). Hoy, meter a la cárcel a alguien, por contundentes que sean las evidencias en su contra, es dificilísimo o imposible. No quiere decir que sean intocables, sino que su eventual enjuiciamiento lo llevará en libertad.
Conforme al texto constitucional vigente, son solamente cinco delitos específicos y dos más genéricos, los que ameritan prisión oficiosa (o sea, estar en la cárcel mientras se completa el juicio y hay una sentencia): delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos (uso de armas o explosivos) y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Actualmente están en proceso legislativo reformas a la Constitución General de la República para añadir ocho nuevos delitos a la lista de los que ameritan prisión de oficio: abuso o violencia sexual contra menores de edad, uso de programas sociales con fines electorales, robo a transporte de carga, desaparición forzada de personas incluyendo la cometida por particulares; uso de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, robo a casa habitación, feminicidio y robo de hidrocarburos (huachicoleo).
Frente a esto último, los puristas del Nuevo Sistema de Justicia Penal han elevado sus protestas; se han rasgado las vestiduras y claman por su intocabilidad. Si se atienden sus argumentos, es fácil encontrar que razones no les faltan, básicamente desde las perspectivas teórica, académica y doctrinaria. Es a la hora de empatar con la realidad cuando se descompone todo.
El desafío, sin duda, es encontrar un punto de equilibrio donde se reduzca al mínimo la posibilidad de que inocentes sean encarcelados y al mismo tiempo se elimine el riesgo de que inocentes sean molidos a palos o de plano asesinados por turbas cegadas por la ira que a final de cuentas realmente lo que buscan es quién se las pague y no quién se las hizo.
Comentando este tema con un abogado amigo, nos hizo un señalamiento inquietante: “Tu solamente estás hablando de los linchamientos públicos, de esos que salen en los medios de comunicación, pero no tienes idea de cuántos homicidios o golpizas se cometen por encargo, pagados por la víctima de algún delito que simplemente no pudo aceptar que su victimario hubiera sido detenido y recuperado su libertad horas después, o que de plano prefirió no acudir ante las autoridades”.
Si entendí bien, hay una naciente industria de ajustes de cuenta por encargo. Justicia por cuenta propia a través de mano ajena, debidamente remunerada. Es, al final del día, el choque de trenes entre las más sublimes teorías y la más brutal de nuestras realidades.
LOS JUSTICIEROS SI SUFREN
Un poco a manera de secuela del tema principal de nuestra columna de la semana pasada, respecto de lo cada vez más difícil que (me) resulta entender la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de interés general, me refiero hoy a la cuestión de su seguridad personal, particularmente en la visión entre romántica y extraña con que él la asume.
Luego de desaparecer el Estado Mayor Presidencial que destinaba, literalmente, miles de elementos militares a la protección del Presidente de la República, su familia, los integrantes del Gabinete Presidencial y otros altos funcionarios así como los dignatarios extranjeros de visita en México, López Obrador depositó su seguridad personal (y supongo que también la familiar) en una Ayudantía formada por unas cuantas decenas de elementos que cabría esperar estén debidamente capacitados.
La parte más visible de este dispositivo de seguridad son varias mujeres jóvenes que habitualmente son quienes más cercanas están al titular del Ejecutivo Federal, pero no en una actitud vigilante y protectora sino de apoyo logístico: reciben todo lo que le entregan a AMLO, cartas, obsequios, flores, etcétera; toman fotos con simpatizantes y transmiten indicaciones.
Formando una especie de segundo circulo, este sí más de protección, se dejan ver unos cuantos individuos que portan chalecos con la leyenda “Ayudantía” y que están más atentos al control de las multitudes. No se sabe si anden armados o no. Hasta hoy, a dos meses y medio de iniciada la administración lopezobradorista, no hay registro de ningún incidente que haya puesto en riesgo al Presidente o que se haya salido de control.
Hace dos semanas apareció en las proximidades de la Refinería de Salamanca, en Guanajuato, una manta con amenazas a la vida de López Obrador, aparentemente de parte del líder de un grupo delictivo dedicado sobre todo al huachicoleo. Preguntado sobre si reforzaría su equipo de seguridad, AMLO dio una respuesta muy extraña: “Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”.
Desde luego que no es una afirmación que tenga anclajes en la realidad. Dan fe de ello los centenares de policías, soldados y marinos que luchando por la justicia han sido asesinados. Eso en lo inmediato temporal y espacialmente, pero desde una perspectiva histórica hay muchos más ejemplos que rebaten y desmontan por completo la visión del presidente López Obrador.
¿Alguien duda de que Gandhi, Lincoln o Martín Luther King lucharon por la justicia? Todos fueron asesinados. Es decir, con apoyo en los hechos y no en la retórica, quienes luchan por la justicia claro que tienen qué temer.
Con todo, el ángulo que más importa en todo esto es que sea por convicción o por recurso discursivo el jefe del Estado mexicano no puede desentenderse de las graves consecuencias que tendría para el país un atentado a su persona. ¿De verdad no lo entiende? Difícil intentar una respuesta.
COMPRIMIDOS
Próximas a ser concluidas, las investigaciones sobre el supuesto atentado sufrido por El Mijis hace unos días, incluidos peritajes y pruebas científicas, simplemente no respaldan en nada la versión de los hechos ofrecida por el mediático diputado y sus dos escoltas. Sobre este asunto me permito hacer una propuesta: someter al par de acompañantes al polígrafo. Su condición de agentes de Seguridad Pública del Estado permite que se les someta a una prueba de ese tipo sin violentar en lo absoluto sus derechos. Podrían incluso ofrecerse voluntariamente a pasar por el detector de mentiras. No duele.
La determinación de la Fiscalía General del Estado de declararse incompetente en el caso de la sospechosa compra millonaria de medicinas a la inlocalizable Sandra Sánchez Ruíz y turnarlo a la Fiscalía General de la República, no es un hecho consumado o irreversible. La antigua PGR puede encontrar elementos para rechazarlo y obligar a su agotamiento en la instancia estatal. Además, los denunciantes encabezados por el Frente Ciudadano Anticorrupción, pueden ampararse contra esa determinación y ver qué dice un juez federal.
Al paso que van las cosas, dentro de seis meses que concluya su encargo como coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo Cardona podría estar entregando una bancada con la mitad de sus integrantes originales. Al arranque de la Legislatura, el grupo era de 20 legisladores, incluido RGC. Al día de hoy quedan 17, y cuatro más están en proceso sancionatorio por haber votado junto con Morena en el caso de la Guardia Nacional, ante lo cual ellos amenazan con renunciar al partido del sol azteca.
A cuentagotas siguen los cambios en el Gobierno del Estado. Ayer se concretó la llegada de Fernando Chávez a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Ramiro Robledo López, quien llevaba meses pidiendo el relevo porque taxistas y camioneros ya lo tenían up to the mother. Él va como Consejero Jurídico adjunto, cargo que no existía, porque tiene impedimento legal para ser titular. La ley exige como requisito no haber sido secretario de despacho por lo menos un año antes.
Mientras que a nivel nacional el gobierno federal ha comenzado a librar una batalla de proporciones épicas contra numerosas organizaciones que servían de intermediarias con beneficiarios de programas sociales, para dejarlas fuera de la ecuación, aquí el gobierno estatal les da todo lo que piden y hasta de más, con tal de que no hagan manifestaciones. Ya les platicaremos la historia con más detalles.
Hasta el próximo jueves.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal -en vigor desde hace dos años y medio- al paso del tiempo se ha convertido en un claro ejemplo de cómo hay veces que los mejores propósitos, apoyados en sólidas teorías, chocan con la infranqueable muralla de la realidad y pueden producir consecuencias tan inesperadas como indeseables. Por ejemplo, incrementar exponencialmente el número de casos de linchamientos e intentos de, tanto a nivel nacional como estatal.
Hasta hace un par de años, si acaso se registraba un intento de linchamiento cada doce meses en todo el territorio potosino. De enero del 2017 a la fecha se han registrado 63, de los cuales 59 ocurrieron en la zona conurbada San Luis-Soledad. Quizá el dato más preocupante es que 25 se registraron en los últimos tres meses, y por lo menos en uno, el ocurrido en la comunidad de Milpillas en noviembre pasado, el resultado estuvo a punto de ser fatal. El presunto violador atacado por la multitud no murió porque la fuerza pública llegó a su rescate cuando estaba a punto de ser ultimado.
Los linchamientos, tengan o no consecuencias mortales, son la expresión más feroz del hacerse justicia por propia mano, conducta que convierte a ciudadanos normalmente pacíficos y respetuosos de la ley en delincuentes y a veces en asesinos tumultuarios. Eso es malo para la salud social, sea que se les enjuicie y castigue o no.
Si se analizan los sustentos teóricos, doctrinarios, empíricos y hasta filosóficos del NSJP, se encontrará que son impecables. Uno de ellos bastaría para volverse partidario entusiasta de ese sistema: evitar que inocentes pasen largos períodos encarcelados. El problema es que ahora se actualiza el riesgo de que inocentes sean sacrificados por la multitud enardecida.
Desde una perspectiva sociológica amplia, con todo y su solidez conceptual el NSJP ha provocado un gran rechazo popular que se traduce en acciones tan drásticas y reprobables como los linchamientos, entre otras razones por una sobresaliente: demolió el viejo paradigma mexicano del “te voy a meter a la cárcel”. Durante décadas, muchas, los mexicanos decíamos con convicción y certeza “me devuelves mi bicicleta o te meto a la cárcel”, “deja de molestar a mi hija o te meto a la cárcel” o “págame lo que me debes o te meto a la cárcel”.
No eran amenazas fantasiosas, eran altamente factibles. Regía el sistema de justicia dentro del cual, dicen los abogados, “bastaba una historia y dos testigos para meter a la cárcel a cualquiera” (que no fuera poderoso o influyente, obvio). Hoy, meter a la cárcel a alguien, por contundentes que sean las evidencias en su contra, es dificilísimo o imposible. No quiere decir que sean intocables, sino que su eventual enjuiciamiento lo llevará en libertad.
Conforme al texto constitucional vigente, son solamente cinco delitos específicos y dos más genéricos, los que ameritan prisión oficiosa (o sea, estar en la cárcel mientras se completa el juicio y hay una sentencia): delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos (uso de armas o explosivos) y delitos graves contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Actualmente están en proceso legislativo reformas a la Constitución General de la República para añadir ocho nuevos delitos a la lista de los que ameritan prisión de oficio: abuso o violencia sexual contra menores de edad, uso de programas sociales con fines electorales, robo a transporte de carga, desaparición forzada de personas incluyendo la cometida por particulares; uso de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, robo a casa habitación, feminicidio y robo de hidrocarburos (huachicoleo).
Frente a esto último, los puristas del Nuevo Sistema de Justicia Penal han elevado sus protestas; se han rasgado las vestiduras y claman por su intocabilidad. Si se atienden sus argumentos, es fácil encontrar que razones no les faltan, básicamente desde las perspectivas teórica, académica y doctrinaria. Es a la hora de empatar con la realidad cuando se descompone todo.
El desafío, sin duda, es encontrar un punto de equilibrio donde se reduzca al mínimo la posibilidad de que inocentes sean encarcelados y al mismo tiempo se elimine el riesgo de que inocentes sean molidos a palos o de plano asesinados por turbas cegadas por la ira que a final de cuentas realmente lo que buscan es quién se las pague y no quién se las hizo.
Comentando este tema con un abogado amigo, nos hizo un señalamiento inquietante: “Tu solamente estás hablando de los linchamientos públicos, de esos que salen en los medios de comunicación, pero no tienes idea de cuántos homicidios o golpizas se cometen por encargo, pagados por la víctima de algún delito que simplemente no pudo aceptar que su victimario hubiera sido detenido y recuperado su libertad horas después, o que de plano prefirió no acudir ante las autoridades”.
Si entendí bien, hay una naciente industria de ajustes de cuenta por encargo. Justicia por cuenta propia a través de mano ajena, debidamente remunerada. Es, al final del día, el choque de trenes entre las más sublimes teorías y la más brutal de nuestras realidades.
LOS JUSTICIEROS SI SUFREN
Un poco a manera de secuela del tema principal de nuestra columna de la semana pasada, respecto de lo cada vez más difícil que (me) resulta entender la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de interés general, me refiero hoy a la cuestión de su seguridad personal, particularmente en la visión entre romántica y extraña con que él la asume.
Luego de desaparecer el Estado Mayor Presidencial que destinaba, literalmente, miles de elementos militares a la protección del Presidente de la República, su familia, los integrantes del Gabinete Presidencial y otros altos funcionarios así como los dignatarios extranjeros de visita en México, López Obrador depositó su seguridad personal (y supongo que también la familiar) en una Ayudantía formada por unas cuantas decenas de elementos que cabría esperar estén debidamente capacitados.
La parte más visible de este dispositivo de seguridad son varias mujeres jóvenes que habitualmente son quienes más cercanas están al titular del Ejecutivo Federal, pero no en una actitud vigilante y protectora sino de apoyo logístico: reciben todo lo que le entregan a AMLO, cartas, obsequios, flores, etcétera; toman fotos con simpatizantes y transmiten indicaciones.
Formando una especie de segundo circulo, este sí más de protección, se dejan ver unos cuantos individuos que portan chalecos con la leyenda “Ayudantía” y que están más atentos al control de las multitudes. No se sabe si anden armados o no. Hasta hoy, a dos meses y medio de iniciada la administración lopezobradorista, no hay registro de ningún incidente que haya puesto en riesgo al Presidente o que se haya salido de control.
Hace dos semanas apareció en las proximidades de la Refinería de Salamanca, en Guanajuato, una manta con amenazas a la vida de López Obrador, aparentemente de parte del líder de un grupo delictivo dedicado sobre todo al huachicoleo. Preguntado sobre si reforzaría su equipo de seguridad, AMLO dio una respuesta muy extraña: “Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”.
Desde luego que no es una afirmación que tenga anclajes en la realidad. Dan fe de ello los centenares de policías, soldados y marinos que luchando por la justicia han sido asesinados. Eso en lo inmediato temporal y espacialmente, pero desde una perspectiva histórica hay muchos más ejemplos que rebaten y desmontan por completo la visión del presidente López Obrador.
¿Alguien duda de que Gandhi, Lincoln o Martín Luther King lucharon por la justicia? Todos fueron asesinados. Es decir, con apoyo en los hechos y no en la retórica, quienes luchan por la justicia claro que tienen qué temer.
Con todo, el ángulo que más importa en todo esto es que sea por convicción o por recurso discursivo el jefe del Estado mexicano no puede desentenderse de las graves consecuencias que tendría para el país un atentado a su persona. ¿De verdad no lo entiende? Difícil intentar una respuesta.
COMPRIMIDOS
Próximas a ser concluidas, las investigaciones sobre el supuesto atentado sufrido por El Mijis hace unos días, incluidos peritajes y pruebas científicas, simplemente no respaldan en nada la versión de los hechos ofrecida por el mediático diputado y sus dos escoltas. Sobre este asunto me permito hacer una propuesta: someter al par de acompañantes al polígrafo. Su condición de agentes de Seguridad Pública del Estado permite que se les someta a una prueba de ese tipo sin violentar en lo absoluto sus derechos. Podrían incluso ofrecerse voluntariamente a pasar por el detector de mentiras. No duele.
La determinación de la Fiscalía General del Estado de declararse incompetente en el caso de la sospechosa compra millonaria de medicinas a la inlocalizable Sandra Sánchez Ruíz y turnarlo a la Fiscalía General de la República, no es un hecho consumado o irreversible. La antigua PGR puede encontrar elementos para rechazarlo y obligar a su agotamiento en la instancia estatal. Además, los denunciantes encabezados por el Frente Ciudadano Anticorrupción, pueden ampararse contra esa determinación y ver qué dice un juez federal.
Al paso que van las cosas, dentro de seis meses que concluya su encargo como coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo Cardona podría estar entregando una bancada con la mitad de sus integrantes originales. Al arranque de la Legislatura, el grupo era de 20 legisladores, incluido RGC. Al día de hoy quedan 17, y cuatro más están en proceso sancionatorio por haber votado junto con Morena en el caso de la Guardia Nacional, ante lo cual ellos amenazan con renunciar al partido del sol azteca.
A cuentagotas siguen los cambios en el Gobierno del Estado. Ayer se concretó la llegada de Fernando Chávez a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Ramiro Robledo López, quien llevaba meses pidiendo el relevo porque taxistas y camioneros ya lo tenían up to the mother. Él va como Consejero Jurídico adjunto, cargo que no existía, porque tiene impedimento legal para ser titular. La ley exige como requisito no haber sido secretario de despacho por lo menos un año antes.
Mientras que a nivel nacional el gobierno federal ha comenzado a librar una batalla de proporciones épicas contra numerosas organizaciones que servían de intermediarias con beneficiarios de programas sociales, para dejarlas fuera de la ecuación, aquí el gobierno estatal les da todo lo que piden y hasta de más, con tal de que no hagan manifestaciones. Ya les platicaremos la historia con más detalles.
Hasta el próximo jueves.