Estimo inútil y onerosa la campaña publicitaria de Enrique Peña Nieto, a propósito del último informe, para tratar de convencer a los mexicanos de que su mandato de 6 años, merece una calificación aprobatoria, porque no se puede aceptar que a cambio de las obras y realizaciones que pregona (aún por comprobar), sus llamadas “reformas estructurales” y la construcción parcial del nuevo aeropuerto de la Cd. De México, olvidar o minimizar las demandas más apremiantes, NO atendidas, de Seguridad Pública, combate efectivo a la corrupción y a la impunidad, y eliminación del derramamiento continuo de sangre ya en casi todo el territorio nacional, que llevó a la muerte o desaparición a más de 100 mil víctimas en este sexenio.
Si realizó obra pública, fue siempre escasa e insuficiente para las necesidades actuales de la población. Si esas obras se hicieron sin contratos amañados o inflados para favorecer a los contratistas favoritos del régimen, todavía está por verse. Si realizó obra pública, la realizó con recursos de los ciudadanos y solo cumplía su obligación constitucional.
Por lo tanto, estimo que mas importante que aplaudir lo que se pueda haber hecho por obligación, hay que censurar lo que debió hacerse y no se hizo, sobre todo cuando se trata de un Bien Público Superior, como lo es la seguridad de los ciudadanos.
En un escenario faraónico en el patio principal del Palacio Nacional, montado como de película, dos grandes pantallas replicaban su imagen impecable, para ser vista por 1500 invitados que aplaudían notoriamente, sin mucho ni poco entusiasmo.
Como siempre, en tono triunfal, Peña se mostró autocomplaciente, satisfecho con su propia labor, sin mencionar casi, los temas torales de seguridad, violencia, corrupción e impunidad, que aquejan al país.
Recordemos que, en todo régimen que se diga democrático, una de las primeras responsabilidades de un gobernante, ya sea municipal, estatal o federal, es brindar seguridad pública a toda la sociedad, a los ciudadanos, lo cual no ha ocurrido, ni de lejos.
Más bien ha sido al revés, la inseguridad y los hechos de sangre se han vuelto trágicamente cotidianos y ni el gobierno de Peña Nieto, ni el de casi todos los estados de la república y la gran mayoría de los municipios, han aportado algo concreto a la disminución de la violencia y de las masacres.
Me parece que Peña, desde el inicio de su sexenio, debió enfocarse en una gran tarea política y jurídica para convencer u obligar a los estados y a los municipios de la necesidad de organizar y fortalecer cuerpos de policía en todos los niveles del gobierno para que asuman plenamente su responsabilidad respecto a la seguridad de los ciudadanos.
Particularmente, me parece de máxima importancia que se le dé a los municipios del país los recursos económicos y técnicos para que formen nuevos cuerpos de policía PREVENTIVA que cumplan la función constitucional de formar el importante eslabón de la seguridad que son las policías municipales, seleccionando buenos ciudadanos, dándoles capacitación, equipos modernos, patrullas y una remuneración digna, que corresponda a esa vital necesidad social.
Propiciar que esto ocurra, es una obligación ineludible de los tres niveles de gobierno, empezando por el federal que debería servir como ejemplo de eficacia y responsabilidad hacia la sociedad, separando desde el presupuesto federal de cada año los recursos necesarios que deben llegar a cada Municipio.
Peña Nieto y todos los presidentes anteriores no han sido capaces de entender que la seguridad en toda la nación, empieza en los municipios, con buenos policías, que cumplan la función de prevenir el crimen haciendo presencia y actuando permanentemente a nivel de cada barrio y cada colonia.
A mi parecer, resulta irrisoria, si no fuera grave e inútil, la decisión de controlar a las policías con un esquema de “mando único” o centralizado por la sencilla razón de que quienes pueden brindar mejor servicio en el renglón de seguridad pública son solamente ciudadanos originarios de cada localidad, que lo conocen, saben dónde están las calles y plazas y pueden patrullar mejor y hacer presencia frente a los embates de los delincuentes.
Le corresponde a los gobernadores, a los alcaldes y al presidente de la República, trabajar para crear y fortalecer buenas policías municipales, que estén sujetas a escrutinio continuo de los ciudadanos y que respondan al mando de un oficial bien preparado para ello y también ciudadano de la localidad. Si no lo hacen se convierten en cómplices por omisión o negligencia.
--------------------------O---------------------------
Parece ser que el alcalde saliente Gallardo Juárez está dando un último zarpazo al patrimonio de los potosinos maniobrando con recursos legaloides para cambiar el uso de suelo en un área de preservación ecológica en la zona de la Presa de San José, dentro de la cual tiene grandes propiedades, a pesar del amparo existente que protege esa zona para mantener su equilibrio natural. SE TRATA DE UN NUEVO Y DOBLE ATRACO CONTRA EL INTERES PUBLICO DE LOS POTOSINOS.
lujambio06@hotmail.com
Si realizó obra pública, fue siempre escasa e insuficiente para las necesidades actuales de la población. Si esas obras se hicieron sin contratos amañados o inflados para favorecer a los contratistas favoritos del régimen, todavía está por verse. Si realizó obra pública, la realizó con recursos de los ciudadanos y solo cumplía su obligación constitucional.
Por lo tanto, estimo que mas importante que aplaudir lo que se pueda haber hecho por obligación, hay que censurar lo que debió hacerse y no se hizo, sobre todo cuando se trata de un Bien Público Superior, como lo es la seguridad de los ciudadanos.
En un escenario faraónico en el patio principal del Palacio Nacional, montado como de película, dos grandes pantallas replicaban su imagen impecable, para ser vista por 1500 invitados que aplaudían notoriamente, sin mucho ni poco entusiasmo.
Como siempre, en tono triunfal, Peña se mostró autocomplaciente, satisfecho con su propia labor, sin mencionar casi, los temas torales de seguridad, violencia, corrupción e impunidad, que aquejan al país.
Recordemos que, en todo régimen que se diga democrático, una de las primeras responsabilidades de un gobernante, ya sea municipal, estatal o federal, es brindar seguridad pública a toda la sociedad, a los ciudadanos, lo cual no ha ocurrido, ni de lejos.
Más bien ha sido al revés, la inseguridad y los hechos de sangre se han vuelto trágicamente cotidianos y ni el gobierno de Peña Nieto, ni el de casi todos los estados de la república y la gran mayoría de los municipios, han aportado algo concreto a la disminución de la violencia y de las masacres.
Me parece que Peña, desde el inicio de su sexenio, debió enfocarse en una gran tarea política y jurídica para convencer u obligar a los estados y a los municipios de la necesidad de organizar y fortalecer cuerpos de policía en todos los niveles del gobierno para que asuman plenamente su responsabilidad respecto a la seguridad de los ciudadanos.
Particularmente, me parece de máxima importancia que se le dé a los municipios del país los recursos económicos y técnicos para que formen nuevos cuerpos de policía PREVENTIVA que cumplan la función constitucional de formar el importante eslabón de la seguridad que son las policías municipales, seleccionando buenos ciudadanos, dándoles capacitación, equipos modernos, patrullas y una remuneración digna, que corresponda a esa vital necesidad social.
Propiciar que esto ocurra, es una obligación ineludible de los tres niveles de gobierno, empezando por el federal que debería servir como ejemplo de eficacia y responsabilidad hacia la sociedad, separando desde el presupuesto federal de cada año los recursos necesarios que deben llegar a cada Municipio.
Peña Nieto y todos los presidentes anteriores no han sido capaces de entender que la seguridad en toda la nación, empieza en los municipios, con buenos policías, que cumplan la función de prevenir el crimen haciendo presencia y actuando permanentemente a nivel de cada barrio y cada colonia.
A mi parecer, resulta irrisoria, si no fuera grave e inútil, la decisión de controlar a las policías con un esquema de “mando único” o centralizado por la sencilla razón de que quienes pueden brindar mejor servicio en el renglón de seguridad pública son solamente ciudadanos originarios de cada localidad, que lo conocen, saben dónde están las calles y plazas y pueden patrullar mejor y hacer presencia frente a los embates de los delincuentes.
Le corresponde a los gobernadores, a los alcaldes y al presidente de la República, trabajar para crear y fortalecer buenas policías municipales, que estén sujetas a escrutinio continuo de los ciudadanos y que respondan al mando de un oficial bien preparado para ello y también ciudadano de la localidad. Si no lo hacen se convierten en cómplices por omisión o negligencia.
--------------------------O---------------------------
Parece ser que el alcalde saliente Gallardo Juárez está dando un último zarpazo al patrimonio de los potosinos maniobrando con recursos legaloides para cambiar el uso de suelo en un área de preservación ecológica en la zona de la Presa de San José, dentro de la cual tiene grandes propiedades, a pesar del amparo existente que protege esa zona para mantener su equilibrio natural. SE TRATA DE UN NUEVO Y DOBLE ATRACO CONTRA EL INTERES PUBLICO DE LOS POTOSINOS.
lujambio06@hotmail.com