No es lo mismo

En cualquier sistema democrático medianamente respetable, la certeza electoral es un principio indispensable que garantiza la legitimidad de los procesos de selección de representantes y autoridades. Sin ella, la confianza ciudadana en las instituciones se debilita y se abren las puertas a la incertidumbre, el conflicto y la inestabilidad política. La certeza implica que cada etapa del proceso electoral —desde la conformación del padrón electoral hasta la declaratoria de resultados— se lleve a cabo con estricto apego a la ley, con máxima publicidad, transparencia absoluta y sin margen alguno para dudas o irregularidades.

Desde hace décadas las elecciones en México han evolucionado significativamente gracias a la consolidación de autoridades electorales autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que cumplen su labor con imparcialidad, profesionalismo y rigor técnico. A diferencia de sistemas donde la organización de elecciones recae en entes dominados por intereses políticos, en nuestro país el INE y los OPLE han sido garantes de procesos que cumplen con los más altos estándares de certeza, precisión e integridad. Este trabajo minucioso ha permitido que nuestro país cuente con un sistema electoral sólido, confiable y con reconocimiento internacional.

La certeza electoral no es solo una aspiración teórica, sino una exigencia práctica  fundamental para la estabilidad de nuestras elecciones. Esto se traduce en la existencia de reglas claras y predecibles, listas de votantes precisas y depuradas (sin duplicidades o personas fallecidas con posibilidad de votar, registro preciso de candidaturas, boletas confiables y mecanismos de cómputo transparentes. Cuando cualquiera de estos elementos presenta fallas, se compromete la credibilidad de la elección y se genera una incertidumbre peligrosa sobre la voluntad popular.

Lo ocurrido con las inconsistencias en la lista de candidaturas para la elección de integrantes del Poder Judicial que entregó el Senado de la República al INE es un ejemplo vivo de la importancia de la certeza electoral. Desde errores en los datos hasta postulaciones indebidas, estos problemas evidencian lo que sucede cuando un proceso electoral no se maneja con el nivel de rigurosidad requerido. En contraste, los organismos electorales autónomos han demostrado a lo largo de décadas su capacidad para evitar este tipo de situaciones, aplicando estrictos controles en la integración de los registros de candidatos y garantizando la fidelidad de la información.

Se me ocurren dos hipótesis para explicar estos errores o inconsistencias: dolo o incompetencia. Pero ese no es propósito de esta reflexión. Lo que quiero destacar aquí es que las autoridades electorales autónomas han construido un prestigio basado en la aplicación técnica y legal de cada etapa del proceso electoral. Su profesionalismo se manifiesta en la manera en que garantizan la integridad del voto y la certeza de los resultados. A diferencia de los procesos administrados por órganos con intereses políticos, los comicios organizados por el INE y los OPLE se rigen por criterios objetivos, procedimientos auditables y un escrutinio permanente de la ciudadanía, los actores políticos y los tribunales quienes en última instancia revisan la actuación de las autoridades electorales administrativas.

Los estándares que rigen la actuación de estas autoridades son los más rigurosos  porque la propia historia política de nuestro país así lo ha exigido. Para las voces que, desde la ignorancia acusan que los institutos electorales “no hacen nada” en años en que no hay elecciones, habría que informales que cada proceso electoral es planeado con años de anticipación, evaluado en cada una de sus etapas. Esto permite que, a pesar de los desafíos que puedan presentarse, la certeza de los resultados nunca se vea comprometida.

Cuando un organismo electoral es autónomo y profesional, la sociedad tiene la garantía de que sus votos serán respetados y que ninguna elección será manipulada por intereses ajenos a la voluntad ciudadana. Es precisamente esta certeza lo que distingue a los sistemas electorales democráticos de los procesos carentes de credibilidad, donde la opacidad y la falta de rigor técnico generan dudas y conflictos postelectorales.

¿Puede imaginar qué ocurriría con nuestras elecciones si una futura ministra reforma electoral planteara el debilitamiento de nuestra solidez institucional, la desaparición de alguna de sus partes o peor aún, la apertura a influencias políticas sobre las etapas del proceso electoral?. 

Sea por dolo o incompetencia, los problemas de la integridad de las listas de candidaturas del poder judicial demuestran la importancia de la certeza y el profesionalismo para el desarrollo de estos procesos. Cuando veo que ocurren estas cosas, no dejo de pensar en la frase popular: no es lo mismo ser borracho que cantinero.

X. @marcoivanvargas