En un documento titulado “La Modernización de la Organización Gubernamental”, mismo que fue aprobado por la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en la ciudad de México, D. F., en julio de 2014, señala que “las organizaciones públicas son uno de los instrumentos más importantes que tiene un gobierno para alcanzar sus objetivos y lograr los fines planteados en sus ordenamientos jurídicos supremos”. Lo anterior, en virtud de que como bien se menciona en el referido documento, mediante las organizaciones públicas, “por un lado se tiene una vasta estructura operativa para ejecutar el mandato de los ciudadanos [...], y por otro, a través de dichas organizaciones se realizan una gran cantidad de erogaciones por parte del sector público” (SFP, 2015, p. 231).
En fechas recientes, las organizaciones públicas se han convertido en un tema de múltiples discusiones, en muy variados aspectos como el económico, jurídico, social, administrativo, entre otros. En este orden de ideas, “la crisis de legitimidad de la administración pública y sus organizaciones, ha sido de tal magnitud que impactó en la propia legitimidad del Estado contemporáneo, en donde un aparato administrativo incapaz de resolver eficazmente las demandas de la sociedad dio como resultado el cuestionamiento del Estado como ente obeso, ineficaz e ineficiente” (SFP, 2015, P. 231).
Expone Cabrero (2006; citado por SFP, 2015, p.231), que “como respuesta a esta crisis, surge la modernización de la administración pública, en la cual se pueden distinguir tres niveles de análisis: el relacionado con el prerrequisito de la eficiencia; otro más relacionado con el prerrequisito de la eficacia; y, finalmente, el relacionado con el prerrequisito de la legitimidad”.
Con relación al concepto de modernización administrativa, Pardo (1991, p. 11) señala que ésta se refiere a “la adecuación y ajuste que hace el Estado para que el flujo de acciones predominantes en una sociedad tenga la coherencia y organización necesarias”. En este sentido, sigue señalando la mencionada autora que “la administración pública se entiende así como un vehículo útil para hacer más coherente las medidas que toma el Estado y ampliar los consensos necesarios sobre las decisiones políticas incluidas en los proyectos gubernamentales” (Pardo, 1991, p. 11).
Contrario a lo que mucha gente piensa, “la modernización administrativa no es una moda; es un recurso útil para contar con un aparato administrativo eficaz y para ampliar los consensos sociales” (Pardo, 1991, p. 148). Se sostiene lo anterior, en virtud de que “en la medida en que la administración funcione mejor, que el ciudadano sienta que los servicios públicos se prestan con honradez y eficacia, y que sus contribuciones (fiscales) se orientan en provecho de la colectividad, su compromiso con el proyecto político en turno tenderá a fortalecerse”(Pardo, 1991, p. 148).
Para hablar de los cambios o estrategias que el Estado realiza para hacer más efectiva la operación y funcionamiento de la administración pública, además del concepto de modernización administrativa, los académicos, investigadores y los propios servidores públicos, hacen uso de otros términos que van en la misma dirección. En este sentido, se utiliza también la expresión de reforma administrativa.
Con relación al concepto de reforma administrativa, exponen Christopher Pollit y Geert Bouckaert (sin fecha; citados por Dussauge, 2007, p. 137) que “a simple vista, las reformas administrativas son, en sentido más simple y básico del término, los procesos deliberados, programados, que un grupo gobernante conduce para cambiar las estructuras, los procedimientos, los valores, los estándares, los objetivos de las administraciones públicas”. Sin embargo, “en el fondo, las reformas administrativas son algo más que planes o programas” (Dussauge, 2007, p. 137).
Es así que Dussauge (2007, p. 137), expone que:
“Las reformas administrativas surgen de situaciones que nos parecen problemáticas a algunos; pero esa problematización no solo se construye a base de conceptos, términos y ‘mejores prácticas’ de administración pública, sino también de valores, aspiraciones y prioridades. En ese sentido, las reformas administrativas responden a ciertas ideologías, referentes intelectuales, juicios valorativos a partir de los cuales se plantea la posibilidad de alcanzar un mejor estado de cosas (crear un gobierno innovador, por ejemplo”.
“[...], las reformas administrativas son promesas simbólicas. Al plantear una reforma gubernamental, de forma implícita se está prometiendo cambiar las rutinas establecidas, dejar atrás los viejos hábitos, modificar el statu quo, todo en busca de un supuesto funcionamiento administrativo superior: mejor gobierno, mayor eficiencia, más calidad, menos corrupción”.
“Las reformas administrativas son también reformas políticas, pues alteran las reglas del juego (reglamentos, leyes, normas, procedimientos) y con ello redistribuyen el poder entre los actores burocráticos y legislativos que intervienen en la tarea de gobernar”.
Además de los términos modernización administrativa y reforma administrativa, autores como Bolaños (2008), exponen en que tratándose de la necesidad de adaptar, readaptar o transformar la administración pública para que ésta sea más efectiva en su desempeño, se ha tenido que recurrir a la búsqueda de herramientas o metodologías utilizadas en el ámbito privado, lo cual ha derivado en lo que se ha denominado como Nueva Gerencia Pública o Nueva Gestión Pública ([NGP]
Siguiendo con Bolaños (2008, p 151), este autor expone que la NGP debería abarcar los siguientes aspectos:
“1. Capacidad de trabajar sobre los procesos y objetivos, de la mano con la Planificación Estratégica, la Gestión por objetivos y la Gestión de Proyectos.
2. Procesos de Gestión de Recursos Humanos sin olvidar el principio de legalidad, pero buscando su adaptación y flexibilización a las corrientes administrativas modernas y desafiantes, propias de un contexto globalizado.
3. Procesos de flexibilización en Contratación Administrativa sin olvidar el principio de legalidad, pero buscando su adaptación y flexibilización a las corrientes administrativas modernas y desafiantes, propias de un contexto globalizado.
4. Procesos consistentes de descentralización institucional, desconcentración operativa y centralización normativa, cuando sea el caso.
5. Procesos de mejora tecnológica, de explotación computacional y de interconexión a favor del servicio público y la transparencia gubernamental.
6. Capacidad de transformación y reorganización o readaptación de la estructura funcional de la organización, mediante organigramas coherentes con el bloque de legalidad y los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles.
7. Capacidad de integrar al aparato público las principales teorías y tendencias modernas de las ciencias administrativas (Reingeniería, Calidad total, Balance Scorecard, etc.)”.
Por su parte, Serrano (2004; citado por Bolaños, 2008, pp. 151-152) señala que la NGP contiene los siguientes elementos:
“- Orientación hacia el cliente o usuario.
- Administración desconcentrada y descentralizada: regionalización.
- Conducción y liderazgo, más que jefatura y ejercicio de autoridad.
- Comunicación e información, como base para la concertación, el consenso y la negociación inteligente entre las partes.
- Orientar esfuerzos hacia la modernización y los cambios tácticos: buscar norte magnético.
- Mejorar capacidad para definir misiones y formular estrategias.
- Capacidad y competencia organizacional: capacitación, motivación, flexibilidad, innovación, desarrollo de recursos humanos.
- Establecer criterios e indicadores de gestión para lograr la calidad y la excelencia en los servicios”.