En el imaginario popular mexicano se ha vuelto lugar común plantear que cada cien años ha de tener lugar un cambio socio-político relevante en nuestro país. Para ello, se aducen como pruebas contundentes los movimientos de independencia de 1810 y de la revolución en 1910, series de acontecimientos que, en efecto, abrieron una época nueva en el devenir histórico de la nación mexicana. En esa lógica, muchos esperaban que en el 2010 se produjera un hecho similar, sin reparar que el tiempo histórico no es únicamente cronológico y que los momentos de cambio implican, como lo advirtiera Walter Benjamín, en su Tesis VI sobre el concepto de historia, “adueñarse de un recuerdo, tal como éste relampaguea en un instante de peligro”.
En ese orden de ideas, se puede plantear que las precondiciones de una situación difícil para la mayoría de la población mexicana siguen presentes desde antes del emblemático 2010: economía errática, inseguridad creciente, pobreza persistente, entre otras asignaturas pendientes. Pero los precipitantes que pudieran empujar un cambio en la correlación política de fuerzas se han acentuado, al punto de volverse insoportable la mera posibilidad de que el actual régimen gobernante pudiera continuar usufructuando el poder público. De allí que, ciertamente, las posibilidades de que el PRI se convierta en el ganador de la contienda presidencial son cada vez menores por el hartazgo social acumulado.
El cambio verdadero, entonces, se avizora como viable porque ese hartazgo de la mayoría de la población tiene la oportunidad de manifestarse el próximo primero de julio, cuando se acuda a esa cita con la historia, y sacudir al país para ponerlo en pie nuevamente, no mediante una revolución violenta, sino por una abrumadora voluntad social que reclama para sí una liberación plena de las diversas ataduras que le agravian e incomodan. Es el momento histórico para lograr que lo que debiera ser la excepción no siga siendo más la regla, sobre todo para esa mayoría social que padece las más diversas injusticias de parte de una minoría rapaz que hace gala y ostentación de todo el poder económico y político.
Los precipitantes de ese cambio político inminente son harto conocidos como experimentados: la corrupción e impunidad galopantes de una clase política gobernante, el cinismo con el que se evaden las responsabilidades de la función pública, la impudicia con que se cometen los despojos del patrimonio nacional, el enriquecimiento grosero e inexplicable de una camarilla de dizque representantes populares y la indiferencia por la suerte de los más desamparados -a menos que se les vea como rentable carne de cañón-, entre otras manifestaciones de una terrible degradación moral que se ha enseñoreado entre las más diversas instituciones y que, seguramente, se tendrán como recuerdos persistentes de riesgos que ya no se pueden correr.
En todo este contexto, no es de sorprender que sea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el candidato presidencial mejor enfilado a ganar la elección del primero de julio, no sólo porque ha sido el más consistente crítico de la situación prevaleciente que se ha descrito, sino porque representa la opción más viable de capitalizar ese enorme descontento social que hoy es el motor principal del inminente cambio político nacional. Su descripción del momento “epocal”, como “neo-porfirismo” no es casual porque es evidente que hay un régimen gobernante que se resiste a cambiar todo un cúmulo de privilegios y negocios en nombre de una “modernidad” que, como en los albores del siglo pasado, se traducía en ganancia económica para unos pocos y miseria para los muchos, incluso mediante el recurso pernicioso de la violencia institucional.
El presunto beneficio de las mentadas “reformas estructurales” y otras decisiones del gobierno de Peña Nieto está en entredicho, pero AMLO ha sido enfático en señalar que se revisarán todas las concesiones y acuerdos que vayan en contra del interés nacional, sin que eso implique el caos -como idea fuerza que se ha querido vender por parte de los otros candidatos-. Todo cambio político verdadero conlleva una nueva relación con distintos actores, pero barrer la escalera de arriba abajo es algo más que mandar al basurero de la historia lo que ya no sirva al país. Es también el proceso de regeneración de las instituciones y eso implica proyectar y ejecutar un plan de gobierno sustentado en las mejores causas y esperanzas de la nación. Así las cosas, inician las campañas presidenciales rumbo al primero de julio, momento histórico que vivirá el país como parte de un clima “epocal” que, sin duda, llama a la más amplia participación social de que se tenga memoria para empujar un cambio político que, por definición, no puede ser más de lo mismo, más de lo que ya se ha padecido.
En ese orden de ideas, se puede plantear que las precondiciones de una situación difícil para la mayoría de la población mexicana siguen presentes desde antes del emblemático 2010: economía errática, inseguridad creciente, pobreza persistente, entre otras asignaturas pendientes. Pero los precipitantes que pudieran empujar un cambio en la correlación política de fuerzas se han acentuado, al punto de volverse insoportable la mera posibilidad de que el actual régimen gobernante pudiera continuar usufructuando el poder público. De allí que, ciertamente, las posibilidades de que el PRI se convierta en el ganador de la contienda presidencial son cada vez menores por el hartazgo social acumulado.
El cambio verdadero, entonces, se avizora como viable porque ese hartazgo de la mayoría de la población tiene la oportunidad de manifestarse el próximo primero de julio, cuando se acuda a esa cita con la historia, y sacudir al país para ponerlo en pie nuevamente, no mediante una revolución violenta, sino por una abrumadora voluntad social que reclama para sí una liberación plena de las diversas ataduras que le agravian e incomodan. Es el momento histórico para lograr que lo que debiera ser la excepción no siga siendo más la regla, sobre todo para esa mayoría social que padece las más diversas injusticias de parte de una minoría rapaz que hace gala y ostentación de todo el poder económico y político.
Los precipitantes de ese cambio político inminente son harto conocidos como experimentados: la corrupción e impunidad galopantes de una clase política gobernante, el cinismo con el que se evaden las responsabilidades de la función pública, la impudicia con que se cometen los despojos del patrimonio nacional, el enriquecimiento grosero e inexplicable de una camarilla de dizque representantes populares y la indiferencia por la suerte de los más desamparados -a menos que se les vea como rentable carne de cañón-, entre otras manifestaciones de una terrible degradación moral que se ha enseñoreado entre las más diversas instituciones y que, seguramente, se tendrán como recuerdos persistentes de riesgos que ya no se pueden correr.
En todo este contexto, no es de sorprender que sea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el candidato presidencial mejor enfilado a ganar la elección del primero de julio, no sólo porque ha sido el más consistente crítico de la situación prevaleciente que se ha descrito, sino porque representa la opción más viable de capitalizar ese enorme descontento social que hoy es el motor principal del inminente cambio político nacional. Su descripción del momento “epocal”, como “neo-porfirismo” no es casual porque es evidente que hay un régimen gobernante que se resiste a cambiar todo un cúmulo de privilegios y negocios en nombre de una “modernidad” que, como en los albores del siglo pasado, se traducía en ganancia económica para unos pocos y miseria para los muchos, incluso mediante el recurso pernicioso de la violencia institucional.
El presunto beneficio de las mentadas “reformas estructurales” y otras decisiones del gobierno de Peña Nieto está en entredicho, pero AMLO ha sido enfático en señalar que se revisarán todas las concesiones y acuerdos que vayan en contra del interés nacional, sin que eso implique el caos -como idea fuerza que se ha querido vender por parte de los otros candidatos-. Todo cambio político verdadero conlleva una nueva relación con distintos actores, pero barrer la escalera de arriba abajo es algo más que mandar al basurero de la historia lo que ya no sirva al país. Es también el proceso de regeneración de las instituciones y eso implica proyectar y ejecutar un plan de gobierno sustentado en las mejores causas y esperanzas de la nación. Así las cosas, inician las campañas presidenciales rumbo al primero de julio, momento histórico que vivirá el país como parte de un clima “epocal” que, sin duda, llama a la más amplia participación social de que se tenga memoria para empujar un cambio político que, por definición, no puede ser más de lo mismo, más de lo que ya se ha padecido.