Los bonos verdes como fuente de financiamiento para empresas mexicanas
El cambio climático es uno de los retos más grandes que enfrenta México y el mundo. Los eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y huracanes son cada vez más frecuentes y con mayor intensidad; por ende, el sector empresarial necesita adaptarse y contribuir con proyectos sostenibles encaminados a la transición de México hacia una economía baja en carbono.
El bono verde es un instrumento de deuda mediante el cual las empresas del sector público o privado, pueden captar recursos para financiar o refinanciar parcial o totalmente proyectos ambientales o de sostenibilidad. Entre los sectores elegibles se encuentran el de energías renovables, construcción sustentable, eficiencia energética en industria, transporte limpio, proyectos de potabilización y distribución de agua potable, manejo de residuos y tratamiento de aguas residuales, y agricultura, bioenergía, forestación y cadena de abastecimiento de alimentos.
México es uno de los mercados más activos en Latinoamérica en finanzas sostenibles. El primer bono verde fue emitido en 2015 por Nacional Financiera por un monto de 500 millones de dólares a un plazo de 5 años y un rendimiento al vencimiento de 3.41%, y cuyos fondos se destinaron a proyectos de energía renovable. Al cierre de 2023, México había emitido 60,000 millones de pesos en bonos verdes en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que representó alrededor del 45% del total de bonos emitidos por ese grupo bursátil. El gobierno federal, la banca de desarrollo, gobiernos estatales/locales y empresas privadas han participado como emisores de bonos verdes en México.
Los bonos verdes están regulados en nuestro país por un Marco de Referencia de Bonos Verdes, el cual está alineado a estándares internacionales. Además existe una taxonomía sostenible nacional establecida por la Secretaría de Hacienda y adoptada por emisores como FIRA, que indica que tipo de proyectos son elegibles como “verdes”. A nivel internacional, son dos las organizaciones que garantizan la transparencia en el uso de los recursos por parte de los emisores de bonos verdes. Por un lado, el Banco Mundial, a través de la Asociación Internacional de Mercados de Capital, emitieron en 2014 los Principios de los Bonos Verdes, una serie de lineamientos y mejores prácticas para la emisión de los bonos verdes en cuatro aspectos importantes: uso de los fondos, proceso de evaluación y selección de proyectos, manejo de los recursos y presentación de informes. Por otro lado, la Climate Bonds Initiative, es una organización internacional que moviliza capital global para acciones climáticas y ofrece un estándar de certificación para los bonos verdes bajo estándares rigurosos, con el objetivo de garantizar la transparencia sobre el uso de los recursos y monitorear los reportes de seguimiento de impacto ambiental.
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Como he mencionado, el mercado de los bonos verdes es una fuente alternativa y de financiamiento. Para incorporar un bono verde al mercado deberá de presentarse en forma pública la certificación y/o opinión que dé certeza sobre la naturaleza del bono verde, así como la información sobre el uso de los recursos en el prospecto de colocación; el monitoreo y reporteo de información durante la vida del bono y la elección del certificador. Este mercado en crecimiento, es una alternativa para acceder al capital a un menor costo, al haber una alta demanda de inversionistas con enfoque a indicadores ambientales, sociales y de gobernanza; se pueden atraer fondos internacionales, multilaterales y bancos de desarrollo que buscan financiar proyectos sostenibles, brindan mayor estabilidad de financiamiento al estar asociados a proyectos de largo plazo y mejoran la reputación de las empresas que emiten estos instrumentos.
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