La palabra promiscuidad la define el Diccionario de la Lengua Española como Mezcla o confusión desordenada de cosas diversas, que a mi parecer aplica para la forma como los nuevos diputados de todos los partidos (al menos los principales) se pusieron de acuerdo tras bambalinas -como en el teatro- durante la semana pasada, para alcanzar mayoría en una votación conforme a las señales que mandaba el gobernador Carreras a través de su representante oficioso Juan Ramón Nieto Navarro. Ahora que el ejecutivo estatal ya no cuenta con la sumisa mayoría priista en el congreso, los ciudadanos presentes en la sala del pleno, vimos como los coordinadores de los distintos partidos se ocultaban para ir a “ponerse de acuerdo” una vez que la presidenta del congreso, la panista Sonia Mendoza Díaz declaró un receso, durante el cual la propia presidenta, y los diputados Eugenio Govea y Cándido Ochoa, “coordinaron” con los principales grupos para asegurar la votación que el gobernador quería. Este nuevo escenario político permite preveer, que en lo que resta del sexenio carrerista y de la LXII legislatura, se seguirán dando este tipo de acuerdos entre partidos que históricamente habían sido adversarios, pero que ahora empezarán a “concertarse” para formar mayorías por intereses partidistas o personales, no por el Bien Común de los potosinos de todo el estado.
El sigilo, el ocultamiento, la oscuridad, la opacidad, es el ambiente natural en el que se incuban los delitos. Es también el ambiente que favorece la perpetración de los grandes desvíos, peculados, transas y malversaciones que han facilitado durante muchos años la corrupción y la impunidad que nos tienen a los mexicanos hasta la madre. ¿Porqué tiene la Junta de Coordinación Política del congreso del estado que sesionar a puertas cerradas sin tener asuntos en los que la ley específicamente les faculta para ello? Viene esto a colación porque en las primeras sesiones de la legislatura que recién empieza, los ciudadanos que acudimos al congreso para exigir que los diputados cancelaran o anularan la decisión de último minuto de la legislatura saliente autorizando al gobernador a cubrir adeudos al ISSSTE por una suma del orden de 1225 millones de pesos con cargo a las participaciones a los municipios del estado durante un periodo de 10 años, los diputados se reunieron en privado para acordar el voto que pedía el gobernador, sin dar explicaciones del motivo por el que se había conformado ese enorme adeudo. Y, claro! Tampoco sin fincar responsabilidades del mismo a nadie, sino mas bien, haciéndolo pagar a los 58 municipios del estado quitándoles parte de sus Participaciones. ¡Muy cómodo arreglo! Cargarle las pulgas al perro más flaco, diría la voz popular.
CONTRALORÍA Y COORDINACIÓN DE FINANZAS DEL CONGRESO
PREGUNTA: ¿No hay en San Luis Potosí otros contadores o profesionales de otras ramas, honora bles y sin antecedentes en el servicio público y que no hayan formado parte del sistema corrupto, caduco que ya decidimos los mexicanos dejar atrás, y que puedan ser merecedores de cargos tan importantes y delicados como son el de Contralor Interno y el de Coordinador de Finanzas del Congreso Estatal? ¿Porqué traen al congreso a funcionarios del sexenio torancista que NO se caracterizó por su transparencia y rectitud, y que fue un gobierno opaco y mediocre?
Creo que es mérito de todos los miembros del Frente Ciudadano Anticorrupción -FCA-y de los de Ciudadanos Observando entre otras agrupaciones empresariales y no gubernamentales, por haber logrado la renuncia del contralor del congreso, el C. P. Jesús Conde Mejía, designado por quien sabe quién, pero que no contaba con el consenso amplio de los potosinos. Falta ahora la de la señora Marta Zúñiga Barragán por ser ambos funcionarios provenientes del gobierno torancista, que se caracterizó por sus manejos turbios y por el gasto dispendioso y exagerado de la esposa del gobernador, quien derrochó recursos del DIF sin que se le hubieran fincado responsabilidades.
Este funcionario, fue integrante de un régimen político que durante todo el siglo pasado y los últimos años del presente, se caracterizó y fue reconocido a nivel mundial, vergonzosamente, como uno de los más corruptos del mundo, en el que el poder político se usó exclusivamente para el enriquecimiento de presidentes, secretarios, gobernadores, diputados, senadores y una caterva de altos funcionarios en los gobiernos locales y federales. También se usó el poder político para encubrir todas esas fechorías, practicando el principio de “Tapaos los unos a los otros”, asegurando que en los remplazos sexenales o trianuales, el entrante le cubría las espaldas al saliente, y así la impunidad quedaba asegurada. Por ello cabe la pregunta de arriba de que si Conde y Zúñiga formaron parte importante de dicho sistema político viciado, no se pueden encontrar otros profesionista capaces, sin antecedentes que los liguen a ese sistema obsoleto?
Los funcionarios que delinquen, no dejan recibo firmado de la fortuna que amasaron. El ladrón, el asaltante, no le entrega a su víctima un documento que compruebe su delito. La malversación y el saqueo del erario público en los tres niveles de gobierno en todo el país, durante casi todo el siglo pasado y buena parte del presente han sido el patrón de conducta de muchos altos funcionarios de gobierno que han formado fortunas cuantiosas que con frecuencia son exhibidas sin recato en mansiones, yates, viajes de placer a los lugares más costosos, exhibición de pulseras y relojes de oro macizo que lucen muchos políticos, sus familiares y sus queridas. Y nunca pasó nada.
Que sepamos nosotros, hasta la fecha no existe un solo alto funcionario preso por corrupción en ninguna cárcel del país, salvo quizás algunos altos funcionarios priistas del gobierno del prófugo César Duarte que fueron sometidos a proceso penal y sentenciados por juez competente, con todas las pruebas de sus peculados en Chihuahua y hoy purgan cárcel.
El sigilo, el ocultamiento, la oscuridad, la opacidad, es el ambiente natural en el que se incuban los delitos. Es también el ambiente que favorece la perpetración de los grandes desvíos, peculados, transas y malversaciones que han facilitado durante muchos años la corrupción y la impunidad que nos tienen a los mexicanos hasta la madre. ¿Porqué tiene la Junta de Coordinación Política del congreso del estado que sesionar a puertas cerradas sin tener asuntos en los que la ley específicamente les faculta para ello? Viene esto a colación porque en las primeras sesiones de la legislatura que recién empieza, los ciudadanos que acudimos al congreso para exigir que los diputados cancelaran o anularan la decisión de último minuto de la legislatura saliente autorizando al gobernador a cubrir adeudos al ISSSTE por una suma del orden de 1225 millones de pesos con cargo a las participaciones a los municipios del estado durante un periodo de 10 años, los diputados se reunieron en privado para acordar el voto que pedía el gobernador, sin dar explicaciones del motivo por el que se había conformado ese enorme adeudo. Y, claro! Tampoco sin fincar responsabilidades del mismo a nadie, sino mas bien, haciéndolo pagar a los 58 municipios del estado quitándoles parte de sus Participaciones. ¡Muy cómodo arreglo! Cargarle las pulgas al perro más flaco, diría la voz popular.
CONTRALORÍA Y COORDINACIÓN DE FINANZAS DEL CONGRESO
PREGUNTA: ¿No hay en San Luis Potosí otros contadores o profesionales de otras ramas, honora bles y sin antecedentes en el servicio público y que no hayan formado parte del sistema corrupto, caduco que ya decidimos los mexicanos dejar atrás, y que puedan ser merecedores de cargos tan importantes y delicados como son el de Contralor Interno y el de Coordinador de Finanzas del Congreso Estatal? ¿Porqué traen al congreso a funcionarios del sexenio torancista que NO se caracterizó por su transparencia y rectitud, y que fue un gobierno opaco y mediocre?
Creo que es mérito de todos los miembros del Frente Ciudadano Anticorrupción -FCA-y de los de Ciudadanos Observando entre otras agrupaciones empresariales y no gubernamentales, por haber logrado la renuncia del contralor del congreso, el C. P. Jesús Conde Mejía, designado por quien sabe quién, pero que no contaba con el consenso amplio de los potosinos. Falta ahora la de la señora Marta Zúñiga Barragán por ser ambos funcionarios provenientes del gobierno torancista, que se caracterizó por sus manejos turbios y por el gasto dispendioso y exagerado de la esposa del gobernador, quien derrochó recursos del DIF sin que se le hubieran fincado responsabilidades.
Este funcionario, fue integrante de un régimen político que durante todo el siglo pasado y los últimos años del presente, se caracterizó y fue reconocido a nivel mundial, vergonzosamente, como uno de los más corruptos del mundo, en el que el poder político se usó exclusivamente para el enriquecimiento de presidentes, secretarios, gobernadores, diputados, senadores y una caterva de altos funcionarios en los gobiernos locales y federales. También se usó el poder político para encubrir todas esas fechorías, practicando el principio de “Tapaos los unos a los otros”, asegurando que en los remplazos sexenales o trianuales, el entrante le cubría las espaldas al saliente, y así la impunidad quedaba asegurada. Por ello cabe la pregunta de arriba de que si Conde y Zúñiga formaron parte importante de dicho sistema político viciado, no se pueden encontrar otros profesionista capaces, sin antecedentes que los liguen a ese sistema obsoleto?
Los funcionarios que delinquen, no dejan recibo firmado de la fortuna que amasaron. El ladrón, el asaltante, no le entrega a su víctima un documento que compruebe su delito. La malversación y el saqueo del erario público en los tres niveles de gobierno en todo el país, durante casi todo el siglo pasado y buena parte del presente han sido el patrón de conducta de muchos altos funcionarios de gobierno que han formado fortunas cuantiosas que con frecuencia son exhibidas sin recato en mansiones, yates, viajes de placer a los lugares más costosos, exhibición de pulseras y relojes de oro macizo que lucen muchos políticos, sus familiares y sus queridas. Y nunca pasó nada.
Que sepamos nosotros, hasta la fecha no existe un solo alto funcionario preso por corrupción en ninguna cárcel del país, salvo quizás algunos altos funcionarios priistas del gobierno del prófugo César Duarte que fueron sometidos a proceso penal y sentenciados por juez competente, con todas las pruebas de sus peculados en Chihuahua y hoy purgan cárcel.