[gview file="https://pulsoslp.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/B07-1.pdf"]
Hay decisiones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las que no sólo es muy difícil estar de acuerdo sino también entender su lógica, sus razones. La más reciente y controversial sin duda es la de no castigar la corrupción oficial del pasado y apostar a que con su ejemplo y prevenciones dejará de existir -casi como por arte de magia- a partir del próximo primero de diciembre.
Lo dijo, en realidad lo reiteró, lo amplió, lo explicó y lo justificó el lunes pasado durante la entrevista coral que le hicieron en una emisión especial del programa Tercer Grado de Televisa, y lo sostuvo en otras declaraciones a medios hechas martes y miércoles, aunque en la última que conocemos, de ayer por la mañana con Carmen Aristegui, matizó su posicionamiento original advirtiendo que perseguiría los hechos de corrupción gubernamental si así se lo pide la gente que votó por él, para saber lo cual convocará a una consulta popular.
A reserva de ver si se produce esa petición popular y se le considera de tal intensidad que obligue a realizar la consulta cuyos resultados nadie podría sensatamente anticipar desde ahora (habría que conocer primero el alcance, formato, mecánica, salvaguardas, preguntas, responsables de organizar y llevar a cabo, y manejo), lo cierto es que en estos momentos el planteamiento de López Obrador se apoya en argumentos extremadamente frágiles, confusos y hasta peligrosos.
Dice nuestro inminente Presidente de la República que lo suyo no es la venganza y que se le da mejor el perdón. Por principio de cuentas, la exigencia nacional que hasta los sordos escuchan es de justicia, no de venganza. En segundo término, su proclividad a perdonar sería determinante y atendible si se estuviera ante el supuesto de agravios cometidos en su perjuicio personal o familiar. No es el caso. Nadie está autorizado a perdonar ofensas infringidas a otros. Esa “tragedia nacional”, como él mismo ha llamado a la corrupción, ha causado daños, estragos y agravios a millones de mexicanos, cuya disposición al perdón nadie conoce ni nadie puede invocar como conocida.
En las múltiples expresiones del talante popular no se escuchan clamores de venganza; nadie pide ejecuciones, juicios sumarios, despojos o de destierros arbitrarios. Lo que se oye nítidamente es la exigencia de justicia: que con la ley en la mano se investigue y, donde proceda, se sancione, y que las sanciones sean las que están previstas en los ordenamientos jurídicos. Nada más, pero tampoco nada menos. Saltan a la vista las confusiones entre reclamo de justicia y afán de venganza, y entre la voluntad general y la propia.
Además de confusión, hablábamos líneas arriba de fragilidad y peligro en los argumentos hasta ahora expuestos por AMLO en el tema que nos ocupa. Respecto de lo frágil, brinca la pregunta ¿puede un Presidente de la República decretar por sí y ante sí una suspensión en la aplicación de la ley, aunque sea en forma temporal y espacialmente acotada? Yo, que como siempre advierto no soy abogado, pienso que no. Entiendo que puede hacerse en determinados casos y circunstancias mediante un proceso jurídico y legislativo para promulgar una amnistía o algo semejante, pero no por la pura voluntad del Ejecutivo.
¿Por qué nos parece que hay un elemento de peligro, o de riesgo, en la postura lopezobradorista ante la corrupción que él mismo ha confesado lo tiene sorprendido por su magnitud y alcances? Cabe aventurar una respuesta en dos vertientes: En la digamos estrictamente jurídica, si en diciembre o después un ciudadano afectado presenta una denuncia por corrupción contra tal o cual funcionario del sexenio anterior, la instancia correspondiente, sea PGR quizá ya convertida en Fiscalía General de la Nación, sea Secretaría de la Función Pública o sea Auditoría Superior de la Federación, ¿qué van a hacer. Incumplir sus responsabilidades legales y desestimar la denuncia? Supongo que no, pero se abrirá un sospechosismo exacerbado ante aquellos casos en que recibida la querella ésta no proceda por razones estrictamente legales.
Peor aún, supongamos que un secretario o secretaria del gabinete de López Obrador detecta, verifica y comprueba el desvío o saqueo de millones y millones de pesos por parte del anterior titular ¿qué va a hacer? ¿ocultar el hecho y con ello convertirse en cómplice y asumir responsabilidades? ¿o llevará el expediente al Presidente de la República para recibir instrucciones? Si en tal hipotético caso el titular del Ejecutivo ordenara no hacer nada, tapar las cosas, él estaría cometiendo un delito. Y ya sin fuero! (Se supone que lo suprimen en fecha próxima).
Otro de los razonamientos de AMLO es que si él se pusiera a perseguir a todos los corruptos no habría en el país cárceles ni juzgados suficientes, con lo que, quizá sin darse cuenta, está indicando las proporciones espeluznantes del tamaño alcanzado por la corrupción en nuestro país. Y con esa lógica ¿también se va a dejar de perseguir a narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, homicidas y huachicoleros? También son muchos.
LA CÉLEBRE DOÑA PACA
E l miércoles 14 por la tarde, cuando ya nuestra columna del día siguiente llevaba horas en proceso de edición, llegó a las oficinas de Pulso un escrito firmado por integrantes de la directiva del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, pidiendo su publicación, en ejercicio de su derecho de réplica.
En dicho documento se alude a los comentarios hechos aquí el pasado 8 de noviembre -derivados de la comparecencia del gobernador Carreras en el Congreso- en el sentido de que era absurdo e ilegal que hubiera elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sindicalizados por iniciativa de aquel organismo, que preside Francisca Reséndiz Lara, a quien nos referimos como “la famosa doña Paca”.
Lo primero que reclama el escrito de marras es que procedí con falta de respeto a Reséndiz Lara al referirme a ella en la forma arriba mencionada. Ignoro desde cuando el calificativo de “famosa” es un epíteto y el tratamiento de “doña” es irrespetuoso. En todo caso, con ganas de faltar al respeto podría haberme referido a la tal Pancha, cosa que no hice ni haré.
Tiquismiquis aparte, ya en el fondo, los colaboradores de doña Paca (ella no firma) argumentan (sintaxis respetada) lo siguiente: “Lo que se señala en dicha columna carece de sustento. La realidad que viven los trabajadores afiliados que defendemos no se encuentran realizando funciones operativas de seguridad, sino administrativas en sus escritorios tienen jornadas de 12 por 24 horas de trabajo y sin pago extra alguno. Algunos de ellos están discapacitados, toman medicamento controlado, padecen diabetes, hipertensión alta (sic), con trastornos psicológicos, han sufrido la pérdida de sus funciones motrices en el desempeño de su labor y por tanto no participan en tareas operativas contra la delincuencia. Y erróneamente el columnista asegura sin estas consideraciones que nuestros afiliados no están en el marco de la ley”.
Debo reconocer mi error. No me había percatado de que doña Paca lo que en realidad encabeza es un hospital con todo y anexo psiquiátrico. Perdón.
Dice el último párrafo: “En el Derecho Internacional del Trabajo, los derechos humanos fundamentales son los que se materializan en el mundo del trabajo. Así, el derecho a la libertad individual se traduce en la libertad del trabajo, el derecho de igualdad ante la ley se traduce en la prohibición de todo tipo de discriminación y el derecho a la libertad de asociación se traduce en la libertad sindical. Se trata de 3 únicos derechos laborales que trasladan los derechos civiles al mundo del trabajo (Declaración OIT 1988) y que el señor Juan José Rodríguez Medina desconoce”.
Es fácil entender la fiereza (tampoco es epíteto) con que reaccionan doña Paca y sus coequiperos ante los cuestionamientos, sean míos o de cualquier otro, sobre la legalidad y conveniencia de sindicalizar policías, sean operativos o no. Los uniformados afiliados al SITTSGE son una parte sustancial de toda su membresía. Ahora que se aplique la norma legal de que se desafilien o se queden sin trabajo, los tutelados por Reséndiz Lara van a disminuir considerablemente. Espero que de eso no me echen a mi la culpa.
Finalmente, doña Paca no podía ser desleal con su naturaleza, y ante los comentarios de un servidor, pero sobre todo por los señalamientos del Secretario de Seguridad Pública, de una diputada y de otras personas que no le parecieron bien, sacó a relucir su más sólido y contundente argumento: un plantón frente a Palacio de Gobierno. Uno de esos plantones suyos inamovibles, hasta que se mueven.
COMPRIMIDOS
Según lo entendí, originalmente los Superdelegados del presidente López Obrador en los estados y su estructura de subdelegados regionales, tendrían como razón de ser la conducción, verificación y supervisión de los programas sociales. Hay cambios importantes. Los Delegados, que bien a bien no se sabe aún si serán identificados como Coordinadores Estatales o Representantes del Gobierno Federal, serán básicamente el enlace de los gobiernos estatales con la Federación, en tanto que los ahora Delegados Regionales (en San Luis son seis) serán quienes encabecen diariamente reuniones específicamente dedicadas a la seguridad pública, tema éste que ocupará buena parte de su tiempo pero no todo, pues también deberán estar atentos a la ejecución de los programas sociales.
Si todo marcha como está previsto, es cosa de muy pocos días para que el Ayuntamiento que preside Xavier Nava Palacios presente las denuncias relacionadas con las irregularidades, sustracciones, desvíos, fraudes y demás conductas delictivas atribuibles a la administración anterior que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, quien, visto está, no se va a quedar de brazos cruzados. Hasta ahora, su defensa mediática no ha decaído. Será poco eficaz por poco creíble, pero no le aflojan. Presentadas las denuncias correspondientes, vamos a ver de qué están hechos Juan Manuel Carreras, Federico Garza, Gabriel Rosillo, Rocío Cervantes et al.
La elección de nueva dirigencia en el PAN estatal amenaza complicarse y abrir posibilidades a gente verdaderamente impresentable y nefasta, como el tristemente célebre ex alcalde de Tancanhuitz, Manuel Aguilar Acuña, el Kippy, tripulado por Héctor Mendizábal. De los cinco candidatos probablemente sea el que más dinero tiene, y lo está gastando a manos llenas para comprar voluntades y votos. Si Xavier Azuara y Marco Gama no se reconcilian con inteligencia y decoro, su partido se va a dar un balazo no en el pie sino en el mero ombligo. Calibre .45.
Llegado el momento de revisar sus contratos anuales con aseguradoras, el Gobierno del Estado está considerando seriamente rescindir el que tiene con La Latino Seguros para cubrir los gastos médicos mayores de sus altos funcionarios. ¿Las razones? Esa compañía ha dejado desplomarse la calidad de sus servicios, incumple muchos de sus compromisos y hay casos en que su proceder es francamente fraudulento. Ni que no hubiera competencia.
Hasta el próximo jueves.
Hay decisiones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las que no sólo es muy difícil estar de acuerdo sino también entender su lógica, sus razones. La más reciente y controversial sin duda es la de no castigar la corrupción oficial del pasado y apostar a que con su ejemplo y prevenciones dejará de existir -casi como por arte de magia- a partir del próximo primero de diciembre.
Lo dijo, en realidad lo reiteró, lo amplió, lo explicó y lo justificó el lunes pasado durante la entrevista coral que le hicieron en una emisión especial del programa Tercer Grado de Televisa, y lo sostuvo en otras declaraciones a medios hechas martes y miércoles, aunque en la última que conocemos, de ayer por la mañana con Carmen Aristegui, matizó su posicionamiento original advirtiendo que perseguiría los hechos de corrupción gubernamental si así se lo pide la gente que votó por él, para saber lo cual convocará a una consulta popular.
A reserva de ver si se produce esa petición popular y se le considera de tal intensidad que obligue a realizar la consulta cuyos resultados nadie podría sensatamente anticipar desde ahora (habría que conocer primero el alcance, formato, mecánica, salvaguardas, preguntas, responsables de organizar y llevar a cabo, y manejo), lo cierto es que en estos momentos el planteamiento de López Obrador se apoya en argumentos extremadamente frágiles, confusos y hasta peligrosos.
Dice nuestro inminente Presidente de la República que lo suyo no es la venganza y que se le da mejor el perdón. Por principio de cuentas, la exigencia nacional que hasta los sordos escuchan es de justicia, no de venganza. En segundo término, su proclividad a perdonar sería determinante y atendible si se estuviera ante el supuesto de agravios cometidos en su perjuicio personal o familiar. No es el caso. Nadie está autorizado a perdonar ofensas infringidas a otros. Esa “tragedia nacional”, como él mismo ha llamado a la corrupción, ha causado daños, estragos y agravios a millones de mexicanos, cuya disposición al perdón nadie conoce ni nadie puede invocar como conocida.
En las múltiples expresiones del talante popular no se escuchan clamores de venganza; nadie pide ejecuciones, juicios sumarios, despojos o de destierros arbitrarios. Lo que se oye nítidamente es la exigencia de justicia: que con la ley en la mano se investigue y, donde proceda, se sancione, y que las sanciones sean las que están previstas en los ordenamientos jurídicos. Nada más, pero tampoco nada menos. Saltan a la vista las confusiones entre reclamo de justicia y afán de venganza, y entre la voluntad general y la propia.
Además de confusión, hablábamos líneas arriba de fragilidad y peligro en los argumentos hasta ahora expuestos por AMLO en el tema que nos ocupa. Respecto de lo frágil, brinca la pregunta ¿puede un Presidente de la República decretar por sí y ante sí una suspensión en la aplicación de la ley, aunque sea en forma temporal y espacialmente acotada? Yo, que como siempre advierto no soy abogado, pienso que no. Entiendo que puede hacerse en determinados casos y circunstancias mediante un proceso jurídico y legislativo para promulgar una amnistía o algo semejante, pero no por la pura voluntad del Ejecutivo.
¿Por qué nos parece que hay un elemento de peligro, o de riesgo, en la postura lopezobradorista ante la corrupción que él mismo ha confesado lo tiene sorprendido por su magnitud y alcances? Cabe aventurar una respuesta en dos vertientes: En la digamos estrictamente jurídica, si en diciembre o después un ciudadano afectado presenta una denuncia por corrupción contra tal o cual funcionario del sexenio anterior, la instancia correspondiente, sea PGR quizá ya convertida en Fiscalía General de la Nación, sea Secretaría de la Función Pública o sea Auditoría Superior de la Federación, ¿qué van a hacer. Incumplir sus responsabilidades legales y desestimar la denuncia? Supongo que no, pero se abrirá un sospechosismo exacerbado ante aquellos casos en que recibida la querella ésta no proceda por razones estrictamente legales.
Peor aún, supongamos que un secretario o secretaria del gabinete de López Obrador detecta, verifica y comprueba el desvío o saqueo de millones y millones de pesos por parte del anterior titular ¿qué va a hacer? ¿ocultar el hecho y con ello convertirse en cómplice y asumir responsabilidades? ¿o llevará el expediente al Presidente de la República para recibir instrucciones? Si en tal hipotético caso el titular del Ejecutivo ordenara no hacer nada, tapar las cosas, él estaría cometiendo un delito. Y ya sin fuero! (Se supone que lo suprimen en fecha próxima).
Otro de los razonamientos de AMLO es que si él se pusiera a perseguir a todos los corruptos no habría en el país cárceles ni juzgados suficientes, con lo que, quizá sin darse cuenta, está indicando las proporciones espeluznantes del tamaño alcanzado por la corrupción en nuestro país. Y con esa lógica ¿también se va a dejar de perseguir a narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, homicidas y huachicoleros? También son muchos.
LA CÉLEBRE DOÑA PACA
E l miércoles 14 por la tarde, cuando ya nuestra columna del día siguiente llevaba horas en proceso de edición, llegó a las oficinas de Pulso un escrito firmado por integrantes de la directiva del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, pidiendo su publicación, en ejercicio de su derecho de réplica.
En dicho documento se alude a los comentarios hechos aquí el pasado 8 de noviembre -derivados de la comparecencia del gobernador Carreras en el Congreso- en el sentido de que era absurdo e ilegal que hubiera elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sindicalizados por iniciativa de aquel organismo, que preside Francisca Reséndiz Lara, a quien nos referimos como “la famosa doña Paca”.
Lo primero que reclama el escrito de marras es que procedí con falta de respeto a Reséndiz Lara al referirme a ella en la forma arriba mencionada. Ignoro desde cuando el calificativo de “famosa” es un epíteto y el tratamiento de “doña” es irrespetuoso. En todo caso, con ganas de faltar al respeto podría haberme referido a la tal Pancha, cosa que no hice ni haré.
Tiquismiquis aparte, ya en el fondo, los colaboradores de doña Paca (ella no firma) argumentan (sintaxis respetada) lo siguiente: “Lo que se señala en dicha columna carece de sustento. La realidad que viven los trabajadores afiliados que defendemos no se encuentran realizando funciones operativas de seguridad, sino administrativas en sus escritorios tienen jornadas de 12 por 24 horas de trabajo y sin pago extra alguno. Algunos de ellos están discapacitados, toman medicamento controlado, padecen diabetes, hipertensión alta (sic), con trastornos psicológicos, han sufrido la pérdida de sus funciones motrices en el desempeño de su labor y por tanto no participan en tareas operativas contra la delincuencia. Y erróneamente el columnista asegura sin estas consideraciones que nuestros afiliados no están en el marco de la ley”.
Debo reconocer mi error. No me había percatado de que doña Paca lo que en realidad encabeza es un hospital con todo y anexo psiquiátrico. Perdón.
Dice el último párrafo: “En el Derecho Internacional del Trabajo, los derechos humanos fundamentales son los que se materializan en el mundo del trabajo. Así, el derecho a la libertad individual se traduce en la libertad del trabajo, el derecho de igualdad ante la ley se traduce en la prohibición de todo tipo de discriminación y el derecho a la libertad de asociación se traduce en la libertad sindical. Se trata de 3 únicos derechos laborales que trasladan los derechos civiles al mundo del trabajo (Declaración OIT 1988) y que el señor Juan José Rodríguez Medina desconoce”.
Es fácil entender la fiereza (tampoco es epíteto) con que reaccionan doña Paca y sus coequiperos ante los cuestionamientos, sean míos o de cualquier otro, sobre la legalidad y conveniencia de sindicalizar policías, sean operativos o no. Los uniformados afiliados al SITTSGE son una parte sustancial de toda su membresía. Ahora que se aplique la norma legal de que se desafilien o se queden sin trabajo, los tutelados por Reséndiz Lara van a disminuir considerablemente. Espero que de eso no me echen a mi la culpa.
Finalmente, doña Paca no podía ser desleal con su naturaleza, y ante los comentarios de un servidor, pero sobre todo por los señalamientos del Secretario de Seguridad Pública, de una diputada y de otras personas que no le parecieron bien, sacó a relucir su más sólido y contundente argumento: un plantón frente a Palacio de Gobierno. Uno de esos plantones suyos inamovibles, hasta que se mueven.
COMPRIMIDOS
Según lo entendí, originalmente los Superdelegados del presidente López Obrador en los estados y su estructura de subdelegados regionales, tendrían como razón de ser la conducción, verificación y supervisión de los programas sociales. Hay cambios importantes. Los Delegados, que bien a bien no se sabe aún si serán identificados como Coordinadores Estatales o Representantes del Gobierno Federal, serán básicamente el enlace de los gobiernos estatales con la Federación, en tanto que los ahora Delegados Regionales (en San Luis son seis) serán quienes encabecen diariamente reuniones específicamente dedicadas a la seguridad pública, tema éste que ocupará buena parte de su tiempo pero no todo, pues también deberán estar atentos a la ejecución de los programas sociales.
Si todo marcha como está previsto, es cosa de muy pocos días para que el Ayuntamiento que preside Xavier Nava Palacios presente las denuncias relacionadas con las irregularidades, sustracciones, desvíos, fraudes y demás conductas delictivas atribuibles a la administración anterior que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, quien, visto está, no se va a quedar de brazos cruzados. Hasta ahora, su defensa mediática no ha decaído. Será poco eficaz por poco creíble, pero no le aflojan. Presentadas las denuncias correspondientes, vamos a ver de qué están hechos Juan Manuel Carreras, Federico Garza, Gabriel Rosillo, Rocío Cervantes et al.
La elección de nueva dirigencia en el PAN estatal amenaza complicarse y abrir posibilidades a gente verdaderamente impresentable y nefasta, como el tristemente célebre ex alcalde de Tancanhuitz, Manuel Aguilar Acuña, el Kippy, tripulado por Héctor Mendizábal. De los cinco candidatos probablemente sea el que más dinero tiene, y lo está gastando a manos llenas para comprar voluntades y votos. Si Xavier Azuara y Marco Gama no se reconcilian con inteligencia y decoro, su partido se va a dar un balazo no en el pie sino en el mero ombligo. Calibre .45.
Llegado el momento de revisar sus contratos anuales con aseguradoras, el Gobierno del Estado está considerando seriamente rescindir el que tiene con La Latino Seguros para cubrir los gastos médicos mayores de sus altos funcionarios. ¿Las razones? Esa compañía ha dejado desplomarse la calidad de sus servicios, incumple muchos de sus compromisos y hay casos en que su proceder es francamente fraudulento. Ni que no hubiera competencia.
Hasta el próximo jueves.