Madres adolescentes
El embarazo a temprana edad causa preocupación en la sociedad en general, principalmente porque se ha construido como un problema que acarrea consecuencias negativas, tanto para las adolescentes como para sus familias.
Además, se considera un problema de salud pública de alto impacto negativo, un tema de investigación muy complejo y una dimensión importante en el tema de las políticas públicas, porque se percibe como un problema médico, social y psicológico (Rojas, 2015).
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas cuando una niña o una adolescente queda embarazada, significa que hemos fallado como garantes de sus derechos, la vida de esa joven cambia radicalmente. Es posible que abandone la escuela, por lo que su inserción al mercado laboral suele ser en condiciones precarias, perpetuando el círculo de la pobreza. Además, su salud e incluso su vida también se ven comprometidas. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas y adolescentes (2020).
La Organización Mundial de la Salud, OMS, en cuanto a la frontera de edad y la subdivisión de esta etapa en tres momentos: adolescencia temprana entre los 10 y 13 años, media de 14 y 16 años, final o tardía de 17 a 20 años de edad. En general se considera un grupo con un nivel óptimo de salud, lo que se traduce en una menor atención a su morbi-mortalidad específica (Rojas, 2015), por lo que, la maternidad adolescente se presenta como una problemática especial.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, a nivel mundial, cada día 20,000 niñas y adolescentes menores de 18 años de edad dan a luz en países en desarrollo. Esto equivale a 7.3 millones de partos cada año.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, “El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano” (REDIM, 2022).
Por su parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su artículo 50: Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales establecerán medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes. En concordancia, México estableció una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENPEA, 2015), cuyo objetivo es reducir el número en este sector, esto con absoluto respeto a los derechos humanos.
Empero, para 2020 en México había 153,485 adolescentes en condición de maternidad, es decir, el 2.4% del total de mujeres madres. Además, lo más dramático es que incluso muchas de ellas pueden tener 10 años de edad, esto, según las estadísticas de natalidad del INEGI.
Por su parte, precisa la UNFPA-México que, el embarazo en adolescentes implica un costo de casi 63,000 millones de pesos anualmente para el país, lo que representa el 0.27% del producto interno bruto. Con esos recursos, se podrían construir 9,582 escuelas.
En sumatoria, Estado y sociedad no podemos fallar como garantes de los derechos de niñas y adolescentes, y visibilizar la problemática es un paso necesario.
Sin duda un gran acierto fue la designación al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP, el de la mtra. Magdalena González Vega, le precede una vasta y efectiva experiencia como ex Presidenta de la CEDH SLP (siendo la única titular en la historia en repetir en este organismo por dos periodos consecutivos), quien sucede a la mtra. Urenda Navarro Sánchez y su labor extraordinaria en esta misma área.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com
