Hace unos días leía a algún editorialista lamentarse sobre la Guerra contra las drogas que hemos padecido en México. El articulista se quejaba de la imposición, de la prohibición desde Estados Unidos y los costos que seguimos contando y acumulando. Ciertamente, México ha sufrido como pocos países el costo de la prohibición, y Estados Unidos ha tenido una participación relevante en ello. Muchas de las políticas que hoy están vigentes en materia de drogas existen por exigencia directa del país vecino. Las erradicaciones forzadas en las comunidades productoras son un ejemplo. Estados Unidos ha suministrado maquinaria y pesticidas —como el paraquat y glifosato— para erradicar cultivos ilícitos en nuestro país, a pesar de la evidencia sobre los daños a la salud que causan estos químicos. También ha promovido el militarismo de las agencias de seguridad que participan en estas tareas. Incluso, cuando en 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas experimentó con la despenalización —durante un breve periodo se excarceló a usuarios, se establecieron dispensarios a cargo del gobierno y redujeron los arrestos por drogas— Estados Unidos presionó a México para que el experimento cerrara.
Con todo, la participación de Estados Unidos es solo una parte de la historia de nuestra prohibición. La otra le corresponde a nuestras autoridades: a nuestros políticos, dirigentes eclesiásticos y líderes sociales. Internamente son estos quienes han fomentado la continuación de una política que ha causado muertes, violencia, corrupción, el encarcelamiento de millones de hombres y mujeres principalmente jóvenes, y el envenenamiento de comunidades sumamente pobres. ¿Qué explica que estos líderes insistan en una política que causa tantos daños sociales?
En su libro “Encarcelando a los nuestros”, James Forman hace una reflexión sobre el prohibicionismo en Estados Unidos y la participación de la comunidad Afroamericana en la adopción de leyes que llevaron a millones de sus miembros a ser criminalizados y/o encarcelados. A pesar de los claros sesgos raciales de la prohibición, importantes líderes de la comunidad afroamericana respaldaron —e impulsaron— estas leyes draconianas. El profesor de Yale comienza su libro describiendo una escena de 1995 en la que participó como abogado defensor de un chico afroamericano acusado de algún delito de drogas. En la sala de juicio, el juez, el fiscal, el policía que había realizado la detención y los custodios eran afroamericanos. También lo era el jefe de policía de la ciudad. ¿Cómo sucedió que la población más afectada por estas leyes participara activamente en su adopción y aplicación? Forman describe un contexto social en el que autoridades y líderes intentaban responder a la crisis de seguridad que sufrían sus comunidades. En 1970, además, pocos sabían que esas políticas llevarían al encarcelamiento masivo de estos jóvenes y a la afectación de comunidades enteras.
Es difícil hacer paralelos entre Estados Unidos y México. Sin embargo, hay similitudes que vale la pena explorar. La prohibición no ha funcionado ni aquí ni allá. La crisis de opiáceos es la última muestra del fracaso. En ambos países, además, hay un claro componente social y racial en la aplicación de estas leyes. Si bien México no tiene una historia de segregación racial tan clara, quienes son perseguidos aquí por estas leyes comparten rasgos sospechosamente homogéneos. Solo hay que ver a la población carcelaria para constatar esto. No es la clase media o alta blanca mexicana la que sufre el constante hostigamiento, aunque consuman drogas igual. Aquí, también, la prohibición ha sido respaldada por quienes supuestamente representan a las comunidades más afectadas.
No había forma, al inicio, de predecir los efectos de la prohibición, pero hoy la evidencia en contra es abrumadora. Insistir aún que con la prohibición se logrará paz y seguridad, es ignorar la historia. Se trata de una política discriminatoria que lastima primero a los pobres.
Profesora investigadora del CIDE
@cataperezcorrea