Los evaluadores
“La imparcialidad del árbitro no es, ni debe ser, la suma de parcialidades”.
Ciro Murayama
Mientras que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el morenista Mario Delgado, nombró a una tercia impecable de miembros del Comité Técnico Evaluador de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demostró no solo ineptitud sino parcialidad.
La Jucopo designó a Diego Valadés, uno de los juristas más reconocidos de nuestro país. procurador general y ministro de la Suprema Corte, investigador emérito de la UNAM; miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. También a Silvia Giorguli, reconocida investigadora en materia de migración y presidenta de El Colegio de México desde 2015, y a Blanca Heredia, politóloga, especialista en temas de educación y desarrollo, quien ha sido profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la de Georgetown de Estados Unidos y del ITAM y el CIDE en México. Con anterioridad el INAI había nombrado a Ana Laura Magaloni, jurista muy respetada, y a José Roldán Xopa, también jurista, quien ha sido profesor tanto en el ITAM y en el CIDE.
La CNDH, en cambio, hizo de sus designaciones un proceso desaseado y cuestionable. Primero propuso a dos miembros del comité, pero Carla Humphrey, quien tiene una buena trayectoria, rechazó el nombramiento porque aspira a ser consejera electoral. Parece increíble que a nadie en la CNDH se le haya ocurrido preguntarle a ella si quería servir como evaluadora. La CNDH, por otra parte, al parecer mintió cuando afirmó que no había mandado esa designación a la Cámara de Diputados, aunque Mario Delgado mostró el oficio en el que se le notificaba. Horas después la CNDH mandó un nuevo oficio. En este se nombraba como miembros del comité de evaluación a Sara Lovera, una periodista también conocida por su activismo feminista, y a John M. Ackerman.
La designación de Ackerman, también incluida en el primer oficio, generó una tormenta política El profesor de la UNAM es un especialista en derecho electoral, pero se le conoce principalmente por su activismo político en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podría estar inhabilitado porque fue miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, aunque él dice que el instituto nunca se reunió y que él nunca fue directivo del partido. Ackerman, además, es esposo de la secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval.
Rosario Piedra Ibarra, la actual presidenta de la CNDH, llegó al cargo tras ocultar su militancia en Morena. En el caso de Ackerman, sin embargo, no hay ni siquiera el intento de esconderlo.
Si bien el comité técnico estará formado por una mayoría de académicos y especialistas de razonable imparcialidad, la designación de Ackerman manda un mensaje incómodo. Ratifica la visión de que la CNDH ha dejado de ser una institución independiente. Cada vez es más claro que se ha convertido en un apéndice del gobierno y de un movimiento político en particular. El nombramiento de Ackerman también nos dice que algunos activistas y políticos no ven que haya nada malo en promover un INE abiertamente parcial.
Afortunadamente, no todos piensan así. La lista que surgió de la Junta de Coordinación Política, en la que sin duda influyó poderosamente el morenista Mario Delgado, muestra otra visión. Quienes la prepararon saben lo importante que es mantener un árbitro político independiente e imparcial.
¿No eran iguales?
Lo hacían los gobernantes del PRI y del PAN: otorgar notarías públicas a sus aliados. Lo hizo ahora el gobernador morenista Jaime Bonilla de Baja California, al entregar una al exgobernador Xicoténcatl Leyva, su padrino político. Quizá no debería sorprendernos. Pero nos dijeron que ellos no eran como los anteriores.
Twitter: @SergioSarmiento
