Perú es el país de América Latina, en donde la Fiscalía es una de las que gozan de más autonomía según el artículo bien documentado que publica la revista Proceso en su número 2216, que da cuenta de los resultados obtenidos por la Fiscalía de ese país en sus indagaciones sobre la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, “cuyos directivos han delatado a varios políticos de la región latinoamericana, por recibir sobornos a cambio de contratos de obra o de asesoría”, como fue la denuncia que hizo la empresa brasileña de los sobornos millonarios en dólares que pagaron al entonces director de PEMEX, Emilio Lozoya, sin que hasta la fecha, se le haya abierto una investigación seria y confiable.
En Perú, en cambio, están siendo investigados por el caso Odebrecht, los ex gobernantes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, a quienes se les sigue juicio, por cargos de recibir pagos ilegales de esa constructora; y hasta el mismo ex presidente Alan García, quien ocupó dos periodos la presidencia de ese país y cuya muerte es lamentable, estaba siendo sometido a investigación, con los mismos cargos. Toledo (sigue Proceso), está prófugo de la justicia peruana en EUA; Kuczynski está bajo investigación preliminar y Humala enfrenta en libertad restringida, un proceso penal por lavado de activos y su esposa, Nadine Heredia, está acusada de colusión. Todos ellos han sido acusados por Odebrecht de haber recibido dinero de esa constructora para sus campañas políticas. También se le sigue un procedimiento a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva y a los ex alcaldes de Lima Susana Villarán y Luis Castañeda, bajo investigación”. Hasta aquí la cita.
En mi colaboración de la semana pasada, mencioné la sentencia del presidente López Obrador, que hoy nuevamente retomo aquí, en la que nos decía que “si hay que optar entre lo justo y lo legal, no hay que dudar, opten por lo justo”. Y la pongo nuevamente a su apreciable atención estimado lector, porque el presidente no está siendo congruente con ella, porque ni aplica la Ley, ni promueve la justicia. Si lo hiciera, no nos cabe la menor duda, el presidente promovería la justicia con investigaciones y los procedimientos legales adecuados, para rescatar siquiera una parte de los miles de millones de pesos que se desviaron o fueron saqueados por altos funcionarios del gobierno anterior y aplicar penas de cárcel a quienes atentaron contra el patrimonio de los mexicanos en los casos de Odebrecht o la Estafa Maestra, solo por poner un par de ejemplos.
Si la fiscalía peruana ha podido emprender y realizar estos históricos procedimientos contra varios ex presidentes de ese país, ¿Cómo es posible que en México no se les pueda someter a proceso a tantos funcionarios, que por décadas y en forma más descarada en el sexenio peñanietista abusaron del poder para enriquecerse? ¿Cómo se le puede creer a AMLO su supuesta voluntad de acabar con la corrupción, cuando se hace de la vista gorda con la desatada por Peña Nieto? ¿En dónde está la Justicia que él presume querer aplicar? ¿En verdad creerá el presidente que con solo dar ejemplo de honestidad se acabará o reducirá, al menos la corrupción? ¿No se estarán carcajeando de ello Peña Nieto y socios?
Y ¿Dónde están los funcionarios de PEMEX y de la SENER responsables de los miles y miles de puntos de “huachicoleo” en todos los rumbos del país, que le costaron a la paraestatal, es decir, a nosotros, los ciudadanos muchas decenas de miles de millones de pesos durante el sexenio de EPN? ¿Y en qué etapa de su proceso se encuentran los funcionarios corruptos que iban a lucrar con los terrenos aledaños al NAIM, según acusó AMLO cuando decidió cancelar ese proyecto? ¿En qué punto quedaron los planes que nos anunció cuando empezaba a hacer sus tramposas encuestas populares, como la del NAIM, que nos amenazó con la advertencia de “váyanse acostumbrando”?
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En el Ayuntamiento de la capital o en sus dependencias, como el INTERAPAS, sigue saliendo un día sí y otro también, más y más mugre. Recibir una administración en esas terribles condiciones, implica no solo poner al descubierto una enorme cantidad de irregularidades y desvíos que dañaron severamente el patrimonio y las finanzas, sino descubrir pasivos y deudas que no estaban debidamente contabilizadas y originan esfuerzos administrativos y económicos adicionales para empezar a poner orden en lo que era un caos administrativo y una falta de documentación y archivos. Ahora saltó un nuevo desvío millonario en los servicios de otra empresa fantasma o casi, que servía para triangular los costos de servicios médicos, que se inflaron en un 300% cuando menos, durante la pasada administración. Es otro llamado a la responsabilidad de la Fiscalía para que deslinde responsabilidades.
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