El gobierno federal está, desde hace ya varias semanas, más que pasmado. Se quedó literalmente agarrotado: no tiene ni idea de qué hacer ante la crisis económica. Apenas atina a dar palos de ciego a diestra y siniestra, y sigue afirmando que este año “tampoco” habrá un déficit público.
Bueno, para empezar, en 2019 sí hubo un déficit del sector público, del orden de 2% del PIB (el producto interno bruto), de acuerdo con las propias cifras oficiales. Y para continuar, a como van las cosas, el déficit público rondará en 2020, al menos, el 5% del PIB. Esto porque durante la contracción económica por la que estamos pasando los ingresos tributarios se caerán entre 1.5 y 2 veces por cada punto que se contraiga el PIB, y porque, tras la caída del precio del petróleo y la rebaja en las notas crediticias de Pemex y de CFE, se requerirán este año al menos dos puntos del PIB para mantener apenas a flote al sector energético.
Pero si el gobierno federal no quiere enfrentar de manera realista el asunto hacendario, no vale la pena abundar más sobre ello. Al final del día, lo que el gobierno piense o deje de pensar al respecto es casi irrelevante ante un asunto de muchísimo mayor importancia: el desempleo laboral de proporciones mayúsculas que ya se está dando en toda la República. Desde principios del año hasta mediados de este abril, el número de trabajadores que ya perdió su empleo, nada más en el sector formal, se acerca a la cifra de 500,000 mexicanos; y esa cifra se duplicará, al menos, durante el resto del año (algunos pronósticos, sin embargo, ya predicen un millón y medio de desempleados).
Aunque supuestamente no hay que preocuparse mucho, porque el gobierno federal ya anunció, con bombo y platillo, que todo se resolverá con 25 mil millones de pesos (0.1% del PIB), los cuales se repartirán entre un millón de empresas de todos los tamaños. Ese pequeño monto podría ayudar, sí, a micro y pequeñas empresas en la informalidad, pero es obvio que una curita no sirve de nada para contener una hemorragia. Lo que más bien se necesita es una política laboral de envergadura y que pueda implementarse de manera urgente, inmediata. Los empleos en el sector formal deben ser defendidos a capa y espada, no solamente por el bienestar del trabajador mismo, sino también por el de su familia y el de la empresa donde trabaja.
La manera más obvia y expedita de apoyar el empleo formal es a través de una exención temporal de las aportaciones a la seguridad social que hacen el trabajador y su patrón tanto para los servicios del IMSS, como para la Afore correspondiente y el Infonavit. Este apoyo podría limitarse a los trabajadores que ganen hasta cinco salarios mínimos (el grueso de la fuerza laboral) y extenderse al menos durante el trimestre actual, si no es que hasta fines de año. Además, el estímulo fiscal podría dirigirse sobre todo a los sectores que han tenido que cerrar ante la cuarentena, las llamadas industrias no esenciales.
Esa medida puede además coadyuvar en la posible recontratación de quienes perdieron su empleo durante el primer trimestre del año. Pero si no es así, en el caso de aquellos que estén realizando un retiro parcial por desempleo en su Afore, el gobierno federal puede aportar las sumas correspondientes durante el resto del año. De esa manera, además de no perder dinero, al desempleado no le descontaría el IMSS, de manera proporcional, sus semanas cotizadas.
Más de una docena de gobiernos estatales ya han emprendido, con sacrificios pero también con visión, un camino similar al anterior. De manera correcta, ya han diferido el pago o de plano exentan el impuesto estatal sobre nómina al que están obligadas sus empresas.